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El hundimiento catalán: las empresas huyen y la ANC llama a la movilización "popular"

La CUP y ERC exigen a Puigdemont que se inmole, proclame la república catalana y convoque elecciones constituyentes este martes.

(Barcelona)
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El hundimiento catalán: las empresas huyen y la ANC llama a la movilización "popular"
Reunión de la mesa del Parlamento catalán | EFE

Fuga de empresas y relevo de los Mossos en todas las tareas de custodia y seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La farmacéutica Grifols, cuyo máximo accionista pidió hace un par de años a Artur Mas que no se arrugara ante el Estado y el Reino de España, anuncia que "en el hipotético supuesto de que la actual situación derivase en un nuevo escenario que pudiese afectar el curso normal de los negocios o de la situación financiera de la compañía, el consejero acordaría las medidas necesarias". Víctor Grifols le tiene reservado un puesto honorífico y estupendamente remunerado a Mas en sus oficinas norteamericanas. No está claro si en los Estados Unidos o en la división canadiense. Por lo demás, la patriótica empresa catalana paga impuestos en Irlanda, no en la Agencia Tributaria de Oriol Junqueras.

Confirman su marcha Abertis, Adeslas, Cellnex, inmobiliaria Colonial, MRW, Cervezas San Miguel, Torraspapel y Gaesco, en cuyo consejo de administración se sienta un vicepresidente de la combativa Òmnium, el señor Joan Maria Vallvé Ribera. Hay más. El grupo del Cola Cao y la Nocilla, como Grifols, espera a la consumación del acto independentista catalán para pulsar el botón de la deslocalización. Las empresas medianas también se van. Miles de firmas colapsan los despachos de abogados, así como inversores, rentistas y ahorradores. Las embotelladoras de refrescos hace ya tiempo que huyeron con excusas sobre la globalización, así como las grandes fortunas, incluida la de Carles Vilarrubí, exchófer de Pujol, esposo de Sol Daurella y ahora exvicepresidente del Barça –que quería que el partido contra el Las Palmas que se jugó a puerta cerrada no llegara siquiera a celebrarse– y de la Banca Rothschild en España y Portugal.

Cambio de guardia en el TSJC

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ordena a la Policía Nacional sustituir a los Mossos en la custodia de la sede judicial. Según la Ley de Transitoriedad Jurídica de la Generalidad, tras la declaración de independencia el edificio se tiene que convertir en el Tribunal Supremo de Cataluña y ya hay un grupo de juristas, con el exmagistrado de ERC Santi Vidal –el que deslizó por error que la Generalidad había obtenido ilegalmente los datos de todos los catalanes– en la recámara, dispuestos a consumar el golpe en el plano judicial y tomar posesión de las instalaciones. A la cabeza de la maniobra, un exvicepresidente del Tribunal Constitucional, medalla al mérito constitucional y Gran Cruz de Isabel la Católica, Carles Viver Pi-Sunyer, inspirador de todas las "normas legales" implantadas por el Parlament y el Govern, referencia de la "arquitectura" legal del Estat Català.

Dadas las circunstancias y la actitud de los mandos políticos y policiales de los Mossos, con el consejero Joaquim Forn y el majorJosep Lluís Trapero como actores "pasivos" del alzamiento, Barrientos ha pedido auxilio a la Policía Nacional, que ya está al cargo de la sede judicial donde los Mossos se cuadraban ante los sediciosos durante el juicio del 9-N y cortaban las calles para facilitar la bullanga en las testificales de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros separatistas de la mesa, a quien también saludaban al estilo militar como autoridades catalanas.

Amenazas de muerte a jueces y fiscales

La desconfianza de jueces y fiscales respecto a los Mossos de la Generalidad es tan absoluta como fundamentada. Los magistrados y jueces han sido amenazados de muerte en las redes sociales, mirados con inquina por algunos de los agentes de los Mossos que pululan por sus pasillos, retados por sediciosos ante quienes los policías autonómicas no sólo mostraban un respeto marcial sino gestos explícitos de complicidad. La Policía Nacional tiene que hacer frente a una nueva encerrona, como en el 1-O, cuando se apuraron los tiempos de reacción de lo que se ha llegado a calificar de policía política de Puigdemont y privada de Trapero.

El caos es la norma en los órganos directivos del golpe contra la democracia en España. Puigdemont va por libre, Junqueras arremete contra el maximalismo de la CUP, Mas azuza a la ANC y observa con preocupación que la campaña solidaria para recaudar los fondos necesarios para pagar su fianza en el Tribunal de Cuentas no rompe el techo de los dos millones de euros cuando se necesitan más de cinco. Todavía les queda dinero robado del Fondo de Liquidez Autonómica, de las Diputaciones –encuadradas en las fuerzas golpistas–y de la práctica sistemática del 3% para los amigos y bastante más para los advenedizos, pero las empresas se van y los jueces, fiscales y autoridades del Estado que compartían con ellos los saraos institucionales empiezan a pedir protección policial ante la constatación de que el golpe ha pasado de las instituciones a la calle.

Comenzaron a verlo claro cuando el gobierno catalán y los ayuntamientos separatistas organizaron el acoso contra los policías nacionales y los guardias civiles albergados en hoteles de mala muerte repartidos por toda la región. Las entidades "cívicas", la CUP y los amedrentados alcaldes socialistas montaban rutas en autobús de subsidiados exaltados para dar conciertos de cacerola frente a las pensiones e incluso los domicilios particulares de policías y guardias civiles. De repente, Pineda de Mar y Calafell fueron como Idiazábal o Rentería en los años de plomo de la ETA.

