Apurando el plazo del ultimátum dado por la Junta Electoral Central, el presidente de la Generalidad, Quim Torra ha trasladado su negativa a retirar lazos amarillos, esteladas o pancartas a favor de la libertad de los presos de las fachadas de los edificios públicos. En un comunicado, Torra alega que cumplir esta orden sería igual de partidista que mantener la simbología separatista porque, según el presidente catalán, la Junta Electoral con su ultimátum se está posicionando al lado de las formaciones constitucionalistas que también han hecho campaña a favor de retirar lazos y pancartas. "La prohibición implica, por ende, el reconocimiento a los ideales de unos partidos que concurren a las elecciones", señala.
Torra pide a la Junta Electoral que reconsidere su resolución del pasado lunes porque tanto los lazos, como las banderas separatistas y las pancartas se enmarcan dentro de una "reivindicación democrática, legítima y no violenta" y es más, siguiendo con las excusas asegura que en cualquier caso, tendría bastantes dificultades para cumplir con esta orden "en sus justos términos" porque buena parte de los edificios públicos no son propiedad de la Generalidad ni están directamente gestionados por el Ejecutivo autonómico.
El viernes se reúne la Junta Electoral para estudiar esta especie de recurso presentado por Torra, pero una vez confirmadas sus intenciones de desobedecer al organismo electoral, el presidente catalán se enfrentaría a una multa como máximo de 3.000 euros cuyo dinero no se descarta que pueda salir de la manida "caja de solidaridad" de las entidades separatistas. El dirigente separatista intenta justificar su nuevo acto de desobediencia asegurando que tiene la obligación de respetar la libertad de expresión de los empleados públicos entendiendo que ese personal de la administración está amparado, por tanto, a poner tanto lazos como pancartas a favor de los presos golpistas.