Todo empezó con una curiosa circular de fecha 16 de enero de 2017 mediante la cual la concejala socialista María del Carmen García Bernal, mano derecha del alcalde José Ortiz García, próximo a Susana Díaz, y supuestamente de acuerdo con él, anunció a los más de 1.000 empleados municipales la concesión de media hora diaria "de cortesía" sin contraprestaciones ni obligaciones. Era la consumación de unas negociaciones y prácticas iniciadas en 2016.
Se trataba de aprovechar políticamente la iniciativa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de reducir unilateralmente la jornada de los funcionarios y empleados públicos andaluces a 35 horas cuando la normativa estatal vigente no lo permitía al fijarse la cuantía de horas semanales en 37,5. El acuerdo de la Junta fue recurrido en su día por el gobierno de Mariano Rajoy dando origen a una intensa polémica.
Así, el alcalde socialista del Ayuntamiento de Torremolinos quiso hacer lo mismo que su lideresa, si bien sin respeto alguno por las normas. La palabra "cortesía" aparece claramente en el texto de la circular donde se dice, textualmente: "Se comunica a todas/os las/os empleadas/os de este Ayuntamiento, que a partir del próximo día 16 se podrá disponer de la cortesía de 15 minutos tanto en el horario de entrada como en el de salida." La circular iba sin firma, pero con el sello del área de Administración Pública, área de la que era titular la ya mencionada María del Carmen García Bernal.
De la circular se hizo eco la Unión General de Trabajadores del Ayuntamiento de Torremolinos que comunicó a los trabajadores municipales que "tras la solicitud que este sindicato envió a la Delegación de Personal el pasado 11 de octubre de 2016 y las consiguientes negociaciones con la Corporación, se ha conseguido que el horario actualmente establecido pase a tener una cortesía de 15 minutos, tanto a la entrada como a la salida, a partir del próximo día 16 del presente" (enero de 2017), día referido en la Circular del Área de Administración Pública.
El disfrute de la dádiva comenzó para algunos en 2016, en la Policía Municipal. Recogió la noticia el Diario Sur cuando tituló una de sus noticias sobre el tema "Los empleados públicos de Torremolinos llevan desde 2016 trabajando menos horas de las exigidas por ley y teniendo más días de vacaciones de los permitidos" o, en otro caso: "Un acuerdo ilegal permite a la plantilla municipal de Torremolinos trabajar menos de lo que debe".
El acuerdo, suscrito por un PSOE que gobierna en minoría desde 2015, aunque con el apoyo de Podemos, tras desalojar al PP de la alcaldía que ostentó durante veinte años, era presuntamente delictivo.
Lo escandaloso del caso es que, como precisó demasiado posteriormente la Intervención Municipal, la jornada de los funcionarios de la administración civil del estado "viene regulada por Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, según la cual: "la duración de la jornada genera[ será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales".
Por lo tanto, al haberse pactado la reducción de dos horas y media a la semana se estaba contraviniendoel límite máximo de vacaciones y el número de horas anuales fijado reglamentariamente, lo cual es considerado una ilegalidad de la que debía darse cuenta a la Intervención o ser denunciado por ella misma, lo que no se hizo.
Aunque el acuerdo y la circular no fueron advertidas por la Intervención del Ayuntamiento que, cuando tuvo conocimiento de tal uso del dinero público de los vecinos de Torremolinos, sí firmó en mayo de 2018 que, en un convenio con la Policía Municipal, se había "detectado un acuerdo de fecha 18 de abril de 2016 sin estar decretado, ni acordado, ni publicado en legal forma según el cual se incluyen una cláusulas que se han mantenido ajenas al conocimiento del abajo firmante…que suponen que algunos funcionarios estarían disfrutando de hasta 14 días más de vacaciones que las prevista Reglamentariamente."
Curiosa es la forma en que el acuerdo se quiso seguir aplicando en la Policía Local en enero de 2018, en cuya plantilla se detectaron casos hasta con una reducción de jornada de 300 horas anuales, tras haber sido denunciado. Según la denuncia presentada por el abogado Antonio Urdiales ante la Fiscalía, por malversación y otros delitos contra los responsables políticos municipales, el pretexto de la cortesía fue sustituido con el de "Me visto y me desvisto" tras las pegas puestas por la Intervención.
Se reproduce en la denuncia el texto del acuerdo en que se dice: "A lo largo del año cada agente deberá realizar 172 turnos de 8 horas efectivas cada una…y además se tendrá en cuenta 30 minutos por el tiempo destinado a ponerse y quitarse el uniforme o ropa de trabajo, así como a equiparse o desequiparse de útiles de servicio, por lo que se computará con 15 minutos a la entrada y 15 minutos a la salida". Es más, el acuerdo se adoptaba con eficacia retroactiva al 1 de enero de 2018.
