La Fiscalía alemana comparte el criterio con su homóloga en España. La delegación del Ministerio Público en Schleswig-Holstein, el Estado al norte que retiene a Carles Puigdemont, ha aceptado la solicitud de extradición en los términos acordados por el juez Pablo Llarena. Se pronuncia favorablemente sobre la entrega del expresidente catalán para que sea juzgado en nuestro Tribunal Supremo por delitos de rebelión y malversación, que han encontrado equivalencia en el Código Penal teutón.
La iniciativa pasa ahora al Tribunal superior del Estado, que dispone de un plazo de 60 días prorrogable otros 30 más para resolver la reclamación de Llarena. El equipo jurídico de Puigdemont alargará el procedimiento optando por la vía de los recursos.
El Ministerio Fiscal alemán ha pedido el mantenimiento en prisión provisional del expresidente ante el evidente riesgo de fuga: "La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos", recoge en el documento haciendo propios los argumentos del auto de procesamiento del Tribunal Supremo. Sostiene que el delito de rebelión encuentra su equivalencia en el de alta traición que recoge el Código Penal alemán: "No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles", zanja en este sentido la Fiscalía, añadiendo en línea con Llarena que las fuerzas policiales españolas advirtieron que, tras los enfrentamientos violentos del 20 de septiembre de 2017 entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil, era de esperar una escalada de la violencia el 1-O.
El magistrado que ha instruido la causa en España cuenta con el respaldo total de sus tesis en el comunicado del Ministerio Público alemán. Por ejemplo, en el hecho de que Carles Puigdemont mantuvo el referéndum ilegal pese a las advertencias y comprometió a la policía autonómica en la cobertura del evento. Ocurre de igual manera con el tipo de malversación de caudales públicos.
Puigdemont fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo, poco después de cruzar la frontera de Dinamarca. El juzgado de instrucción de la ciudad de Neumünster ordenó su ingreso en prisión preventiva al apreciar riesgo de fuga, puesto que el expresidente viajaba a Bélgica, donde fijó su residencia después de huir de España el pasado mes de octubre. Creía que la respuesta de la Justica belga a la euroorden del juez Llarena podría ser más favorable que en otros países.
El Gobierno de Angela Merkel se ha desvinculado de la cuestión porque corresponde estrictamente al ámbito jurídico. Por su parte, la Mesa del Parlamento catalán ha aprobado la delegación de voto del expresidente. La Fiscalía de la Audiencia Nacional impulsó este lunes investigaciones penales de todo tipo sobre las "intolerables actuaciones" de los autodenominados CDR (comités de defensa de la república) "para llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos vandálicos actos" que "ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático".