El referéndum del 1-O, la proclamación de la república, el asedio a la comitiva judicial en la consejería de economía del 20 de septiembre y la huelga de "país" del 3 de octubre fueron actos "simbólicos", expresiones de la "libertad de expresión" a la catalana, notas a pie de página del mandato democrático del referéndum ilegal, puro postureo que debía dar paso a unas simples elecciones, autonómicas, por supuesto.
Las declaraciones en el Tribunal Supremo de Marta Rovira, número dos de ERC ungida por el preso Oriol Junqueras como candidata a presidir la Generalidad postautonómica, no dan pie a dudas. Rovira, que exigía las urnas, la independencia, la república y todo lo demás, ha declarado ante el magistrado Pablo Llarena, que nada iba en serio, que incluso ella le pidió a Puigdemont que parara el referéndum ilegal cuando percibió la "violencia policial", al mediodía del día de autos.
Una de las heroínas de la república ha convertido la votación, la proclamación y el día después de la república en simples actos políticos sin consecuencias de ningún tipo, mucho menos jurídicas. Simple estrategia preelectoral. Eso sí, la republicana Marta Rovira no escatimó detalles para inculpar a Puigdemont, que se habría negado a cancelar el 1-O sobre la marcha a pesar de sus peticiones. Rovira pensaba que el Estado consentía, que aquello era un nuevo 9-N de 2014, un golpe de Estado sin repercusiones. A la que percibió que no se trataba exactamente de lo mismo, corrió a poner freno al acto soberano y a plegarse ante el Estado, pero el fugado en Bélgica impidió la marcha atrás. Tras deponer en el Supremo que la república era una filfa, se fue a la prisión de Estremera para hablar con su líder, Oriol Junqueras, y con el jefe de los Mossos durante la asonada, el convergente Joaquim Forn.
A favor de las elecciones
Más o menos lo mismo dijo Marta Pascal, la coordinadora general del PDeCAT, el partido heredero de la tumefacta Convergencia. De hecho y según su versión, Pascal era partidaria de cancelar el referéndum y la declaración unilateral de independencia y convocar a cambio elecciones autonómicas. Ya no es diputada, por lo que ni la acusación ni el fiscal han pedido medidas cautelares, a diferencia de Rovira, que deberá abonar sesenta mil euros en los próximos días para ratificar su libertad provisional.
El calendario del Supremo condiciona las negociaciones para la investidura y el gobierno de la Generalidad. 'Las Martas' se han sometido, según la jerga separatista, a los poderes del Estado. Nada fuera del guión de las defensas, pero un par de palmos más allá de la doctrina separatista a la que se ciñó la exdiputada de la CUP Mireia Boya en declaraciones públicas. El paso por el Tribunal Supremo confirma las posiciones separatistas. El entorno de Puigdemont, Junts per Catalunya, y la CUP, mantienen el choque con el Estado; ERC y lo que queda de Convergencia se etiquetan como pragmáticos. Quieren formar un gobierno autonómico que levante la aplicación del artículo 155 mientras que los "legitimistas" de Puigdemont, mezcolanza de nacionalistas acorralados y antisistema, abogan por la confrontación absoltuta.
En el ínterin, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pide audiencia al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. La respuesta es de carril. Torrent dice que no reunirá con el valido hasta que no le reciba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El papel de ERC
ERC está por la labor de torpedear la investidura de Puigdemont, pero rechaza el efusivo apoyo del Gobierno. Quiere eliminar al expresidente de la Generalidad para continuar con el golpe de Estado, pero que la extirpación de Puigdemont parezca un accidente. Lo mismo ocurre con el partido del expresidente catalán. La tesitura abunda en la opción de repetir las elecciones. Puigdemont "resiste" en la mansión de la Generalidad en Waterloo. Prepara una suerte de capitulación, pero requiere el mando supremo del golpe de Estado, la abdicación de la ERC del preso Junqueras y voto de calidad en los nombramientos del nuevo ejecutivo. Entre tanto se entretiene con las retractaciones de sus "socios" de ERC en sede judicial.
El último informe de los letrados de "Parlament" sobre el supuesto "tiempo muerto" decretado por Torrent le da carrete para mantener el pulso con el Estado sin tener que pasar por el Supremo. Las declaraciones de Rovira y Pascal ante Pablo Llarena no facilitan el crédito de un acuerdo separatista de investidura, pero estaban descontadas. Los negociadores nacionalistas siguen enfrascados en arbitrar un pacto para engañar al Estado, un doble gobierno liderado por Puigdemont y formado por no investigados que mantengan el órdago.