Mediación flotador

Las barbaridades cometidas en nombre de la "democracia catalana" han sido tales y de tan calibre que los cabecillas del golpe contra el Estado de Derecho –Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, los comisarios políticos de la CUP, así como centenares de altos cargos, periodistas, empresarios como Jaume Roures, el holding Pujol-Ferrusfola, Oriol Soler, David Madí, rentistas de la CUP y ejecutivos exterrroristas de supermercados por la patria y el Bon Preu y Esclat (estallido en español) como el republicano Francesc Vendrell–, exigen llegar hasta el final para no perderlo todo en la esperanza de que una mediación internacional les salve parte del patrimonio acumulado durante años de adoctrinamiento, manipulación y corrupción.

Los Carulla y los Godó, al pie del cañón

Empresarios como los Carulla y los Godó no se mueven. Siguen financiando a los diarios del proceso, a las "instituciones culturales" del proceso y a las entidades separatistas del proceso en el convencimiento de que sus marcas más rentables, como la familiar Gallina Blanca o La Vanguardia, irán a la ruina si no se impone la delirante tesis de un mediador internacional entre un Estado democrático y un círculo privado de intereses comerciales cohesionado en torno al supremacismo y el odio a los consumidores de su mercado principal, los españoles.

Entre tanto, el PDeCAT (las nuevas siglas de la vieja Convergencia de Pujol, Mas y Puigdemont), ERC y la CUP debaten sobre las diferencias legales entre declarar o proclamar que la tierra es plana. La CUP y una gran parte de ERC presionan a la nueva guardia joven convergente para que hagan caso a sus líderes y den luz verde a la declaración unilateral. El consejero Santi Vila y la coordinadora y diputada convergente Marta Pascal se resisten, pero el panorama judicial de Mas, el del actual gobierno catalán en pleno y la parte separatista de la mesa del parlamento regional, anima a los sediciosos al todo o nada, en la línea del referéndum o referéndum.

Independencia o asamblea de electos

Este martes hay pleno. A las seis de la tarde está prevista una comparecencia de Puigdemont. La CUP y ERC quieren que proclame la independencia y ordene las fuerzas de seguridad de Cataluña que se adueñen de toda Cataluña, haciendas, empresas y depósitos de los ciudadanos incluidas Y que proclame un nuevo orden. Todavía no han determinado si las piernas les tiemblan más por las consecuencias judiciales o por las sociales de su ataque contra la democracia y la libertad en España.

Los mercados todavía no han registrado las cancelaciones de cuentas, pedidos e ingresos de los bancos y empresas que dieron carrete y cuartelillo financiero al procés. Ellos, en realidad, sólo querían el concierto vasco y censuran la nefasta gestión económica y golpista de Mas, Junqueras y Puigdemont, por este orden.

En los cenáculos empresariales catalanistas se constata el éxodo y se apuesta por la resistencia, el corralito y la autarquía mientras se guardan las fortunas a buen recaudo en bancos alemanes, franceses o andorranos. En TV3 se exhibe el caso de Eslovenia o de Eslovaquia, que no está claro. El soviet mediático catalanista se decanta por la "solución Kosovo". Los "moderados" sostienen que la declaración de independencia será retórica, sin consecuencias, como todos los pasos dados hasta ahora por el separatismo catalán. Los "auténticos" exigen una proclama contundente e irreversible. Puigdemont, alegan, tiene que declarar la independencia, aunque todavía no se haya hecho efectivo el control del territorio en Cataluña.

Grupos organizados de la CUP y ANC

CUP, Òmniun, ANC y los Comités de Defensa del Referéndum lo tienen todo dispuesto. Grupos de ciudadanos se reúnen en locales públicos para recibir instrucciones de los prebostes de la CUP. La histórica manifestación en favor de la libertad, de la convivencia y de España todavía no ha sido digerida ni reciclada por los golpistas. Los Mossos manifiestan su malestar por haber sido retirados del TSCJ. Dicen sus mandos que es injusto y que siempre han sido leales a las leyes.

No está claro lo que sucederá este martes. El frente de juventudes del PDeCAT pide echar el freno de mano ante el riesgo cada vez más evidente de heredar un partido no sólo endeudado hasta las trancas sino muerto, los inhabilitados, convergentes y republicanos, exigen llegar hasta el final. Dicen que lo arriesgan todo, pero la mayoría de sus bienes, fondos y propiedades ya están a salvo tanto del Estado como de la crítica situación económica que han generado.

Dicen que si el Gobierno aplica el 155 y no les deja entrar en el Parlament se constituirán en asamblea de electos en algún edificio histórico. Ya han localizado unos cuantos vacíos. Entre ellos, las fantasmales y cerradas dependencias del Gobierno Civil de Barcelona, al lado de la Estación de Francia, donde acabó el domingo la histórica revuelta de los silenciados. Serían senadores, alcaldes, concejales y diputados que no reconocerían los resultados de unas elecciones autonómicas. Ni siquiera participarían. Los reportes demoscópicos de última hora reflejan un naufragio del nacionalismo en todas sus versiones, del "moderado" Santi Vila, consejero de Empresa, a la diputada y concejala barcelonesa Eulàlia Reguant, que el jueves pasado reconocía que su interés principal no es el formato de la sesión parlamentaria de este martes sino el "control efectivo del territorio".

Frenesí político. La última hora destaca que las fuerzas sediciosas elaboran una proclamación de independencia light y sin votación, una especie de proclama aliñada con peticiones de mediación a la comunidad internacional.

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