Otro problema en vísperas electorales para la presidenta de la Junta. Su secretario provincial de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, fue imputado en el caso Aljaraque de compra de voluntades de dos concejales de Podemos y de la imputación se ha pasado a la fase de apertura de juicio oral. Según el código ético del PSOE el imputado debe dimitir de sus cargos, pero hasta el momento no lo ha hecho. Caraballo, recuérdese, es pareja de la hermana del portavoz parlamentario del PSOE Andaluz, Mario Jiménez.
Hace unos días, el juzgado que ha instruido el caso desde el principio en Huelva ha cerrado la instrucción para dar paso al juicio oral en el que el presunto soborno o "compra" de dos concejales de Podemos de la localidad onubense de Aljaraque sea juzgado. Esto es, se está ante la fase de la celebración del juicio oral.
ABC ha destacado que la instructora María José Fernández Maqueda ha considerado "verosímil la investigación que de los hechos se hace a los investigados", en el auto en el que acuerda seguir el procedimiento por el tribunal del jurado, competente para juzgar los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que son los que se atribuyen a los cinco investigados.
Los implicados en el presunto soborno han sido citados a comparecer en el Palacio de Justicia de Huelva en una vista a puerta cerrada a la que los investigados acudirán acompañados de abogado y en la que se concretarán los supuestos delitos atribuidos en cada caso y las partes podrán pedir nuevas diligencias.
En el código ético del PSOE, que afecta a todos los militantes y cargos orgánicos y/o públicos del partido se dice:
12. Presentaré mi dimisión inmediata si, ejerciendo cargo público u orgánico, se me abre juicio oral por un procedimiento penal por delito grave. Asumo que de no hacerlo se me suspenderá cautelarmente de militancia y podría resultar expulsado.
13. Si ejerciendo cargo o responsabilidad pública se me imputa por resolución judicial, daré cuenta de las acusaciones ante la Comisión Ejecutiva Federal.
Lo segundo no se ha certificado que se haya cumplido, pero hasta el momento el secretario general del PSOE de Huelva, y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, no ha presentado su dimisión ni se le ha exigido.
Mientras PSOE y Podemos guardan un espeso silencio, el PP de Huelva ha pedido al PSOE que "salga de su escondite" y explique la verdad sobre el caso de la moción de Aljaraque (Huelva). El PP cree que estando "cerrada la fase de instrucción", que ha terminado con procedimiento de juicio contra dos ediles de Sí se puede, un sindicalista de CCOO, un responsable del gabinete jurídico de Aguas de Huelva, José Manuel Márquez Rivas, y contra el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo.
Un soborno que afecta directamente a PSOE y Podemos
En diciembre de 2016, el podemita madrileño Rafael Mayoral ninguneó a la localidad onubense de Aljaraque calificándola de "pueblo perdido de Huelva", lo que le valió el calificativo de clasista por parte del gobierno de la Junta. Aunque luego pidió disculpas, el "pueblo perdido" vuelve a perseguir a Podemos y PSOE por estar implicados en el presunto soborno que va a juzgarse.
Fue la mala gestión de la alcaldesa socialista del pueblo, Yolanda Rubio, la que motivó que, a finales de 2016, el PP, que ganó las elecciones en la localidad, pero no pudo gobernar por el pacto PSOE-IU-Podemos, apostara por una moción de censura.
Sorprendentemente, Podemos apoyó la moción, lo que motivó un terremoto en el PSOE y en Podemos, que a nivel nacional desautorizó la operación. De hecho fue cuando Rafael Mayoral criticó expresamente la decisión adoptada en un "pueblo perdido de Huelva". Finalmente, la moción no pudo triunfar porque, nadie supo entonces cómo, los ediles de Podemos volvieron al redil y sostuvieron al gobierno de Yolanda Rubio.
Poco a poco se conoció con pruebas contundentes que se fraguó un soborno según el cual los concejales de Podemos renunciaban a apoyar la moción de censura contra la alcaldesa y que uno de ellos metería a su mujer, PSOE de por medio, en una empresa pública.
El intermediario fue un sindicalista de Comisiones Obreras, José Luis Rodríguez Vega, y el hombre en la sombra el socialista Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva y cuñado de Mario Jiménez, número 3 de Susana Díaz, portavoz socialista en el Parlamento andaluz y de la famosa gestora socialista que defenestró a Pedro Sánchez.
El presunto soborno fue destapado por un vecino, simpatizante y asesor de Podemos, que lo denunció. Luego, una grabación, enviada a los medios de comunicación y al juzgado número 1 de Huelva, confirmaba la operación urdida por el PSOE de Huelva para mantener en la alcaldía a Yolanda Rubio.
Según el denunciante de Podemos, el soborno se consumó "en una mesa con mantel, mientras se degustaba carne ibérica y chocos fritos, regados por un buen vino tinto, seguramente pagado con dinero público" y se hizo "sin consultar con las bases del PSOE e IU, ni antes, ni durante ni después, ni qué decir tiene que tampoco con las de Sí se Puede".
¿Por qué sabía el asesor la existencia de un presunto soborno? Porque lo confesó el sindicalista Rodríguez Vega, nada menos que secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la provincia, al que le grabó la conversación telefónica, base de la denuncia que puso ante el Juzgado el pasado 9 de febrero.
En ella se pide que se investigue la reunión mantenida en Aljaraque el 10 de enero anterior, en la que se habría acordado retirar la moción de censura a cambio de un puesto de trabajo para la esposa del concejal de Sí se Puede, Francisco Martín, que entraría a trabajar directamente en la empresa pública Aguas de Huelva.
En las negociaciones del PSOE con Podemos, el sindicalista Rodríguez Vega se presentaba como "enviado político de Ignacio Caraballo" y las fotos que el secretario provincial del PSOE se hizo cuando se desbarató, vía "compra", la moción de censura de Aljaraque confirmó que estaba al tanto.
En las grabaciones, el "enviado" de Ignacio Caraballo, el sindicalista de Comisiones Obreras, José Luis Rodríguez, afirmó que el líder del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación ha dado el visto bueno y ha llamado ya al gerente [de Aguas de Huelva]", añadiendo que "esas cosas hay que vestirlas. Lo que yo no quiero es que parezca que hay una conexión entre una cosa y la otra (se refiere al aborto de la moción de censura y la colocación de la esposa del concejal) porque vais a quedar como unos golfos. Que habéis hecho una cosa por dinero".
Reconoció que la operación no era conocida ni por muchos del PSOE:" … No lo sabe ni mucha gente del PSOE ni quiero, es algo que nosotros manejamos bien ahí y no quiero que nadie se meta. Luego, el responsable correspondiente (de Aguas de Huelva) le dice (a la esposa de concejal sobornado) que hay un proyecto nuevo y que se cuenta con ella. Y la llaman".
Ante la demanda de un compromiso firmado, el sindicalista dice: "¿Qué vas a firmar? ¿Qué van a meter a tu mujer en Aguas de Huelva?, pero si es un delito, es una ilegalidad, ¿cómo lo vas a firmar? Tenemos que confiar. Esto quiero que se haga, pero hay que vestirlo. Ja, ja, ja... Ya era lo que me faltaba, que se firmaran estas cosas. Que me meten en la cárcel. Eso no se puede. Vas a firmar una barbaridad".