Mariano Rajoy despachó telefónicamente el sábado con Pedro Sánchez y Albert Rivera y les informó de que, a su juicio, no se dan las circunstancias para levantar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Sus interlocutores estuvieron de acuerdo, según las fuentes consultadas. La propuesta de nuevos consejeros de la Generalidad que hizo Quim Torra es "una provocación" a ojos de la Moncloa, ya que varios de los elegidos "se encuentran huidos de la justicia o en una situación de prisión provisional".
Este domingo, el Ejecutivo remitió un escrito al secretario del Gobierno de la Generalidad en el que le avisa de que no puede publicar el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Torra ya que "está estudiando su viabilidad". En virtud del artículo 155 de la Constitución, no puede dar ese paso sin autorización de Moncloa ya que carecería de "validez y efecto".
El escrito remitido a Víctor Cullel, y al que tuvo acceso este diario, fue redactado por José María Jover, subsecretario del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Tal y como recoge EFE, se trata de la contestación a la carta que Cullel envió a Moncloa adjuntando dos decretos, el de creación, denominación y determinación de las competencias de las consejerías del Gobierno autonómico, y el del nombramiento de su vicepresidente y consejeros.
El Gobierno da vía libre para que se publique el primero de ellos, pero frena el segundo y ahora estudia si Torra puede nombrar consejeros a políticos en prisión o fugados. "La publicación del citado acuerdo requiere la autorización por parte del Gobierno de la nación, sin la cual el acto o disposición carecería de validez y efectos", le advierte por escrito Jover a Culler.
Ya el viernes, al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo anunció que Rajoy no permitiría su designación, pero no aclaró su plan de acción para evitarlo. "Alguien que está en prisión provisional no puede ser consejero", proclamó el portavoz gubernamental. Cabe recordar que, según lo aprobado por el Senado, el 155 no decaerá hasta que el nuevo Gobierno regional no tome posesión de acuerdo a la ley.
Para las formaciones constitucionalistas, la decisión de Torra evidencia que su intención es tensar todavía más la vida política. "Ha desaprovechado una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad, ya que sus decisiones demuestran que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y la mayoría de la sociedad catalana", subrayó el Gobierno en su comunicado del sábado.