Enfado en el Gobierno con Suiza por el caso de Anna Gabriel. En Moncloa no entienden la "reacción desmedida" del departamento de Justicia del país, avanzando que rechazará la extradición de la dirigente política independentista por "delitos políticos". "En España no hay delitos políticos", zanjó Rafael Catalá. "La petición de extradición que eventualmente pueda solicitarse siempre será por delitos ordinarios de nuestro Código Penal, que es similar al de democracias europeas", añadió en declaraciones a El País.
En este sentido, fuentes del Ejecutivo reconocieron su "extrañeza" por el raudo movimiento de Suiza, dejando en evidencia a sus ministros de Justicia e Interior, que no previeron "ninguna dificultad" si el magistrado del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena emite una orden internacional. "No se ha tramitado ni la orden", se quejaron en Moncloa, no sin constatar "la intoxicación" independentista, que en este caso "ha podido funcionar".
"Puede que también nos la estén devolviendo por Falciani", sugirieron algunas fuentes gubernamentales. Cabe recordar que Hervé Falciani fue detenido en Barcelona en 2012 por una orden internacional que Suiza lanzó en su contra, pero la Audiencia Nacional rechazó esa petición.
Ahora, el Ejecutivo ha pedido un informe a la embajada española en el país helvético sobre la situación y cómo proceder llegado el caso. No ha habido contacto oficial con el Gobierno federal ni queja formal. "Ya veremos", contestó Alfonso Dastis sobre si las relaciones se verán afectadas. En el momento en el que Llarena mueva ficha, se tomarán las decisiones oportuna. "Hay que ir con pies de plomo", explicaron las citadas fuentes.