Este miércoles comienza el que va a ser el "proceso" andaluz por antonomasia: el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes, seis exconsejeros y el resto exviceconsejeros, directores generales y secretarios generales de Consejerías varias.
La víspera del acontecimiento exhibe un panorama en el que el juzgado de instrucción, el Tribunal Supremo y la Fiscalía han visto indicios de delito en los acusados. Igualmente, detectó responsabilidades políticas la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz. Sólo PSOE y Junta defienden, aunque no siempre lo hicieron con esta intensidad, a los 22 procesados.
"Pepe, Susana nos ha matado"
En el libro Tiburones y delfines, del periodista andaluz Manuel Pérez Alcázar, se contó hace dos años con detalles nunca denunciados ni rectificados cómo Manuel Chaves percibió que Susana Díaz les había "matado".
Las palabras de Chaves, dirigidas a su ex amigo José Antonio Griñán fueron: "Pepe, Susana nos ha matado, es como si nos hubiese clavado un puñal". Fue la metáfora de criminalidad política de lo que había ocurrido y sus palabras marcaron un antes y un después en la relación de Susana Díaz con sus dos predecesores, especialmente con Manuel Chaves.
Lo que había ocurrido es que, en la carrera competitiva contra Pedro Sánchez por aparecer ante el electorado socialista, el externo y el interno, como adalides de la pureza, la moralidad y la transparencia democráticas, Susana Díaz había rebasado todos los límites del código ético socialista.
Mientras Pedro Sánchez se limitaba a exigir con "contundencia" las condiciones recogidas en el código ético aprobado por el PSOE, que sólo contemplaba la dimisión de los cargos de los imputados judiciales afiliados al PSOE en el momentoen que se fijaba fecha para el juicio oral, Susana Díaz dio un paso, decisivo, más. La lideresa socialista exigió públicamente a Chaves y a Griñán que dejaran sus cargos políticos sencillamente por haber sido imputados.
Lo explicó después tratando de culpar a Pedro Sánchez de la decisión. Según ella y su núcleo dirigente el culpable de que tuviera que exigirles el acta de diputado o senador cuando resultaron imputados fue Pedro Sánchez y su carrera por competir con el Partido Popular a ver quién eliminaba a más imputados de las listas.
El cabreo de Manuel Chaves fue monumental y venía de lejos, porque Susana Díaz y su antiguo amigo José Antonio Griñán, habían tratado de desmantelar, con éxito indudable, todo el aparato de poder construido por el veterano socialista en el PSOE andaluz. Griñán, sin embargo, amigo y mentor de Susana Díaz, fue menos agresivo con ella, aunque le tocó lidiar con una acusación muy seria que conlleva seis años de cárcel y muchos de inhabilitación.
"Me dejas al pie de los caballos"
El expresidente Chaves forzó a Susana Díaz a darle explicaciones personalmente y le dijo, según la misma fuente, "me dejas al pie de los caballos. Tus declaraciones eran innecesarias, ahora has puesto el punto de atención sobre nosotros y esto va a ser un escándalo". Y lo fue. Desde entonces ninguno de los dos ha asistido a acto alguno relevante de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, su ausencia fue notable el pasado día 4 de diciembre, conmemoración del 4D de 1977.
Susana Díaz combinó su posición pública sobre la honradez y limpieza en su partido con una estrategia de acusación particular en la instrucción del caso rayana en la comicidad. Por una parte, fueron constantes los desencuentros con la juez Alaya, instructora del caso, a la que se le opuso desde la Junta toda la resistencia posible.
Por otro lado, como se le recordó desde la oposición, más que defender el interés de los andaluces parecía defender los intereses del PSOE y sus "imputados". Ahora ya, sin embargo, a un día del juicio, Susana Díaz quiere aparecer con claridad como defensora de los expresidentes y los demás ex altos cargos.
La conducta de la Junta como acusación particular ante un agujero de 741 millones de euros de los ciudadanos andaluces ha sido tan escandalosa que incluso ha debido ser reconvenida en alguna ocasión por las autoridades judiciales de la propia Audiencia Provincial de Sevilla.
Al final, la Junta pidió el archivo de la causa "política" como hizo, y consiguió de la juez Núñez Bolaños, en la homónima pieza en el caso del fraude de la formación. Pero en el caso ERE pendía sobre el procedimiento el hecho de que el Tribunal Supremo, cuando fue requerido como el competente en el asunto, sí encontrase indicios de delito y se aprestase e pedir el suplicatorio de los diputados y senadores socialistas afectados.
La declaración judicial de la ex directora general de Trabajo del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Soledad Córdova, que fue aupada al puesto por José Antonio Griñán y mantenida en el mismo por Javier Arenas en 1996, ha dado alas a la Junta. Su testimonio abundó en la idea de que el comportamiento del Estado y de la Junta en casos similares habían sido idénticos y ajustados a una ley promovida por el propio Griñán en 1994.
Sin embargo, el resto de los actores del proceso judicial más importante de la historia reciente de Andalucía, sí han encontrado indicios de responsabilidad penal en los 2 acusados que se van a sentar en las sillas del juicio de este miércoles. Es el caso del juez instructor, Álvaro Martín, ayudante de la impulsora de la instrucción Mercedes Alaya y ayudante, asimismo, de la actual titular del Juzgado correspondiente, María Núñez Bolaños.
Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha encontrado indicios de prevaricación en todos los acusados y, además, de malversación de caudales públicos en bastantes de ellos. Es por ello, por lo que, por ejemplo, pide seis años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y ocho para el exconsejero y exdelegado del gobierno en Andalucía, José Antonio Viera. Para Manuel Chaves, sólo se piden penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Los actores políticos lo tienen muy claro desde el principio de la instrucción, hace ya más de siete años. El PP, que fue quien destapó el caso, ha ejercido como acusación particular y no entiende cómo un gobierno de la Junta al que se han defraudado irregularmente 741 millones de euros no encuentra motivo alguno para acusar a nadie.
Izquierda Unida ha considerado el caso ERE como "la máxima expresión de la política clientelar y subsidiaria del PSOE" y Podemos acusa al PSOE de no haber colaborado con la justicia durante la instrucción. Ciudadanos, por su parte, se ufana de haber sido el instigador de la "decapitación" política de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero apenas entra en el fondo de un asunto que no quiere que afecte a las relaciones con su socio de gobierno.