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La Junta y el PSOE, al banquillo por los ERE siete años después

Este miércoles comienza un juicio histórico para la Junta de Andalucía y el PSOE. Con los ERE se enjuicia el régimen socialista andaluz desde 1982.

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Siete años después del comienzo de la instrucción por parte de la juez Alaya, este miércoles se sentarán en las sillas de acusación del macrojuicio político de los ERE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los acusados principales, que han sido expresidentes de la Junta de Andalucía, pero también presidentes nacionales del PSOE. Por si fuera poco, ambos han sido ministros de Trabajo y Seguridad Social y, en el caso de Manuel Chaves, también exvicepresidente del gobierno de España y ministro de Política Territorial y Administración Pública.

Manuel Chaves González está incluido en la famosa foto de la tortilla de los comienzos del PSOE de Suresnes, en compañía de sus amigos Felipe González y Carmen Romero y otros compañeros del PSOE andaluz como Luis Yáñez, Carmeli Hermosín, Alfonso Guerra, su entonces compañera Carmen Reina, Isabel Pozuelo, Pablo Juliá, Josele Amores y algunos más: toda la historia del nuevo socialismo español desde 1974.

Además, hay que destacar la presencia de la ex ministra y ex consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, que llegó incluso a detentar una importante responsabilidad en la Unión Europea –vicepresidenta del Banco Europeo de Negocios– hasta su forzada dimisión, en junio de 2014, por su imputación en este caso.

Gaspar Zarrías, el siguiente encausado en importancia, ha sido un poder fáctico en Andalucía de una considerable dimensión política desde los tiempos de gobierno de José Rodríguez de la Borbolla. Siempre ligado a funciones de coordinación en la organización del PSOE andaluz y nacional y en la consejería de Presidencia, mano derecha de Chaves durante años, ha llegado a ser, incluso, presidente de la Junta en funciones.

Otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, algunos de ellos con cargos en el PSOE andaluz, se sentarán en las sillas de los acusados, liberados ya del tradicional banquillo. Dos son los de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, que fueron los firmantes del trascendente convenio marco con el que se dio amparo a las presuntas ilegalidades eludiendo el control de la Intervención. El primero fue delegado del gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE de Sevilla. El segundo, alto cargo de la Diputación de Cádiz y del PSOE gaditano.

Los otros dos son el de Innovación, Ciencia y Empresa, que lo fue además de Salud y de Obras Públicas y Transportes, el factótum del PSOE de Jaén, Francisco Vallejo; y la ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, amiga personal de José Antonio Griñán y mano derecha del mismo durante toda su etapa en la Junta de Andalucía.

Completan la lista de altísimos cargos de la Junta un ramillete de exviceconsejeros de la Junta: el exviceconsejero de Innovación Jesús R. Román; el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; y el exviceconsejero de Hacienda, José Salgueiro.

En la parte más baja de la tabla política, pero también muy alta en el organigrama de la Junta, está el muy famoso director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que fue el que bautizó como "fondo de reptiles" el dinero destinado a los ERE presuntamente irregulares y a su procedimiento administrativo. Destinado a ser "chivo expiatorio" se negó a ello dando lugar al proceso penal al que asistimos.

Le acompañan el ex director general de Trabajo, Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos, Antonio Lozano; los ex directores generales de IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; la ex secretaria general de Empleo, Lourdes Medina; el ex secretario general de Hacienda, Antonio Estepa; el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río; el ex secretario general de Empleo, J.F. Sánchez; el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez; el ex secretario general de Trabajo Javier Aguado.

De los 26 encausados iniciales en el auto de apertura del juicio oral emitido por el juez Álvaro Martín, encargado de esta pieza separada del caso ERE por la actual titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, sucesora de la juez instructora inicial Mercedes Alaya, han sido exculpados por la Audiencia Nacional el exdirector general de la agencia IDEA Antonio Valverde, el exdirector de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera; y el ex viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas. También fue exculpado el ex viceconsejero de Innovación, Gonzalo Suárez Martín.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

La Fiscalía ha llegado a pedir 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para 12 de los acusados, el principal de ellos, el ex consejero de Trabajo, José Antonio Viera. Para José Antonio Griñán y otros dos acusados pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. Para Chaves y otros seis procesados se pide 10 años de inhabilitación.

Textualmente, y restando los imputados exculpados por la Audiencia Provincial, la Fiscalía pidió lo siguiente:

III.- Responden criminalmente conforme al art. 28 del Código Penal,

del delito continuado de prevaricación como autores: Manuel Chaves González, José Antonio Griñán Martínez, Gaspar Zarrías Arévalo, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Magdalena Álvarez Arza, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Jesús Mª Rodríguez Román, José Salgueiro Carmona, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Antonio Estepa Giménez, Antonio Vicente Lozano Peña, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, y Francisco del Río Muñoz

y del delito continuado de malversación como autores: José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Jesús Mª Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete Rolloso.

Además, en el capítulo de Responsabilidades civiles, exige a los autores del delito de malversación una respuesta solidaria de devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa, por un total superior a los 741 millones de euros.

En España

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