El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha pedido amparo a la Mesa del Parlamento catalán porque, según él, habría un empresario catalán que estaría ofreciendo una recompensa de hasta 100.000 euros para quien se atreva a secuestrarle. Puigdemont asegura que se ha enterado de las intenciones de este empresario, al que identifica como Gerard Bellalta, por informaciones "que días atrás han transcendido en algunos medios de comunicación", ha señalado.
El empresario en cuestión es ferretero de profesión y ya había denunciado en alguna ocasión que las ventas de su negocio en Barcelona han caído bruscamente por mostrar su "españolidad en Cataluña", según relató él mismo en una entrevista a ABC en 2014 en la que también aseguraba haber recibido amenazas del entorno independentista.
Ante lo que considera un peligro, Puigdemont ha decidido enviar una carta a la cámara catalana, a la que ha tenido acceso Europa Press, para que se hagan cargo de la investigación de los hechos teniendo en cuenta que él sigue siendo diputado del Parlamento autonómico pese a estar fugado de la justicia y estar instalado en Waterloo ( Bélgica).
Puigdemont quiere que la Mesa encargue a los servicios jurídicos de la cámara "que estudie emprender las acciones que sean necesarias para denunciar y perseguir la manifiesta intención criminal de este individuo". La Mesa del Parlamento ya habría aceptado atender esta decisión y ha encargado un informe jurídico a sus letrados a fin de determinar cómo pueden actuar para amparar legalmente al expresidente catalán.
El fugado teme recibir nuevas "amenazas" y por eso no solo pide ayuda al Parlamento autonómico sino que insta también al Ministerio Fiscal a tomar medias "contra alguien que declara públicamente la intención de cometer un delito de esta entidad, que puede incentivar acciones ilegales de espontáneos o de voluntarios de diferente índole", según apunta en su carta.