Será por la presunta proximidad electoral o por la trayectoria torcida que separa a Andalucía del desarrollo económico, social y democrático desde hace años, o por ambas cosas, que no hay día en que no se aneguen las portadas de papel y digitales de casos de depravación ética y corrupciones varias. Este viernes está poblado de sobornos políticos, extrañas becas, másteres de mentira, recusaciones de una juez, parentescos sospechosos, comisiones de investigación y demás.
Para sobornos, el de Aljaraque (Huelva) que viene de finales de 2016. La fiscalía de Huelva ha rechazado los recursos presentados por los cinco investigados por la presunta compra de voluntades de dos concejales de Sí se Puede (Podemos) para que cambiaran su apoyo a la moción de censura presentada por el PP y siguieran apoyando a la alcaldesa del PSOE, con puesto de trabajo incluido para la mujer de uno de los "comprados" en la empresa provincial de aguas. La juez del caso ya había cerrado la instrucción.
Los imputados, ya en fase de juicio oral son, además de los dos concejales podemitas, Pedro Escalante y Francisco Martín; Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva, secretario general del PSOE de Huelva y cuñado del número 3 de Susana Díaz, Mario Jiménez; el sindicalista de CCOO, José Luis Rodríguez; y José Manuel Márquez Rivas, del departamento jurídico de Aguas de Huelva.
El caso sube de nivel por cuanto los partidarios de Susana Díaz no quieren la dimisión de Caraballo, forzosa si se tiene en cuenta el código ético del PSOE, mientras sí la quieren los partidarios de Pedro Sánchez.
Máster de los ERE
El máster de los ERE, Máster en Gestión Integral de Asociaciones sin Ánimo de Lucro de la Universidad de Sevilla, consiguió 30.000 euros de fondo de reptiles de los ERE con el que se becó a todos sus alumnos menos a uno. En la comisión académica que los concedió estaba el famoso dirigente del PSOE andaluz y senador José Caballos, otrora mandamás absoluto de la Sierra Norte, la comarca agraciada por Francisco Javier Guerrero, ex alcalde de El Pedroso, con una lluvia de millones de los ERE.
El Mundo subraya que Caballos, además de participar en dicha Comisión junto con otro socialista que tampoco tenía puesto en la Universidad, pudo filtrar quién iba a ser o no becado y dio varias ponencias –se supone que cobrando–, en dicho Máster. Uno de los participantes fue un amigo personal de Susana Díaz y cargo de su Ejecutiva Regional, Carmelo Gómez, que dice que su expediente fue falsificado.
Y ya que hablamos de Másteres, hay que traer a colación otro falso descubierto en Granada. Se trata del Máster, parecido al de los ERE, "de Alta Dirección de Entidades Sociales" que estaba incluido en el currículo del alcalde socialista de Ganada, Francisco Cuenca. Tres años ha estado colgada esta titulación en la web de "transparencia" pero eldiario.es lo descubrió.
Aunque se habla de un "error casi tipográfico", algo extraño, poco después de la denuncia del medio de comunicación, el máster desaparecía del haber académico del alcalde de la ciudad. El PP granadino no acepta la versión del "error" y recuerdan que fue el propio Cuenca quien dijo en su discurso de investidura que había que apartar de la vida pública a "quien mienta o manipule en relación con su currículum".
Recusación en las alturas
Y llegamos a una famosa recusación, que ha prosperado judicialmente, que es la de la juez Núñez Bolaños. Fue solicitada por el PP andaluz y es relativa a que siga instruyendo uno de los casos que afectan a la agencia IDEA, la madre del dinero de los ERE, caso en que la jueza Bolaños pidió una fianza desmesurada al PP para poder personarse.
No son buenos días para una juez, que ha tenido que dejar que la UCO, tras dos años de espera, acceda a la documentación de las cajas fuertes de la FAFFE, donde se originaron las tarjetas sex-black en un prostíbulo sevillano. Veremos si en ellas queda algo relevante para aclarar el caso.
La causa instruida por Bolaños trataba de las transferencias recibidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) procedentes de la Consejería de Empleo o Innovación a través de un programa distinto al 31L. El PP consideró su recusación, entre otras cosas, porque una cuñada de la magistrada, María Guija Villa, trabajaba en IDEA en el departamento de Control y Finanzas. La recusación, admitida a trámite, ha sido enviada a reparto para su enjuiciamiento.
De parentescos va el nuevo sobresalto de la Sierra Norte que afecta, esta vez, a Ciudadanos. ABC cuenta que Miguel Ángel Aumesquet, dirigente andaluz del partido y vocal regional, es socio de una empresa vinculada a José María Sayago, uno de los cabecillas del denominado «clan de la Sierra Norte», al que nos referimos más arriba.
Aumesquet ha explicado que no hay tema y que el problema está en el parentesco. «Quien está involucrado en los ERE es José María Sayago. Su hermano, Antonio, es socio mío, pero punto.", ha dicho. Ha reconocido, eso sí, que firmó un contrato para gestionar el Campamento juvenil La Jarosa con José María Sayago, que era el responsable político de Sodelp (Sociedad para el Desarrollo del El Pedroso), y que un mes después una empresa familiar de este socialista se incorporó al accionariado durante una ampliación de capital. «No sé si le compró la empresa al hermano, tendría que mirarlo en escrituras, pero mi socio es Antonio, no José María." Veremos el recorrido de este oportuno tema preelectoral.
Y para terminar, la Comisión de Investigación de la FAFFE (Fundación Andaluza del Fondo de Formación y el Empleo), la implicada en el uso de tarjetas sex-black, se mueve aunque pronto se verá por cuanto tiempo. Si Susana Díaz convoca elecciones anticipadas, la Comisión dejará de existir.
Por si acaso, el PP adelantará hoy viernes en la sesión de ésta que, informa La Razón, quiere contar con los estadillos de entrada y salida de fondos de las 13 cajas fuertes que la Faffe tenía en sus diferentes sedes en Andalucía, así como el detalle de las tarjetas, que eran varias, y movimientos que se hicieron con ellas.
Además, ya ayer el PP anunció que llamarán al ex director gerente de la Faffe, Fernando Villén; al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, departamento del que dependía orgánicamente el ente público investigado; al dueño del club Don Ángelo, que ya declaró ante la Guardia Civil; así como a los empresarios que denunciaron amaños en los contratos y algunos trabajadores que aparecen en el atestado del Instituto Armado.