En los últimos cinco años los separatistas catalanes han sido explícitos en marcar su agenda rupturista. Desde que en septiembre de 2012 pusieron en marcha el proceso para celebrar un referéndum ilegal hasta la sesión parlamentaria de este miércoles en la que se aprobó la ley de convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, Artur Mas primero y Puigdemont después jaleados por la CUP y Esquerra Republicana han ido dando pasos en la desobediencia y en el pulso al estado central, que ha ido contestando sistemáticamente con respuestas políticas de llamamientos al diálogo y la proporcionalidad. Su reacción más contundente ha sido delegar en el Tribunal Constitucional los desafíos de los separatistas.
27 de septiembre de 2012. El parlamento de Cataluña aprueba poner en marcha el procedimiento necesario para celebrar un referéndum ilegal de independencia.
El Gobierno reacciona amenazando con una "vía de defensa" para frenar el referéndum y advierte de que puede acudir al Tribunal Constitucional para anular la consulta ilegal si se convoca. En definitiva, contesta asegurando que tiene los "instrumentos" necesarios para parar los pies a Artur Mas, entonces el principal impulsor del proceso separatista.
23 de enero de 2013. El parlamento catalán aprueba una "declaración soberanista" como primer paso para separarse de España. En esa declaración dicen que Cataluña es un "sujeto político y jurídico soberano". Así, el Parlamento catalán da por iniciado el "proceso de autodeterminación", encaminado a la separación de Cataluña.
El Gobierno descartó recurrir al TC y dijo que estudiaría medidas políticas. "En la Constitución y en las leyes es dónde tienen que tener acomodo las aspiraciones de todos los españoles", afirmó el presidente, sin micrófonos delante. Finalmente, en mayo de 2013, merced a un recurso de la abogacía del Estado, el TC suspendió cautelarmente la declaración de soberanía. No fue hasta el 14 de marzo de 2014 cuando la declaró inconstitucional.
12 de diciembre de 2013. Haciendo caso omiso a la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional los representantes parlamentarios separatistas continúan con sus acciones políticas y siguen hablando de un referéndum.
El presidente del Gobierno dijo: que "Garantizo que la consulta no se celebrará"
27 de septiembre de 2014, con toda la ceremonia de la que era capaz, Artur Mas firmó el decreto de la consulta ilegal. Más dijo: ahora ha llegado el momento de ejercer el derecho a decidir.
Ese mismo día la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anuncia que ha iniciado los trámites para recurrir el decreto al Constitucional. Dos días después el TC admitía a trámite el recurso y quedaba suspendida la convocatoria. Mas suspendía el referéndum y lo transformaba en una consulta no vinculante o proceso participativo.
4 de noviembre 2014. El TC, previo recurso del Gobierno, también declara inconstitucional la consulta.
6 de octubre de 2014. La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría acompaña a Juan Luis Cebrián en la inauguración de El País.cat en Barcelona. En aquella presentación, Sáenz de Santamaría pedía "diálogo fraternal" en Cataluña.
9 de noviembre de 2014. Se celebra finalmente la consulta. Poco después de la celebración de la consulta, el Fiscal General del Estado presentó una querella por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones contra el Presidente Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la Consejera de Educación Irene Rigau.
Mariano Rajoy hizo unas declaraciones en las que negaba que se hubiera producido consulta alguna: "Tan pronto se anunció la celebración de un referéndum en Cataluña les dije que ese referéndum no se celebraría y, como todos saben, no se ha celebrado. Eso es lo primero que quiero dejar claro: no ha habido consulta. En lugar de eso hemos asistido a un simulacro electoral".
11 de junio de 2015. El Tribunal Constitucional se pronunció y declaró inconstitucionales los actos impugnados por el gobierno, destinados a la realización del "proceso participativo" por parte de la Generalidad de Cataluña.
Mas convoca elecciones plebiscitarias para el 27 de septiembre de 2015. Fue su final, ya que el resultado otorgaba suficiente poder a la CUP para sacarle del Gobierno. Entra en escena Puigdemont.
27 de octubre de 2015. Un día después de la constitución del nuevo parlamento, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de declaración en la que insta a "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república"
Rajoy contestó intentando mostrar firmeza: optó por endurecer el tono manteniendo intacto el fondo. Esto es: "Quienes quieran dividir tendrán enfrente al Gobierno" con "todos" los mecanismos legales.
6 de octubre de 2016. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la cual se instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, a más tardar, en septiembre de 2017
El PP reaccionó ofreciendo diálogo a Puigdemont.
3 de noviembre de 2016. El Tribunal Constitucional aprueba sin unanimidad la reforma aprobada merced a la mayoría de la que gozaba el PP antes del final de la primera legislatura de Mariano Rajoy, para dotar al alto tribunal de capacidad para ejecutar sentencias y sancionar a las autoridades que desobedezcan sus resoluciones. De este modo, Rajoy delegaba en el TC funciones ejecutivas atribuidas a la labor de gobierno.
25 de febrero de 2017. El portavoz del grupo parlamentario de CDC y ERC, Jordi Turull, acusaba al Tribunal Constitucional de golpista recordando el 23-F. Dos días después, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría acudía a Barcelona con motivo del congreso mundial de telefonía móvil acompañando al Rey Felipe VI. Allí, se fotografió muy sonriente con Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad, que la sujetaba por los hombros en actitud cercana y cariñosa.
9 de junio de 2017. Se oficializó la celebración del Referéndum sobre la independencia de Cataluña en un acto celebrado en conjunto por el Gobierno y los diputados separatistas.
Ese mismo día, desde el Gobierno no aclaran cómo impedirán el referéndum. Dicen que el anuncio de los separatistas "no se traduce en nada" y advierten de que Rajoy recurrirá cualquier actuación que "pase del anuncio a los hechos". "El referéndum no se va a celebrar", decía aquel viernes el portavoz del Gobierno Méndez de Vigo.
6 de septiembre de 2017. Tras un esperpéntico pleno en el parlamento catalán, los partidos separatistas dan forma al golpe aprobando la ley de referéndum del 1 de octubre y el decreto de convocatoria de la consulta. También aprueban la admisión a trámite de la ley de transitoriedad para iniciar la ruptura con el resto de España después del 1 de octubre.
Fue Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de administraciones territoriales la encargada de dar la respuesta. En una solemne rueda de prensa dijo que la democracia había "muerto en Cataluña" y lo remitió al Tribunal Constitucional.