La Época Primera de Gürtel, los delitos cometidos entre 1999 y 2005, cuando la red nació y trabajó en su máximo esplendor, merece para la Audiencia Nacional un total de 251 años y un mes de cárcel repartidos entre 29 de los 37 acusados. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal impone la pena más alta al cabecilla Francisco Correa –51 años y 11 meses de prisión– y la segunda a su número dos, Pablo Crespo, quien fuera secretario de organización del PP gallego, con 37 años y medio.
Es una condena histórica por ser la primera contra Luis Bárcenas y contra el Partido Popular. El Tribunal castiga a 33 años y 4 meses de cárcel con multas por más de 44 millones de euros al extesorero del PP y a 15 años a su mujer, Rosalía Iglesias. Considera a la formación responsable civil a título lucrativo –se benefició de los delitos, aunque no los cometió–, de forma que devolverá 245.492,8 euros por mordidas en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo que costearon actos electorales.
Otras condenas elevadas son para el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, con 38 años y 3 meses y su homólogo en Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda con 14 años y 4 meses de cárcel. Sus entonces mujeres, Gema Matamoros y Ana Mato, respectivamente, son como el PP partícipes a título lucrativo. En el caso de la exministra de Sanidad, abonará 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia. Matamoros devolverá 45.066,66 euros.
Los magistrados condenan al exconsejero madrileño Alberto López Viejo a 31 años y 9 meses y al contable del entramado José Luis Izquierdo a 17 años y 7 meses.
Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel. La administradora de algunas de sus empresas, Isabel Jordán, sale con 14 años y 10 meses, mientras que los integrantes del Grupo Correa Alicia Mínguez y Javier Nombela se llevan 3 años y seis meses de prisión cada uno.
El Tibunal condena al exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote a 7 años y diez meses de cárcel; al exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno a 15 años y dos meses y a su entonces compañero José Luis Peñas –amigo de Correa y a la postre denunciante del caso con grabaciones recopiladas– 4 años y 9 meses de prisión.
Para el abogado Luis de Miguel, el arquitecto financiero de Correa, 12 años y 9 meses de cárcel y para Antonio Villaverde, testaferro del cabecilla en Suiza, 8 años y 2. Jesús Merino, hombre fuerte del PP en Castilla y León y exdiputado por Segovia cumplirá 3 años y siete meses mientras que el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente cinco años y nueve meses de prisión.
La Audiencia Nacional reparte penas menores que van desde cuatro años hasta cinco meses de cárcel a Ángel Sanchís –extesorero de Alianza Popular– y su hijo homónimo, el también asesor de Bárcenas Iván Yáñez, el empresario Jesús Calvo que participó en el blanqueo de capitales, el exconcejal de Pozuelo arrepentido Roberto Fernández, los empresarios Alfonso García Pozuelo y Jacobo Gordon, el asesor de López Viejo y su mujer Pedro Rodríguez Pendás y Teresa Gabarra, de forma respectiva, y el colaborador de Correa Pablo Ignacio Gallo.
En la primera sentencia de la Audiencia Nacional contra la Gürtel, los jueces aprecian delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada. Reparten 194 años de inhabilitación para los condenados.
Voto particular contra la condena al PP
La sentencia de 1.687 páginas incluye un voto particular discrepante del magistrado Ángel Hurtado, en el que propone la absolución de Ricardo Galeote, Ángel Sanchís y su hijo, así como de Carlos Clemente. Además, quien fuera ponente de la sentencia y renunciara por diferencias con los otros dos miembros del Tribunal competente, se opone a la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo.
Julio de Diego y José Ricardo de Prada explican que la sentencia mayoritaria se basa en su mayor parte en la ponencia inicial de Ángel Hurtado. Este último se opone ya a la introducción de la sentencia mayoritaria, que contextualiza al Grupo Correa en la órbita del Partido Popular y de la corrupción institucional. Esas valoraciones, según Hurtado, son improcedentes en tanto que el PP ha estado encartado como partícipe a título lucrativo y por tanto "hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos".
Critica que de algo que ha sido "colateral al enjuiciamiento", se refiere a la necesidad de acreditar la caja B llevada a cabo por Luis Bárcenas, sirva a sus compañeros para colocar al PP y al Grupo Correa en una estructura de colaboración estable. Hurtado sostiene que la sentencia mayoritaria no ha explicado por qué asevera que el PP era conocedor de la trama en Majadahonda y Pozuelo "cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda estaban actuando a espaldas de su partido, y menos explica que el PP, como formación política, haya tenido un beneficio".
El magistrado argumenta que el partícipe a título lucrativo se caracteriza por ser el beneficiario con origen en un hecho delictivo: "por mucho que se mencione al PP, se hace desde su abstracción como formación política. Considero que los auténticos beneficiarios, aunque se entienda como una redundancia lo que digo, fueron quienes se beneficiaron realmente de las cantidades que proporcionó Francisco Correa". En última instancia, quienes realmente obtendrían un beneficio, según Hurtado, serían Ortega y Sepúlveda, "los que se presentan a las elecciones municipales de 2003, y solo en cuanto son militantes del partido, se trasladan las acusaciones al mismo".
¿Cómo funcionó la Gürtel?
El Tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político.
Los jueces concluyen que la operativa de los acusados se convirtió en un mecanismo generalizado de emitir facturas que no respondían a servicios reales o infladas, pese a lo cual se abonaban con cargo a los fondos públicos municipales. Destacan la influencia que tenían Luis Bárcenas y Jesús Merino sobre otros cargos del PP y de la que se aprovecharon Francisco correa y su número dos, Pablo Crespo para conseguir adjudicaciones públicas a favor de sus empresas.
El Tribunal explica que desde el año 2000, Luis Bárcenas desarrolló por su cuenta y en colaboración con su esposa Rosalía Iglesias, que también resulta condenada, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza, que luego afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales y que destinó a pagos en efectivo, de manera opaca para la Hacienda Pública.