Más gestos de Pedro Sánchez con los separatistas. El Gobierno quiere apaciguar la situación de cara al Consejo de Ministros en Barcelona previsto para el próximo viernes. Tras una semana de vía eslovena, amenazas y llamamientos a las barricadas por parte de los partidos y organizaciones independentistas, Sánchez tiende la mano. Cree atisbar signos de distensión en algunas actitudes de ERC, que no secunda con tanto entusiasmo como Quim Torra los llamamientos a reventar Barcelona de los Comités de Defensa de la República (CDR), la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
El presidente de la Generalidad se niega a llamar a la calma. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, equipara el "derecho de reunión" del Gobierno con los derechos de manifestación y huelga de las fuerzas separatistas que difunden a través de las redes sociales y de sus canales internos instrucciones y consignas para colapsar Barcelona y toda Cataluña, cortar carreteras, ocupar estaciones de tren y asaltar infraestructuras básicas.
Tras una semana de alto voltaje político tanto en el Congreso como en el Parlament, ha sido Sánchez quien ha dado el primer paso para tratar de suavizar la situación. El ofrecimiento de una reunión con Torra ha sido acogido con cierto escepticismo por parte del Govern, cuyos principales consejeros siguen considerando una "provocación" que el Gobierno quiera celebrar un Consejo de Ministros en la capital catalana. Lejos de tranquilizar a los suyos, Artadi pone toda clase de pegas a la agenda gubernativa en Barcelona, al escenario, la Lonja de Mar, sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, y a la mera presencia de miembros del Gobierno en Cataluña.
Crisis en los Mossos
En paralelo, las públicas intenciones de los CDR, los Grupos Autónomos de Acción Rápida (GAAR), el último engendro separatista, la ANC y la CUP de tratar por todos los medios de entorpecer el Consejo de Ministros. También la crisis en los Mossos d'Esquadra, vilipendiados por el propio Torra y el consejero de Interior, Miquel Buch. Los sindicatos policiales y la potente organización MosSOS canalizan el descontento de los agentes a los que la Generalidad ha puesto a los pies de los caballos tras las cargas de la pasada semana contra violentos separatistas que pretendían linchar a manifestantes constitucionalistas en Gerona y Tarrasa.
La vicepresidenta Carmen Calvo da por buenas las explicaciones de la consejería de Interior sobre las órdenes políticas a los Mossos para que permitieran el corte durante casi un día entero de la autopista Ap-7 y los asaltos a las cabinas de peaje al final del puente de la Constitución protagonizados por los CDR. Los Mossos, sin embargo, alertan de que en las actuales condiciones no pueden garantizar el orden público en Cataluña. Piden el cobro de las pagas extraordinarias y horas extras atrasadas, más personal y medios y también una dirección que priorice la seguridad ciudadana en vez de los intereses políticos de los separatistas.
Artadi protesta por el envío de policías
A pesar de que el cuerpo policial autonómico es un polvorín, Elsa Artadi protesta por el anuncio gubernativo de enviar mil policías y guardias civiles para garantizar la integridad y evacuación en caso necesario del presidente del Gobierno y sus ministros. Ahora dice que no son necesarios, que los Mossos se bastan para garantizar la seguridad en Cataluña, pero evita apelar a los CDR para que no desaten el anunciado caos.
Los planes del ejecutivo catalán pasan por movilizar a ocho mil agentes mientras los sindicatos insinúan una oleada de bajas por enfermedad para la próxima semana. Creen que el Govern acabará por ceder como hizo en la reciente huelga de los médicos, solucionada a golpe de talonario con cien millones de euros tras cuatro días de colapso sanitario.
Autodeterminación y presos
En el plano político, desde la Generalidad se desliza que Torra sólo se reunirá con Sánchez si es para hablar de autodeterminación y presos. Se pondera la posibilidad de una especie de "cumbre" entre Sánchez, Carmen Calvo y la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, con Torra, Artadi y el vicepresidente del gobierno autonómico, el republicano Pere Aragonès.
La patronal catalana Foment de Treball presiona al ejecutivo autonómico para que asista a la entrega de los premios Ferrer Salat en una gala que se celebrará el jueves por la noche en Barcelona y a la que asistirá el equipo económico del Gobierno y, salvo cambio de última hora, el propio presidente del Gobierno.
La Generalidad se mantiene en sus posiciones de partida. Ni contiene a los elementos más radicales del separatismo ni atiende a las reclamaciones de los Mossos. Los golpistas presos en huelga de hambre tratan de aportar una dosis de dramatismo con el ingreso en la enfermería de Jordi Turull, que lleva catorce días sin tomar sólidos. A pesar del traslado al pabellón sanitario. el equipo médico especial que atiende a los huelguistas advierte de que se trata de una medida preventiva y que las pruebas realizadas a Turull no arrojan señales alarmantes.