Baltasar Garzón, el exjuez que fue condenado e inhabilitado por prevaricación cuando montó de forma ilegal escuchas entre detenidos en una de sus causas y los abogados que los representaban, tercia este martes en El País en la cuestión del referéndum ilegal del 1-O.
Lo hace, como es lógico, desde el punto de vista jurídico con un largo y lamentablemente escrito que publica el diario de Prisa a toda página con el título ¿Quo vadis, Maza?
En él, Garzón pone en duda que la Audiencia Nacional tenga competencias para juzgar delitos de sedición o rebelión y también duda de que alguno de estos tipos penales se estén infringiendo en Cataluña. También critica otras decisiones como que se llame a declarar a 700 alcaldes "por el hecho de haber firmado un documento en el que anuncian que prestarán locales para la votación del 1-O".
Según Garzón, Maza ha obviado los principios de "intervención mínima" y "proporcionalidad" y ha iniciado una "acción expansiva y preventiva que puede contribuir a una cadena de reacciones de imprevisibles consecuencias".
Lo peor, no obstante, es que Garzón defiende que "el Gobierno hace un uso abusivo de las instituciones estatales y específicamente de la justicia, cercenando los principios de independencia e imparcialidad" y que lo hace nada más y nada menos que para, atención, tapar la corrupción:
No sé si el Ejecutivo es consciente de que una vez que la justicia comienza a rodar, no puede pararse. El arrepentimiento posterior no la frena. Ni la política, ni el debate. Y si nuestros ministros y nuestro presidente son conscientes de ello, habrá que pensar en que quizás este despliegue de acciones es la cortina de humo que oculta algo que alguien desea que no se vea. Hablo de la corrupción sobre la que apenas leo noticias últimamente aunque me consta que en sede judicial se continúa trabajando con afán. Quizás por esa razón no se negocia, quizás por eso nos llevan inevitablemente a la batalla.
Lo más significativo del artículo, no obstante, es el momento en que se entrevé el interés oculto por el que el juez condenado se muestra tan duro no sólo con el Gobierno sino con el fiscal Maza. Es cuando, entre las fuentes que cita para respaldar su posición, se cuela una referencia a "un auto del pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que sin duda le es familiar porque consta en la causa seguida contra mí por investigar los crímenes franquistas, de lo que se me absolvió en sentencia de 27 de febrero de 2012, a la que usted hizo un voto particular, pidiendo mi condena".