Los reparos del Interventor y la denuncia en Fiscalía
En mayo de 2018, casi año y medio después de haberse comenzado las irregularidades, la Intervención puso reparos al contenido de los acuerdos que reducían la jornada dos horas y media semanales y fue cuando se dio a conocer el contenido de los acuerdos ilegales, acuerdos ante los que no hizo nada antes de hacerse públicos.
Ante la nueva postura de la intervención, en junio de este año, el PSOE local quiso dar marcha atrás para no tener que asumir la responsabilidad de su comportamiento presuntamente delictivo, pero tal decisión conllevó la colisión con los sindicatos, hasta entonces cómplices de la decisión. El grupo socialista quiso obligar a los trabajadores beneficiados a reparar el daño mediante la realización de unos presuntos cursos de formación, cuando, en realidad, nunca habló de compensaciones ni de nada.
Consecuencia de todo ello, la Fiscalía Jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, que rige Juan Carlos López Caballero, recibió la denuncia del abogado Antonio Urdiales, asesor externo del Ayuntamiento, que fue denunciado a su vez ante la Fiscalía por el equipo de gobierno del PSOE nada más saber que investigaba el caso ilegal de la reducción de horarios municipales.
La denuncia del abogado Antonio Urdiales que ha llegado a la Fiscalía hace referencia a dos fraudes: el descibierto por el Interventor Acctal el 18/5/2018, informe de reparo sobre el acuerdo entre Ortiz-Alcalde y los sindicatosde 18 de abril de 2018, referido unicamente a la Policia Loca (exceso de horas disfrutadas por vacaciones a las 22 maximas establecidas por ley) y la segunda denuncia, la mas grave y no denunciada ni por el interventor es la relativa a la "media hora de cortesia", media hora suspendida por el Ayuntamiento desde el 11 d ejunio de 2018 y que venia disfrutandose desde el 16 de enero de 2017
La denuncia interpuesta lo ha sido por delitos continuados de fraude a la hacienda local del art. 436 del CP, prevaricación del art. 404 del CP, y malversación de caudales públicos del art. 432. 3° del CP, contra el actual alcalde de Torremolinos, José Ortiz García; contra la concejala delegada de Administraciones Públicas, María del Carmen García Bernal; contra la concejala delegada del área económica, María Isabel Tocón Barroso y contra el secretario general (marzo 2016), e interventor accidental del ayuntamiento (nov. 2017), David Gibert Méndez, técnico de administración general, todos ellos máximos responsables del pago de nóminas en el ayuntamiento de Torremolinos, así como contra los representantes de las secciones sindicales de UGT, CSIF, CC.OO y otros suscriptores de los acuerdos "clandestinos" denunciados.
La evidencia del fraude cometido tiene fundamento porque desde el año 2012 según la ley 2/2012 la jornada laboral para funcionarios y empleados municipales era de 37.5 horas semanales y asi fue hasta julio de 2018 cuando el gobierno del PP cedió a las presiones de la JUnta de Andalucía y permitió a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas reducir la jornada a 35 horas semanales.
Pero cuando el alcalde de Torremolinos lo impuso, hacerlo era ilegal y delicitivo. Por ello, una vez hecho público el acuerdo ilegal, el PSOE, en plena marcha atrás, intentó "blanquear" las horas disfrutadas por el personal pretendiendo eludir el fraude realizando un curso de formación a recibir antes del 31 de diciembre de este año, cuyas horas serían computables para reducir o enjugar el fraude. Pero, es evidente que no es posible compensar mediante un solo curso de formación las 65.000 horas no trabajadas en 2018 por 1.000 empleados públicos. De las 130.000 horas de 2017, ni siquiera es posible hablar de recuperación.
¿Cuánto dinero se ha malversado?
Si se acepta, como es el caso, que en el Ayuntamiento de Torremolinos trabajan actualmente alrededor de 1000 trabajadores municipales, éstos habrían cobrado sin trabajar 195.000 horas en año y medio, 130.000 en el año 2017, y 65.000 en el año 2018.
Si a ello se añaden, las 15 horas por trabajador, a las que hace referencia el Interventor en su informe en base al ilegal y subrepticio acuerdo de 18 de abril de 2016 - 4 días por el turno de Semana Santa, 4 días del turno de Navidad, 1 día por el Puente Anual, 1 día por Santa Rita y 5 días de compensación por no coger las vacaciones de verano que no se recuperaron, el resultado podría ser superior en áreas como la de la Policía Local.
Por último, si se suman las horas extraordinarias realizadas por los empleados municipales para cubrir la ausencia laboral denunciada, el fraude a la Hacienda Local podría ascender a varios millones de euros.
Pero, en todo caso y como mínimo, teniendo en cuenta sólo las dos horas y media semanales de cortesía, y calculando a la media baja de 10 euros la hora, el fraude habría ascendido a 1.95 millones de euros.