El juez del Supremo Pablo Llarena ha solicitado nuevas diligencias en la causa por el procés hacia la independencia y planea estudiar, una vez tenga los resultados, si imputa a más personas, entre las que podría figurar la número dos de ERC en las elecciones catalanas, Marta Rovira.
En todo caso, fuentes del alto tribunal han informado a Efe de que las nuevas diligencias no se dirigen concretamente contra Rovira ni contra ninguna persona sino que, en principio, se limitan simplemente a pedir datos a la Guardia Civil.
La intención del juez es saber si hubo un concierto para la independencia entre los representantes de CDC, ERC y las asociaciones independentistas ANC y Ómnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia, y en qué actos concretos se plasmó ese supuesto plan. Además, quiere saber también si alguna de estas asociaciones ha sufragado dichos actos y conocer el papel que en todo ello hayan podido tener tanto las personas ya imputadas en la causa como otras, por ejemplo las que fueran miembros del llamado Comité Estratégico, del que según el documento EnfoCat formaba parte la citada Rovira, entre otros.
Siguiendo el hilo de EnfoCat
El documento denominado EnfoCat –que está siendo fundamental en la investigación de la causa– determinaba supuestamente la hoja de ruta a seguir tras la declaración de independencia y en él se hablaba de un comité estratégico formado por el presidente y vicepresidente del Govern, miembros de grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de ANC, Òmnium y Asociación de Municipios para la Independencia (AMI). El valor como prueba de este documento ha sido cuestionado por algunas defensas de los imputados.
Sin embargo, el juez quiere averiguar, siempre a partir de investigaciones de la Guardia Civil, si ese supuesto concierto incluía movilizaciones públicas y posibles actos violentos, y también si se han usado fondos públicos en dichos actos, caso de que se hayan llevado a cabo.
Así, exige investigar qué fondos públicos se han podido emplear en iniciativas anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como podrían ser campañas de diseño y promoción de vídeos promocionales del referéndum, carteles, papeletas, urnas, registro de catalanes en el extranjero y otras semejantes.
Pide también un informe "individualizado" y "secuencial" sobre posibles actos violentos cometidos en el contexto del proceso independentista. Y quiere saber, por ejemplo, qué hizo el consejero de Interior, Joaquim Forn, en tanto que responsable de las fuerzas de seguridad catalanas, en relación a todo lo anterior.
Por último, el magistrado reclama también al juzgado 13 de Barcelona, que ha instruido un sumario sobre hechos vinculados con la causa, diversas actuaciones que ha practicado en relación con el proceso secesionista.
El propio juez cita en su providencia los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación en los que podrían estar implicados los investigados en la causa u otros nuevos imputados.
La agenda del 'arquitecto' del 1-O
La Guardia Civil encontró durante los registros del 20 de septiembre un documento clave para evidenciar que los preparativos para la ruptura de Cataluña de España datan de hace dos años y fueron coordinados por responsables del Govern, políticos sin cargo público, líderes de las asociaciones independentistas y técnicos y asesores externos, según se detalla en una información publicada por El Mundo.
La agenda personal donde se amplía lo ya conocido en un informe anterior requisado por el Instituto Armado y conocido como EnfoCat corresponde a Josep María Jové, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalidad y uno de los 14 cargos del Gobierno de Puigdemont detenidos por un presunto delito de sedición.
En el documento, escrito de puño y letra por uno de los fontaneros del procés, recoge un listado de todos los que elaboraron la estrategia del desafío separatista. Entre ellos destacan Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los Jordis y Marta Rovira.
En el manuscrito interceptado se identifica a los responsables de una estrategia que gira en torno a una premisa concreta: "La única manera para que desde fuera presionen al Estado sobre el referéndum es que vayamos hasta el final", según queda escrito en una de las reuniones celebradas en febrero de 2016.
En uno de esos encuentros que tuvieron lugar entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 se da cuenta de la operativa para llevar al Estado al choque y forzar la intervención internacional en Cataluña.
En las distintas anotaciones se identifica en reiteradas ocasiones al expresidente catalán, Carles Puigdemont, al exvicepresidente, Oriol Junqueras, o los exconsejeros Carles Mundó y Raül Romeva. También participaron cargos públicos que abandonaron el Ejecutivo antes del 1 de octubre, como Neus Munté y Santi Vidal, o Joan Vidal de Ciurana, hombre de confianza de Artur Mas cuando era presidente.
Jové también tomó notas de reuniones en las que participaron diputados de los partidos independentistas como Marta Rovira y diversos miembros de la CUP como Anna Gabriel, Eulalia Reguant, Benet Salellas o Gabriela Serra, además de Artur Mas y Carme Forcadell.
Durante esos dos años, cuenta la información del diario de Unidad Editorial, Jové detalló un esquema de "la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia". En ella explica parte de los preparativos para el referéndum ilegal del 1-O, la creación de las estructuras de Estado como la Hacienda y Seguridad Social catalanas hasta la aprobación de las "leyes de desconexión" y cómo burlar los controles del parlamento catalán. Además, se describen los pasos previstos para "la estrategia de desobediencia" al Gobierno y a los jueces españoles.