El pasado 7 de septiembre, el secretario de Estado para las administraciones territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, remitió una carta a los secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes tras la aprobación por parte del Parlamento autonómico de la ley de referéndum y la petición de Carles Puigdemont a los consistorios para que colaboren con la consulta. "Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional obliga a desatender dicha exigencia", les recordó por escrito.
Tras esa carta, a Moncloa han llegado muchas respuestas por parte de los consistorios. Unos asegurando que acatarán el mandato del Alto Tribunal, otros negándose e incluyendo insultos y otros solicitando ayuda al Gobierno ante las presiones que están recibiendo. A estos últimos, el Ejecutivo ha remitido informes y documentación para que los responsables municipales se carguen de razones ante cargos políticos y vecinos en el momento de negarse a dejar sus espacios públicos.
En este sentido, en el Gobierno se mostraron convencidos de que los funcionarios "no se jugarán su puesto" y acabarán cumpliendo con la legalidad. Si bien, preocupan los "interinos" que "han sido colocados a dedo" por la Generalidad.
Precisamente, en un acto del PP en Zaragoza, uno de los mensajes clave de Mariano Rajoy fue dirigido a los regidores catalanes. "Tienen detrás a mucha gente y al Estado", les trasladó. "Cumplir la ley les dará tranquilidad a ellos y a la inmensa mayoría de sus vecinos", destacó.