Desarrollaremos el artículo 3 de la Constitución a través de una Ley del uso del castellano como lengua oficial del Estado; garantizaremos su uso en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio de la utilización de las lenguas cooficiales allí donde existan.
Reforzaremos el carácter oficial del castellano en los actos administrativos. Siempre deberán hacerse en castellano, además de la otra lengua cooficial.
Nadie podrá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano una infracción.
Las señales, paneles y placas, urbanas e interurbanas, utilizarán siempre, al menos, el castellano.
El conocimiento y buen uso del castellano será un requisito indispensable para el acceso a un empleo público. Las lenguas cooficiales pondrán considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente.
Las Administraciones elaborarán planes de formación para garantizar la atención a los ciudadanos en la lengua cooficial que voluntariamente elijan.
