Las redes sociales han vuelto a ser el principal campo de batalla de una agria polémica alrededor del PP y de una de sus propuestas incluidas en la Ley de Maternidad que presentó hace unos días, que ha servido a destacaros tuiteros y no pocos medios de izquierda para esparcir un bulo según el cual el PP propone que, si una inmigrante ilegal entrega a su hijo en adopción, esto puede servirle para sortear un proceso de expulsión.
Las reacciones han sido viscerales. Un buen ejemplo de ellas es el mensaje de Ada Colau en su cuenta de Twitter en el que llegaba a calificar a los populares de "secuestradores de niños". Según la alcaldesa de Barcelona "el PP propone en una ley de maternidad retrasar la expulsión de las mujeres sin papeles si dan a sus hijos en adopción", afirmaba, tras lo que remataba: "Machistas. Racistas. Clasistas. Solo faltaba secuestradores de niños. Fascistas".
Pero, ¿qué hay de cierto en esa afirmación? En realidad nada, o muy poco. La propuesta de los populares es parte de la Ley de Maternidad que anunció Casado hace unos días. En ella, entre otras muchas propuestas, está garantizar "la confidencialidad y la protección legal de las mujeres que entreguen a sus hijos en adopción".
Esto se aplicaría también a las mujeres que se encuentren en situación ilegal en nuestro país, pero no se trata de que entregar ese hijo en adopción sea una forma de comprar una nacionalidad española o de frenar un proceso de expulsión que ya se hubiese iniciado. "Esto es una barbaridad", aseguran desde el PP a Libertad Digital, pero también lo es según los populares "utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer". Es decir, que lo único que prevé la propuesta es "evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y la madre" que, quien inicie el trámite de adopción, pueda ser usado para acabar expulsando a la mujer.
La propuesta que hace el PP es, de hecho, "ampliar al ámbito estatal" una medida que "ya se aplica con éxito en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo" –de hecho así lo recogen ya los protocolos– y que, básicamente, consiste en que los datos de la mujer que entrega a su hijo en adopción son absolutamente confidenciales y, por tanto, no tendrán ninguna repercusión legal negativa para una mujer que es obvio que está en una situación muy compleja y, además, ha tomado una decisión muy difícil. De hecho, este tipo de medidas se desarrollan como parte de una política contra el abandono de bebés.
¿Cómo se ha propagado el bulo?
Paradójicamente, o no, el bulo nace a partir de un tuit de la flamante empresa de comprobación de bulos contratada por Facebook, la Newtral propiedad de Ana Pastor. En el mensaje aseguraban que "hemos hablado con el PP y nos lo ha confirmado" y remitían a una noticia publicada en la web de la empresa. A partir de ahí era reproducida en términos muy similares en otros medios como eldiario.es, Infolibre, Televisión Española o La Vanguardia.
A partir de ahí se publica en multitud de medios y es aireado por los más destacados tuiteros de la izquierda, como la propia Ana Pastor que empezaba por señalar el tema como ACOJONANTE y más tarde explicaba la cuestión en términos tajantes para despejar todas las dudas:
Tres puntos clave que desmontan al pp:
1. ellos mismos lo han dicho
— Ana Pastor (@_anapastor_) 13 de marzo de 2019
2. Si lo hacen por "proteger los datos", mienten porque esto ya ocurre en las adopciones
3. Lo vinculan a natalidad. (Y no protegen a quien denuncia una violacion por ejemplo)
Curiosamente, Pastor comentaba que la medida no incluía una protección parecida para "quien denuncia una violacion (sic) por ejemplo", pero olvidaba decir que sí existe una salvaguarda aún mayor en el caso de las denuncias por Violencia de Género, tal y como recordaba el popular tuitero Tsevan Rabtan, jurista de profesión.
De hecho, esta Ley va mucho más lejos ya que prevé que "la autoridad competente" en cada caso "concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera" que haya denunciado un caso de violencia de género. Es más, esta autorización de residencia y trabajo se extendería a sus hijos.
El propio Tsevan Rabtan destacaba que, mientras todos los críticos con esta medida estaban dando por hecho poco menos que la apertura de un mercado de compraventa de niños a cambio de la nacionalidad española y denuncia la propuesta como un incentivo perverso, nadie veía tal incentivo perverso en un asunto tan espinoso como las denuncias por violencia de género, "cuando además se da la circunstancia de que la adopción supone una decisión que afecta a una relación en abstracto mucho más intensa (madre-hijo) que la que existe en el caso de una relación o exrelación de pareja".