Era cuestión de tiempo. Sin presupuestos, sin mayoría en la cámara tras perder el voto de los fugados y con sus socios radicales pidiendo un adelanto electoral por "incapacidad de gestión", el Gobierno de Quim Torra ha pasado de tambalearse a agonizar directamente y antes de lo previsto en la propia Generalidad. La intención inicial a la que se habría comprometido Torra con el fugado Carles Puigdemont era la de esperar al menos al fallo de la sentencia del Supremo para convocar nuevas elecciones en Cataluña, pero la semana que viene el presidente Torra podría verse contra las cuerdas.
El PSC va a presentar en el pleno convocado para los días 3 y 4 de abril una moción en la cámara catalana en la que pide que el Parlamento autonómico constate "la inoperancia del Gobierno de la Generalidad, la falta de presupuestos para 2019 y la pérdida de la mayoría parlamentaria" y de esta manera, instarle a convocar una cuestión de confianza o directamente un adelanto electoral. La cuestión de confianza es un mecanismo parlamentario contemplado en la Constitución para medir el respaldo de un Gobierno, pero debe ser el propio presidente del Ejecutivo, en este caso Quim Torra, quien la presente. Para superarla necesitaría una mayoría simple de la cámara.
Pero los números que forzarían a Torra a presentar una cuestión de confianza podrían salir si el PSC consigue el voto de Ciudadanos, el PPC y los comunes. De esta forma alcanzarían 65 votos frente a los 61 en los que se ha quedado el independentismo después de que los fugados de JxCAT se negasen a designar un sustituto. El problema es que, hasta ahora, el bloque contrario a la ruptura ha evitado hasta la saciedad escenificar unidad en la cámara catalana y, de momento, solo fuentes del PPC aseguran a Libertad Digital que ofrecerán sus votos a los de Iceta.
En Ciudadanos, fuentes parlamentarias prefieren apuntar a este diario que lo están valorando pero que de momento, "están en periodo de enmiendas y que el voto se decidirá sobre el texto definitivo". Los comunes de Ada Colau, también valoran ya la moción y hasta la CUP podría pagar la pena del titular de votar junto a los constitucionalistas para forzar la marcha de Quim Torra a quien este martes le pedían un adelanto electoral.
Entretanto, en la Generalidad van a intentar ganar tiempo y conseguir, al menos, poder tirar adelante con el plan de contingencia que diseñan en el departamento del vicepresidente Pere Aragonès para poder hacer frente a las necesidades más urgentes con un presupuesto prorrogado. Este martes, el independentismo ha solicitado formalmente a Hacienda un adelanto de 1.600 millones de euros que saldría de los 7.000 millones de euros anunciados por la ministra María Jesús Montero para las comunidades autónomas.