Importante revés para el Gobierno. Contra todo pronóstico, el Consejo de Estado respondió a Mariano Rajoy que, a su juicio, no existen fundamentos para impugnar de manera preventiva la candidatura de Carles Puigdemont. Así lo acordó este jueves por la tarde la comisión ordinaria del órgano que preside el popular Manuel Romay Beccaría. Su informe es "preceptivo pero no vinculante", según se encargaron de remachar fuentes del Ejecutivo. Y de ahí que Rajoy mantenga su intención de recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional la decisión de Roger Torrent de proponer a Puigdemont como candidato a presidente.
En un intento de adelantarse a los acontecimientos, Soraya Sáenz de Santamaría anunció por la mañana, en una comparecencia de prensa extraordinaria, el nuevo plan del Ejecutivo -contrario al expuesto un día antes- y explicó que ya se había dado aviso al Consejo de Estado a fin de poder ir al Constitucional este mismo viernes. El objetivo: "Suspender" la decisión Torrent bajo el argumento de que "el estatus jurídico" de Puigdemont es "incompatible" con su comparecencia en la Cámara.
"El señor Torrent debería de haber tenido presente que Puigdemont no puede entrar en territorio español sin hacer efectiva la orden de detención", expuso la vicepresidenta, por lo que -argumentó- no se dan "las circunstancias" que permitirían "una investidura presencial". Puso de relieve la "insólita" circunstancia de que el presidente de la Cámara tuvo que "evacuar consultas" con Puigdemont "ni más ni menos que en Bruselas" ya que "está huido de la Justicia". Y remató: "No puede proponerle como candidato, puede proponer a otro".
Una tesis que no compartió el Consejo de Estado, que por primera vez no siguió los pasos marcados por el Ejecutivo ante el pulso separatista. Según su informe, no es posible presentar recursos ante el TC de manera preventiva, cuando todavía no se sabe siquiera si el político prófugo se presentará en la Cámara para su investidura o no. Pese a ello, Rajoy ha dado orden de seguir adelante y el recurso se abordará en el Consejo de Ministros de este viernes.
Además, el Gobierno también hizo una "consulta potestativa" al Consejo de Estado para dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia, si el hecho de que eso lo admitiera la Mesa del Parlament podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC, y sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional. En este caso, el órgano sí respalda las tesis del Ejecutivo: el voto debe ser presencial y no telemático ni a través de otras personas.
Ciudadanos queda al margen
La polémica también vino dada por la falta de comunicación del bloque constitucionalista a la hora de tomar la decisión. Las medidas, al margen de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, solo fueron comunicadas a aquellos grupos "que se habían interesado", según Moncloa, y que fueron "el PP y el PSOE". En este sentido, en Ferraz se apresuraron a informar de que Rajoy y Pedro Sánchez hablaron recientemente sobre ello. "El PSOE apoya las medidas puestas en marcha por el Gobierno", explicaron.
Ciudadanos quedó completamente al margen.Fuentes del partido naranja aseguraron que "no hay problema" porque "ya nos habíamos mostrado favorables". Pero lo cierto es que el desplante del Ejecutivo se produce en un clima de gran tensión y después de que los de Albert Rivera cancelasen, el pasado día 19, una reunión sobre los Presupuestos, que se iba a producir el próximo martes. Un hecho por el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se quejó públicamente en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso del miércoles, mientras que el portavoz en la materia de Ciudadanos, Francisco de la Torre, le replicó que "desde septiembre" no tiene noticias del Gobierno, informa Mariano Alonso.