La rotundidad con la que Mariano Rajoy negó la utilización del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para sufragar de alguna manera el referéndum ilegal del 1 de octubre parece desvanecerse. El miércoles, en la primera sesión de control del año, el presidente se enfadó por la pregunta de Albert Rivera, y proclamó: "Ni un solo euro". Un día más tarde ya no fue tan rotundo y, este viernes, su portavoz admitió que "podría suceder que hubiera unas facturas no contabilizadas" usadas fraudulentamente por la Generalidad.
Dicho esto, Íñigo Méndez de Vigo reiteró que el Gobierno "no tiene constancia alguna de que haya sucedido" y enfatizó que se establecieron controles "rígidos" y "serios". Pero el juez de Barcelona que investiga la organización del referéndum ilegal cree que el Gobierno catalán utilizó dicha herramienta de auxilio económico para sufragar los gastos del golpe separatista. Y ahora el Ejecutivo admitió que "al 100%" no puede estar seguro, aunque no tiene "ninguna información" al respecto.
De hecho, en línea con Rajoy, el portavoz reclamó que "si alguien tiene constancia de ello", que lo ponga en conocimiento de la Justicia. "Si se ha producido, agradezco que alguien me dé la factura que demuestra que eso ha tenido lugar, en cuyo caso rectificaré y diré que, evidentemente, aquí ha habido un fraude", afirmó el presidente en el Foro ABC. Y añadió: "A ver si todos tenemos un poco de buena fe".
Presidencia simbólica de Puigdemont
También sobre Cataluña, Méndez de Vigo aseguró que plantear una presidencia simbólica y a distancia para Carles Puigdemont es otra "pirueta" sin base jurídica y pidió una vez más al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que haga otra ronda de contactos y proponga un candidato legal, reclamación que le parece "mentira" tener que hacer.
"Tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y acomodarnos a lo que hay", recomendó Méndez de Vigo, recordando que ningún 'land' alemán o territorio europeo similar a una comunidad autónoma española tiene una presidencia simbólica, informa EFE.
A su juicio, una propuesta de este tipo "perturba además" la credibilidad de las instituciones catalanas, que necesitan de un gobierno con plena capacidad de funcionamiento. Sobre quién deba encabezarlo, Méndez de Vigo no opinó porque es una decisión de los grupos parlamentarios, siempre que elijan a una persona que esté dentro del marco dibujado por el Tribunal Constitucional. Y eso, subrayó, es lo verdaderamente importante para desatascar la situación.