Un mazazo que traerá graves consecuencias. Con esa contundencia calificaban en la tarde de ayer las organizaciones agrarias la decisión de la ministra Teresa Ribera de no activar este mes de noviembre el Trasvase Tajo-Segura para uso agrícola. Así se lo trasladó Ribera a un estupefacto Fernando López Miras, presidente de la comunidad autónoma de Murcia, en una reunión en la que el dirigente murciano pedía explicaciones a la ministra sobre el retraso de los envíos de agua del Tajo al Levante.
El pretexto utilizado por el Ministerio para paralizar los envíos de agua de riego al sureste era, hasta este miércoles, una misteriosa rotura en la canalización del trasvase en la zona del Campo de Cartagena como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas en el sureste el pasado día 20, que haría imposible su utilización. Las organizaciones agrarias y los sindicatos de regantes exigieron este pasado lunes a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (dependiente del ministerio de Transición Ecológica) que indicaran dónde estaba esa presunta rotura que impedía trasvasar agua y nadie había podido localizar. En caso de no dar una explicación satisfactoria, este mismo viernes habría una respuesta contundente por parte del sector agrario. Pues bien, la propia ministra reconoció ayer que el motivo de su negativa a enviar agua no tiene que ver con ninguna rotura, sino que a partir de ahora se utilizará un criterio inaudito: solo se trasvasarán recursos hídricos a Murcia, Alicante Almería cuando la ministra considere que "hay necesidad".
Lo que dice la Ley
La normativa que regula los envíos de agua desde el Tajo a la cuenca del Segura está recogida en un Memorándum de Entendimiento suscrito en 2013 por el Gobierno de Rajoy con los presidentes de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia y Valencia, todos ellos pertenecientes en aquel momento al Partido Popular. El acuerdo se incorporó a la legislación en materia de recursos naturales y su principal novedad es que elevaba el caudal ecológico del río Tajo a 400 Hm3 (con anterioridad, el límite estaba en 240 Hm3).
Esto significa que los trasvases de agua hacia el Levante solo se autorizan cuando en los embalses de la cabecera del Tajo hay, al menos, 400 Hm3 acumulados. Por debajo de esa cantidad, el Trasvase Tajo-Segura permanece inactivo. En caso de que las reservas superen ese límite, la ley autoriza a trasvasar al Segura 20 Hm3 al mes para uso agrícola (además de los 7,5 Hm3 mensuales para consumo humano).
Pues bien, a fecha de ayer y según datos oficiales del propio ministerio, los embalses de Entrepeñas y Buendía (de cuyas reservas depende el trasvase hacia el Segura) acumulaban 600 Hm3. Por tanto, no hay justificación legal alguna para denegar este trasvase que los agricultores del Levante necesitan imperiosamente para mantener sus cultivos de hortaliza de invierno.
Ante la ausencia de una justificación legítima la ministra ha tratado de cerrar el trasvase de forma subrepticia por la vía de los hechos, primero aduciendo una avería inexistente y después anunciando que solo autorizará los trasvases mensuales cuando considere que "hay necesidad", un argumento antijurídico y tan discrecional que, obviamente, no se recoge en ninguna legislación.
La obcecación de la ministra
El cierre del Trasvase Tajo-Segura es una de las obsesiones de Teresa Ribera desde que llegó al Ministerio de Transición Ecológica. En una de sus primeras declaraciones como ministra en torno a este asunto, Ribera aseguró que la cuenca del Segura no es deficitaria. De hecho, la ministra explicó que "en realidad, no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una". A partir de ahí, la consecuencia lógica es acabar con los trasvases y adecuar las necesidades de las cuencas a su caudal anual.
Lo absurdo del argumento, impropio de un responsable político, soliviantó a los regantes levantinos y les hizo ver que esta ministra socialista iba en serio contra el trasvase Tajo- Segura, la mayor fuente de riqueza del sureste español y principal sostén de la agricultura más intensiva y reputada de Europa.
A mediados de este mes de noviembre y a preguntas del grupo parlamentario de Podemos, Teresa Ribera prosiguió con sus amenazas al Trasvase Tajo-Segura asegurando que se trata de una infraestructura "irresponsable". Más aún, en su respuesta parlamentaria Ribera anunció para finales de este año un proyecto de Ley de Transición Ecológica, que pondría fin de manera definitiva a los trasvases de agua del Tajo al Segura.
El malestar en las provincias afectadas obligó a Pedro Sánchez a tratar de templar gaitas de alguna manera, explicando que la ley del Trasvase Tajo Segura se seguirá aplicando. Claro, mientras esté en vigor, que es precisamente a lo que su gobierno pretende poner fin de manera definitiva.
Mientras tanto, el empeño de la ministra es acabar con el trasvase por la vía de los hechos. Así, ante la imposibilidad de negar las transferencias de agua al sureste por estar establecido por ley, primero aduce una misteriosa rotura del acueducto y más tarde ese asombroso criterio relativo a que haya o no necesidad.
La respuesta de los regantes
El presidente murciano, al que Teresa Ribera comunicó esa nueva política anti-trasvasista, ha convocado esta mañana en la sede del gobierno regional a los representantes del sector agrario, a los que explicará los términos de la reunión de ayer en el ministerio.
Los sindicatos y asociaciones agrarias ya habían anunciado movilizaciones a partir de mañana viernes si el ministerio no autorizada el envío de los 20 Hm3 de agua previstos en la ley. A lo largo del día de hoy anunciarán el calendario de movilizaciones para mostrar su rechazo a esta política anti-trasvasista, que ayer la ministra convirtió en oficial.