Tensión entre los candidatos por el varapalo de los afiliados. Acusaciones de presiones en las sedes, de "falsear" las primarias, de no querer más participación ya que así el aparato gana. Están quienes ven inscritos suficientes y no creen que se deba ampliar el plazo y los que, en cambio, exigen dar facilidades para que vote todavía más gente. En el primer grupo, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. En el segundo, Pablo Casado, José Ramón García-Hernández y José Manuel García-Margallo.
Según la comisión organizadora del congreso, sólo 66.384 afiliados, el 7,63% del censo, se inscribió para poder votar en el proceso de sucesión. En Andalucía acudieron a las sedes para participar en la votación del próximo 5 de julio 12.119 de los 169.602 de los militantes de los que se presumía. Poco más de 10.000 de los 94.607 en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Valenciana los participantes rozan los 9.000 de un teórico total de 149.177. Las cifras aún son provisionales, aunque no se esperan ya grandes sorpresas.
Antes incluso de conocer los datos oficiales del COC, pero ya con las filtraciones de las estructuras regionales en los medios, algunos candidatos se revolvieron. El más enérgico en su protesta fue García-Hernández. Se personó por la mañana en Génova 13 para presentar un escrito ante la comisión exigiendo que todos los afiliados al corriente de pago puedan votar y no solo los inscritos –el plazo expiró el pasado lunes a las 14:00h–. "El partido está bordeando el ridículo", alertó, y amagó con recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Según pudo saber este diario, García-Hernández se puso en contacto con Margallo, que compartió su indignación. "Hay que conseguir que vote el mayor número de gente evitando el fraude", expusieron desde la candidatura del exministro, que también se dirigió al COC a última hora de la tarde para pedir la modificación la normativa interna.
La revuelta tomó forma cuando Casado se pronunció claramente a favor de dar más margen a los afiliados no inscritos para que participen en el proceso. Aunque dijo respetar "las reglas" del congreso, denunció que la inscripción es "un mecanismo que dificulta la participación". Su propuesta es aumentar el plazo hasta el mismo día 5 y permitir el voto "a aquellos que regularicen el pago documentalmente" hasta esa fecha. "Si ni tan siquiera nuestros militantes están ilusionados, malamente ilusionaremos a los votantes", sentenció el diputado por Ávila.
La denuncia de fondo es que "cuando hay poca participación, solo participan los que están más próximos al organigrama", en palabras de Casado. Esto es, el denominado aparato, fiel a los líderes provinciales y regionales. Y en ese contexto Cospedal y Santamaría en teoría ganan. "Son esos barones y altos cargos que ya se han significado y que estarán muy pendientes de lo que voten los suyos", según una de las candidaturas críticas. "Hay que dar voz a los afiliados", exigió Casado, instando de nuevo a que no haya presiones.
El candidato se comprometió también a depurar el censo. Todo el mundo en el PP sabía que no hay cerca de 900.000 afiliados, pero Génova y los barones más importantes no quisieron tocar nada para no alterar el reparto de compromisarios no natos, que se calcula ateniendo a esos datos. Esos compromisarios serán clave en la segunda vuelta, ya en el congreso de los días 20 y 21 de julio.
Desde la dirección nacional del PP dijeron no entender las quejas y la COC, que se volverá a reunir el viernes, ya tiene decidido no hacer cambios. Mientras, los equipos de Santamaría y Cospedal se dieron por satisfechos con el 7,6%. "El partido tiene noventa minutos y no se pueden cambiar las normas a la mitad", afirmó Dolors Montserrat, la portavoz de la secretaria general. Llegó a decir que son "muchísimos" los afiliados inscritos. En esta ocasión, el entorno de la exvicepresidenta coincidió con su histórica rival: "Esta polémica no va a ningún lugar, las cosas son como son".