Han pasado 10 días desde que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca ordenó a Méndez de Vigo, como responsable de Cultura del Gobierno catalán, que devolviera el Tesoro de Sijena y el Ministro sigue sin ejecutar la orden. A pesar de que el viernes pasado aseguró que sí había recibido la providencia del juez, pero que era un "tema muy controvertido" y tenía que estudiarlo, este viernes se escuda en que todavía no le ha llegado.
"Probablemente este sea el mundo en el que vivimos… Las providencias de los jueces llegan antes a los medios de comunicación que al destinatario y yo no la he recibido todavía", ha dicho Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros de este viernes. El portavoz del Gobierno se corrige a sí mismo, dado que la semana pasada aseguró que le había llegado el jueves, y trata de justificar con ello su pasividad. "Actuaré con diligencia -ha reiterado- pero tengo que tener la documentación para hacerlo, porque si no, caería en frivolidad o superficialidad".
Para el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, sin embargo, las explicaciones del hoy consejero de Cultura del Gobierno catalán no son más que "una burda excusa". Según Jorge Español, aunque fuese cierto que él no ha recibido personalmente la orden del juez todavía, quien ya la tiene en su poder desde hace días es el letrado de la Generalidad, letrado que, con el 155 en vigor, es también el letrado del Gobierno y, por tanto, el letrado del propio Méndez de Vigo. Es decir, que tal y como apunta el representante de Sijena, "si el Ministro quisiera actuar con esa diligencia que anuncia, podría hacerlo perfectamente".
En cualquier caso, el juez no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Este mismo miércoles, el magistrado dictó una nueva providencia en la que advertía de que si Méndez de Vigo no cumpliese lo acordado, él mismo procedería a recuperar el conocido como Tesoro de Sijena con la ayuda de la Policía Judicial y los técnicos del Gobierno de Aragón. Dicho Tesoro está formado por 97 obras de arte que, según sentencia, fueron adquiridas ilegalmente por la Administración catalana entre 1983 y 1994. A día de hoy, 44 de ellas continúan retenidas en el Museo de Lérida, como consecuencia del desacato continuado en el que lleva instalada la Generalidad desde hace más de dos años, al negarse sistemáticamente a cumplir las órdenes de los juzgados.