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El "gran traidor" Vila y el 'señor Lobo' Jordi Sànchez

Las defensas atribuyen los interrogatorios de la Fiscalía a que ésta se inclina por la conspiración para la rebelión en vez de la rebelión.

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El "gran traidor" Vila y el 'señor Lobo' Jordi Sànchez
Declaración de Jordi Sànchez ante el Tribunal Supremo. | EFE

Turno en el Tribunal Supremo para Santi Vila, el "gran traidor". Exalcalde de Figueras y exconsejero de Fomento y de Cultura de la Generalidad, saltó de la locomotora en marcha horas antes de la colisión con el Estado.

Vila es un apestado entre los nacionalistas. La mayoría de los acusados ni le dirige la palabra ni le mira a la cara. No le perdonan que diera un paso atrás en el momento culminante. Tampoco le perdonan un pequeño libro de memorias escrito y publicado cuando ellos estaban en la cárcel o fugados, De héroes y traidores, en el que describe la frivolidad de unos consejeros que proclamaron la república para no defraudar a sus hijos adolescentes o por temor a no poder volver a su pueblo. También cuenta los gritos de Marta Rovira cuando se propuso la opción de convocar elecciones en vez de arrojarse por el despeñadero. Llevaban años prometiendo la república.

Los más benevolentes le llaman "arrepentido". Ahora es el director general de Aigües de Banyoles y se ha dejado ver en actos del candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. Pasó una noche en la cárcel y salió tras abonar una fianza de cincuenta mil euros. Se le acusa de desobediencia y malversación. A lo primero replica que "el objetivo era tensar la cuerda, pero evitar que se rompiera". De lo segundo afirma que él cree que el referéndum lo pagaron "mecenas", "empresarios catalanes catalanistas".

El negociador

Vila se jacta de haber sido el mediador de Puigdemont con los grandes poderes del Estado. Conoció al prófugo en los tiempos en que él era alcalde de Figueras y Puigdemont de Girona. Precisamente fue Puigdemont quien casó a Vila con su primera pareja, un chef brasileño. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, fue una de las invitadas en aquella ceremonia. Se habían conocido cuando ella era ministra de Fomento y él, consejero del mismo ramo con Artur Mas de president.

Según ha depuesto ante el Tribunal Supremo, Puigdemont le encargó pactar con el Estado y evitar el choque. El 25 de septiembre llegó a un acuerdo con representantes del PP, del PSOE y con el lehendakari Íñigo Urkullu. El pacto consistía en que Puigdemont convocaría elecciones a cambio de que no se aplicara el artículo 155 de la Constitución. "Presiones externas" impidieron, según Vila, que el plan para evitar el choque de trenes se llevara a cabo. De ahí, dice, su dimisión. Una lástima que no haya entrado en interioridades sobre el papel de Oriol Junqueras y el tuit de Gabriel Rufián sobre las 155 monedas de plata cuando trascendió que Puigdemont se planteaba convocar elecciones autonómicas en vez de proclamar la república.

A Vila le parece que nadie estuvo a la altura. Considera que lo que ha pasado en Cataluña no es propio de una sociedad moderna como la catalana y que el Estado no estuvo a la altura del Estado "moderno y democrático que es". Aspira a retomar su carrera política algún día.

Sànchez, presidente de la ANC

El siguiente acusado en declarar es Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Las preguntas de Fiscalía, representada por Javier Zaragoza, se centran en los hechos del 20 de septiembre frente a la consejería de Economía.

El acusado supera el interrogatorio sin grandes dificultades. Condena reiteradamente que se destrozaran los coches de la Guardia Civil pero reprocha que en los coches había armas y que no se utilizara el garaje contiguo a la consejería. Asegura que la concentración fue cívica y pacífica, que incluso hubo actuaciones musicales, que los bares y restaurantes de la zona no bajaron las persianas. El típico ambiente de las manifestaciones independentistas, la "revuelta de las sonrisas".

Sànchez hizo lo que en todo momento le pidieron los Mossos d'Esquadra y un teniente de la Guardia Civil. Los voluntarios de la ANC, sostiene, montaron un servicio de orden impecable, un pasillo por el que podrían haber desfilado la Guardia Civil y los detenidos sin problemas. La gente cantaba, fueron los periodistas quienes se subieron encima de los coches de la Benemérita y la secretaría judicial podría haber salido perfectamente por la puerta principal en vez de por el tejado pues no la conocía nadie.

Sánchez tenía línea directa con la consejería de Interior, con el titular del departamento, ya fuera Jordi Jané o Joaquim Forn, y con el major Trapero. Era el interlocutor preferente para garantizar el orden en las manifestaciones. Controlaba la situación. El señor Lobo independentista en Pulp Fiction versión proceso. En cuanto al referéndum, él no tenía nada que ver. Que pregunten a los políticos.

Conspiración para la rebelión

Crece la impresión de que los interrogatorios de la Fiscalía están encaminados a sustituir rebelión por conspiración para la rebelión, menos penada. Las defensas están animadas. La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, se ha empecinado en preguntar a Sánchez con la exposición de vídeos y lo ha conseguido.

Las imágenes no aportaban nada, como sospechaba el presidente de la sala, Manuel Marchena, pero su exposición ha dado pie a que el letrado de Sànchez, Jordi Pina, recurriera también a un video en las preguntas de su mandante. Se trata del vídeo en el que un agente de la Policía Nacional lanza una patada contra un grupo de personas en el instituto Pau Claris de Barcelona. Tal escena ha sido emitida miles de veces en TV3. Con el recurso, Sànchez y su abogado teatralizan que la violencia en el golpe de Estado fue exclusivamente policial.

Deponía Sànchez como un campeón de la no violencia mientras en Cataluña se llevaba a cabo una huelga general con barricadas y neumáticos ardiendo en autopistas y autovías, asaltos de estaciones de trenes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra a cargo de piquetes de los Comités de Defensa de la República (CDR). La quinta jornada no ha dado para más. Marchena ha convocado a las partes a las nueve y media del próximo martes. Faltan por declarar Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, y Carme Forcadell, expresidenta del Parlament.

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