Nuevo golpe policial al desvío de fondos públicos en el separatismo catalán. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han desplegado durante toda la mañana de este jueves un operativo policial en Cataluña destinado a desmantelar una trama política que habría desviado más 10 millones de euros de los presupuestos públicos. En total se han llevado a cabo 29 detenciones.
Las partidas desviadas, que partían principalmente de la Diputación de Barcelona, iban a ser destinadas oficialmente a programas de ayuda a la cooperación y el desarrollo en países desfavorecidos, principalmente de América Latina, Marruecos o Bosnia-Herzegovina, entre otros, pero habrían acabado en las cuentas corrientes de asociaciones e instituciones que las destinaron al costoso proceso de independencia de Cataluña.
La investigación comenzó en 2015, cuando varios medios de comunicación informaron del desvío de fondos de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona a empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro. Aquello hizo que su entonces director y actual Subdirector General de Cooperación Local de la Generalidad, Jordi Castells Masanés, uno de los detenidos en la jornada de hoy, presentase su dimisión.
Como consecuencia de esas informaciones, se realizaron varias denuncias anónimas ante la Oficina Antifraude de Cataluña, a las que se sumaron otras que fueron presentadas ante dicho organismo por el sindicato CGT(Confederación General del Trabajo) y los antisistema independentistas de la CUP, según han informado fuentes policiales.
Los agentes de la Policía Nacional constataron que sólo dos entidades que supuestamente no tienen ánimo de lucro, CATmon e IGMAN Acción Solidaria, domiciliadas en la calle Fonollar, número 14, de Barcelona, habían recibido ellas solas 10 millones de euros para proyectos de cooperación no realizados. El objetivo social de la primera de ellas es, únicamente, el "trabajo de conocimiento y reconocimiento internacional de la nación catalana".
Los análisis realizados revelan que el dinero de las subvenciones transitaba, presuntamente, de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados, comprometidos, muchos de ellos, con el proceso separatista, de forma que se baraja una posible financiación del 1-O.
Los detenidos usaron empresas pantalla creadas expresamente para el cobro de las subvenciones, las cuales realizaban informes de todo tipo copiados literalmente de Internet, emitían facturas falsas de actividades presupuestadas y no realizadas; y un sinfín de irregularidades, que se han puesto ahora de relieve los investigadores policiales.
En el dispositivo se ha procedido a la detención de, además del ya citado Jordi Castells Masanés, a la del entonces presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve Figueras; al actual alcalde de Tordera y Diputado Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de la Diputación, Joan Carles García Cañizares; o la del Secretario de Relaciones Internacionales de CDC, Francesc Dalmases Thio, entre otros.
Fuentes judiciales han informado que entre los investigados también habría un aforado: el diputado de Juntos por Cataluña en el Parlamento autonómico Francesc Dalmases. Muchos de los detenidos este jueves son en su mayoría personas con cargos en organismos públicos de Cataluña, algunos incluso cercanos al nuevo presidente Quim Torra.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estaban previstos una veintena de registros con la ayuda de unos 500 agentes, algunos desplazados expresamente a Madrid. La investigación, aún secreta, está dirigida por el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Los agentes trabajan con especial empeño puesto que de esta operación saldrían más pruebas de la malversación de fondos públicos hacia el proceso. La Guardia Civil ha recopilado una serie de evidencias cuestionadas hasta ahora por la Justicia de Bélgica y Alemania, por ejemplo, el desvío detallado de 1,9 millones de euros. La Diputación de Barcelona está presidida por Mercè Conesa y ya fue puesta bajo el foco policial por un supuesto fraude de subvenciones. La CUP denunció hace dos años que desde este organismo se habían concedido ayudas para la cooperación al desarrollo a través de contratos opacos.