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Los abogados de los presos de JxCat piden que testifiquen el Rey, Rajoy y Puigdemont

El letrado del exconsejero de Interior se desmarca de los escritos de defensa "políticos" de sus colegas.

(Barcelona)
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Los abogados de los presos de JxCat piden que testifiquen el Rey, Rajoy y Puigdemont
Forn, en una imagen de archivo. | EFE

El coordinador de las defensas de los encausados por el golpe de Estado en Cataluña, el exconsejero de Presidencia de la Generalidad, Francesc Homs, pretende requerir que Felipe VI comparezca como testigo en el juicio de los golpistas. Según Homs, que fue inhabilitado por el primer referéndum ilegal –el del 9 de noviembre de 2014– el Rey debe explicar si el discurso del 3-O fue inducido por Rajoy, y que tal intervención, a su entender, modificó la valoración jurídica de los hechos.

La instrucción de Homs a los abogados de los presos ha sido defendida este martes por Jordi Pina, el letrado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, que también pedirá la comparecencia como testigo del anterior presidente del Gobierno y del prófugo Puigdemont. Respecto a Rajoy, según Pina el hecho de que el Gobierno no se planteara decretar el estado de sitio y de excepción probaría la no existencia de un delito de rebelión.

Muy diferente es la estrategia de la defensa del otro preso del partido de Puigdemont, el exconsejero de Interior Joaquim Forn. El letrado Javier Melero, que fue el que defendió a Artur Mas por el 9-N, no tiene intención de facilitar el show que propone Homs con el monarca y el expresidente Rajoy, si bien sí que ha solicitado las comparecencias como testigos del exdelegado del Gobierno, Enric Millo; del ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; del ex secretario general técnico del Ministerio de Interior, Juan Antonio Puigserver, del general de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que estuvo al frente del operativo policial durante las semanas del golpe en Cataluña, así como de la plana mayor de los Mossos d'Esquadra y el ex major Josep Lluís Trapero.

Puigdemont, por videoconferencia

Coincide con su colega Pina en reclamar como testigo a Carles Puigdemont y lo hace en los siguientes términos: "Dado el especial estatus procesal del testigo propuesto, su declaración debería instrumentarse mediante mecanismo de cooperación judicial internacional y concretarse a través de videoconferencia".

En su escrito de defensa, Melero trata de exonerar al exconsejero de Interior de cualquier responsabilidad sobre las actuaciones de los Mossos durante el asedio de la comitiva judicial en la consejería de Economía de los días 20 y 21 de septiembre ni durante la celebración del referéndum ilegal.

El texto subraya que Forn "se incorporó a ese Govern en fecha 14 de julio de 2017 en calidad de Consejero de Interior, sin ostentar la condición de diputado en el Parlament. Toda su actividad anterior se desarrolló en el ámbito de la política municipal, en el Ayuntamiento de Barcelona".

Se asegura también que "el anterior Consejero de Interior, el Sr. Jordi Jané, manifestó en su declaración ante el Excmo. Instructor que cuando realizó el traspaso de cartera a D. Joaquim Forn tuvo la oportunidad de hablar con él sobre sus intenciones como nuevo titular del Departamento, y cómo éste le expresó que, más allá de consideraciones políticas, los Mossos d’Esquadra (MMEE) siempre respetarían la ley y darían cumplimiento a todas las órdenes judiciales, en estricto ejercicio de su función de policía judicial".

El papel de Forn

El escrito alude también a una entrevista en la que Forn aseguraba que los Mossos cumplirían la ley: "En una entrevista publicada en fecha 11 de octubre de 2017 al medio digital Vilaweb (obrante en las actuaciones audio y transcripción), el Sr. Forn manifestó: ‘Yo creo que es muy importante que la policía se mantenga fuera del debate político. La policía, lo dice muy claramente la ley, es la policía de Cataluña, arraigada a una determinada cultura, una determinada identidad. Pero más allá de eso, no tiene una adscripción política y, por tanto, creo que esto es un bien a preservar y creo que el cuerpo lo ha entendido bien y ha de continuar haciendo su trabajo’ (min. 27:15 de la grabación en catalán, fragmento que no fue transcrito finalmente por parte del periodista)".

La defensa de Forn insiste además en que el coordinador del operativo policial, Pérez de los Cobos, no puso objeciones al despliegue de los Mossos: "Ferrán López (que era el oficial de los Mossos que enviaba Trapero a las citas con el entonces coronel de la Guardia Civil y luego fue nombrado superior de los Mossos en virtud del 155) manifestó que en las reuniones de coordinación que mantuvo con el Sr. Pérez de los Cobos nunca se cuestionó la eficacia del operativo (mins. 27:20 y 46:26 de su declaración). En el mismo sentido, D. Manel Castellví explicó que el Sr. López siempre les trasladó que en las reuniones de coordinación informó que en cada uno de los colegios habría un binomio de MMEE, sin que por parte de nadie se formulase objeción alguna".

Para subrayar que Forn no tuvo nada que ver en referéndum, más allá de la afinidad política, el escrito apunta que "ni en el ejercicio de sus funciones como Consejero de Interior ni en cualquier otra condición el Sr. Forn incitó a las masas a oponer violenta resistencia a la actuación de la comisión judicial del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona con el objetivo de impedir que ésta pudiera llevar a cabo su cometido. No omitió disponer un dispositivo y un operativo policial que, con su actuación, hubiera podido poner fin a la concentración ante las Consejerías afectadas por la diligencia judicial. Con respecto al día 1 de octubre, el Sr. Forn no incitó a parte de la población a alzarse violentamente frente a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo a cualquier precio la jornada de votación declarada ilegal".

Un simple cargo público

La conclusión de su letrado es que "Joaquim Forn era un cargo público que participó en un gobierno que había decidido la celebración de un referéndum, pese a que éste hubiera sido declarado suspendido; y que debió mantener un delicado equilibrio entre la lealtad a la acción política de dicho gobierno (amén de a sus convicciones), y el cumplimiento riguroso de los deberes que le imponía ser el máximo responsable (en el plano político) del cuerpo de policía autonómico. Lo mantuvo con éxito".

En cuanto al delito de rebelión, el escrito sostiene que "la violencia que ejerzan o amenacen con ejercer los alzados ha de ser una violencia idónea para la consecución de sus fines: capaz, en caso de no ser abortada por la fuerza, de lograr dicha secesión de Cataluña. Los enfrentamientos y agresiones efectivamente producidos (por supuesto que condenables y susceptibles, en su caso, de tipificación autónoma) en ningún caso pueden imputarse al Sr. Forn, cuyas manifestaciones tanto públicas como privadas siempre han sido de llamamiento a la movilización ciudadana pacífica y al no enfrentamiento, ya sea entre ciudadanía y agentes, ya sea entre Cuerpos policiales".

A diferencia del escrito de los abogados de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Melero se abstiene de remontarse a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña o de incurrir en alegatos de corte político.

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