La Dirección General de la Guardia Civil aportó al juez Pablo Llarena las diligencias con relación a la supuesta malversación de caudales públicos. El magistrado formó una pieza separada que ha permanecido durante un mes bajo secreto de sumario. Un total de 1.915.067,22 euros públicos supuestamente destinados al referéndum ilegal del 1 de octubre que sigue negando el Gobierno de España.
La investigación detalla en primer término el coste de publicidad en los medios de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre:
Las diligencias ahondan posteriormente en el servicio postal con los datos de la votación encargado a la sociedad UNIPOST. Además de los 979.661,96 € pagados a la empresa, se emplearon 56.196 sobres con el nombre de la Generalidad por un total de 651,8 € conteniendo las designaciones de los componentes de mesas.
La Guardia Civil considera malversada la cantidad de: 979.661,96 + 651,8 = 980.313.76 €.
Recoge en este punto las cinco facturas que se intervinieron en registros efectuados y que alcanzaban la cifra de 979.661,96 €. No constan en el Registro Contable de Facturas de la Generalidad. Estas facturas sin IVA son las siguientes:
- Departamento de Cultura: 196.696,98 €
- Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda: 193.889,98 €
- Departamento de Salud: 192.711,20 €
- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia: 197.492,04 €
- Departamento de Presidencia: 198.871,76 €
Ómnium Cultural, sociedad interpuesta
Otra línea de investigación refleja cómo el Gobierno catalán, a través de Antoni Molons, entonces secretario de difusión y atención ciudadana, utilizo a Ómnium Cultural para reclamar a empresas productos propagandísticos. Se centraron en la distribución de carteles en los que se llamaba a la población a votar en el referéndum del 1-O. Para ocultar que la verdadera elaboración, difusión y, por supuesto, financiación del material procedía de la Generalidad –pese a que constaba el logo–, la entidad separatista presidida por Jordi Cuixart se encargó de la gestión.
La valoración de esos carteles fue de 61.879 €.
La responsabilidad de Romeva
La Guardia Civil analiza también la actividad de DIPLOCAT, un consorcio público inventado por el Gobierno autonómico y sufragado con dinero público "para la proyección internacional de Cataluña". Inspecciona las invitaciones a diversos observadores internacionales para la verificación del referéndum y los gastos públicos destinados al alojamiento y traslado de los mismos. Igualmente, detalla el contrato suscrito por la Delegación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña ante la Unión Europea con la sociedad The Hague Genter for Strategic Studies.
Identifica dos transferencias realizadas por la Generalidad ante la Unión Europea por importe de 119.700 €. Ese servicio supuso para el Gobierno catalán, además, otro compromiso de pago de 47.365 € lo que supone un total de 177.065 €.
Se ha podido señalar a una serie de personas que actuaron como observadores internacionales, no a la totalidad de los participantes debido a la negativa por parte de DIPLOCAT de facilitar los datos de los mismos. No obstante, sí que se conocen gastos vinculados con la logística sobre estas personas:
"El responsable último de estas dos instituciones, Delegación del Gobierno de la Generalidad ante la UE y DIPLOCAT, que han asumido gastos de fondos públicos que hasta ahora alcanza la cantidad de 217.656.22 € es Raül Romeva, exconsejero de Relaciones Institucionales y Exterior de Cataluña.
El Teatro de Jordi Turull
El Instituto Armado traslada también que dio cuenta al Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, donde arrancó la investigación, de la documentación aportada por el Teatro Nacional de Cataluña como contestación a un mandamiento judicial sobre el acto de presentación separatista celebrado el 4 de julio de 2017.
Se desprende que el contrato de la cesión del espacio fue firmado por Jordi Turull en calidad de presidente del Grupo Parlamentario Juntos por el Sí. El gasto asciende a la cantidad de 17.690,20 €, el cual fue abonado por el propio partido.
El artículo 33 del Reglamento del Parlamento de Cataluña recoge:
1.- El Parlamento debe poner a disposición de los grupos parlamentarios los locales y medios materiales suficientes. Los grupos parlamentarios también han de disponer de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios para ejercer con eficacia y eficiencia sus funciones, especialmente en el ámbito del asesoramiento técnico y el apoyo administrativo. El Parlamento puede firmar acuerdos y convenios con otras administraciones en materia de personal. Asimismo, debe asignarles, a cargo de su presupuesto, una subvención fija y otra variable, determinadas por la Mesa Ampliada, teniendo en cuenta la importancia numérica de cada uno de ellos y el importe global del presupuesto del Parlamento.
Ese acto tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del SÍ en ese referéndum. La organización en el Teatro Nacional de Cataluña fue gestionada y abonada por Juntos por el Sí, de forma que ese grupo parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas. El partido tiene que rendir cuentas anualmente a la Mesa de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe, por lo que esta última tiene que tener conocimiento del destino de las subvenciones públicas recibidas por Juntos por el Sí y si se han empleado para cubrir los gastos de actos relacionados con el referéndum.
La Guardia Civil informa de que aún investiga los posibles pagos con fondos públicos de unos informes, realizados por quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional y considerado hoy arquitecto jurídico de los separatistas Carles Viver Pi i Sunyer o su entorno, relacionados con la preparación de referéndum. Por otra parte, persiguen los gastos empleados para el adoctrinamiento en un Call Center; pretendían allí centralizar los datos y el material informático del referéndum.
Sobre ese último punto, la Guardia Civil entiende que la Generalidad financió material informático con destino a ese Call Center situado en una nave anexa al CTTI por valor estimado de 40.227,78€: "Se está todavía en fase de investigación para conocer qué cantidad se destinó a ese fin, por lo que sobre esa cantidad que si bien se adelantó se trata de una estimación inicial destinada a la empresa Fujitsu y se debe esperar a que concluya esa fase para determinar la cantidad efectiva".
El dinero de las papeletas
Uno de los últimos centros de atención es el coste del material electoral que se pretendía utilizar en el referéndum. La Guardia Civil se incautó de más de 9 millones de papeletas para votar. "Ese material se valoró tomando como referencia la relación de precios presentada para cada lote de material electoral por las empresas homologadas en el Acuerdo marco de suministro de material electoral" con el Gobierno catalán y, tomando el precio más bajo para cada documento, alcanzó la cifra de 92.209,03 €".
La Guardia Civil referencia como ejemplo el registro a una nave en Igualada. En esa inspección se intervino el siguiente material electoral:
- 15 palets de 120 cajas cada uno, con 1.000 sobres cada caja.
- 1 palet incompleto con 80 cajas, con 1.000 sobres cada caja. Haciendo un total de 1.880.000 sobres para el referéndum.
- 8 palets contiendo 39 cajas cada uno, con 8.000 papeletas cada caja, interviniendo un total de 2.496.000 papeletas destinadas al referéndum.
Al parecer, fue el material adquirido a última hora como solución y se valoró en:
Una cantidad que sumada con la anterior alcanza 152.578,63 €.