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El CIS encumbra a Susana Díaz y a Vox y hunde al PP andaluz y a Podemos

El caso ERE confirma que habrá zonas de impunidad para muchos procesados pendientes de sentencia.

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El caso ERE confirma que habrá zonas de impunidad para muchos procesados pendientes de sentencia.
Susana Díaz en un acto electoral en Huelva | EFE

Claro queda a estas alturas que pocos se fían de las encuestas de un CIS. Ni siquiera los del propio partido de José Félix Tezanos. Pero lo de este martes, en su dimensión específica andaluza, supera todo lo superable. Sin que nadie sepa cómo, dada la que está cayendo sobre las espaldas de Susana Diaz a propósito de su discutible gestión al frente de la Junta de Andalucía, la trianera obtendría un colosal triunfo en Andalucía.

A este hecho se le une que la Audiencia Provincial de Sevilla emitió, el pasado día 3 de abril, un auto confirmando que las zonas de impunidad en el caso ERE están aseguradas porque el juicio del procedimiento específico, que afecta a dos decenas de ex altos cargos, va a tener un efecto solapante sobre el delito de malversación perpetrado en el resto de las casi 150 piezas separadas.

La macroencuesta dirigida por el Gobierno profetiza una gran victoria al PSOE en Andalucía que obtendría entre 26 y 28 escaños en el Congreso de los Diputados, cuando en las pasadas elecciones generales obtuvo solo 20. Con esas cifras, Susana Díaz volvería a recuperar el aire perdido en las pasadas elecciones del 2 de diciembre y nada de lo que se ha desvelado sobre las listas de espera y otras ocultaciones tendría repercusión.

Es más, es que ganaría en todas las provincias: obtendría entre 5 y 6 escaños por Sevilla; 4 por Cádiz; entre 3 y 4 por Málaga; 3 por Almería, Córdoba, Granada y Jaén; y 2 por Huelva. Por su parte, el PP obtendría entre 2 y 3 escaños por Málaga; 2 por Sevilla; entre 1 y 2 por Almería; y 1 por Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.

El PP de Juan Manuel Moreno Bonilla bajaría de los 23 escaños que consiguió en 2016 a unos 10-12, lo que significaría una derrota de tal calibre que podría hacer peligrar incluso el liderazgo de Moreno y confirmaría que no ha sido capaz de detener la hemorragia de votos perdidos desde que Javier Arenas dejó Andalucía en 2012.

Podemos tampoco sale muy bien parado de este sondeo porque perdería nada menos que entre 3 y 5 escaños de los 11 que obtuvo en las pasadas elecciones generales, dejando a Teresa Rodríguez, y a su compañero sentimental José María González "Kichi", a merced de su dirección nacional que hace tiempo mantiene tensas relaciones con ellos.

Los grandes beneficiados por esta muestra preelectoral del CIS son Ciudadanos y Vox. El primero porque ganaría entre uno y dos diputados en el Congreso respecto a los 7 que ya logró en 2016.

Pero el sorpresón de lo auspiciado por el CIS de Tezanos resulta ser Vox porque pasaría de la nada a 7-8 escaños, 2 por Málaga; entre 1 y 2 por Cádiz y 1 por Almería, Granada, Jaén y Sevilla, mientras que no lograría diputado por Córdoba y Huelva. Si se tiene en cuenta que Vox obtuvo 12 escaños en las pasadas elecciones andaluzas, el nuevo dato implica que su subida es muy potente.

Lo curioso es que estos resultados, tras haber transcurrido sólo cuatro meses desde las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, parecen querer decir que podría tener lugar una inversión de los resultados que sacaron al PSOE y a Susana Díaz de la Junta de Andalucía, algo inusual en tan escaso tiempo.

Si a ello se le une que Santiago Abascal afirmó ayer en Córdoba que los incumplimientos de los acuerdos con Vox por parte del nuevo gobierno andaluz "tendrán consecuencias", puede contemplarse un paisaje embarullado para después de las batallas electorales de abril y mayo. El hecho de que la reedición de un gobierno PSOE-Ciudadanos sólo esté a un escaño de la mayoría absoluta, alimenta la hipótesis de una crisis de gobierno para el inminente futuro.

Perplejidad y pesimismo por el caso ERE

A pesar de que aún no se tiene noticia de cuándo se conocerá la sentencia del caso del procedimiento especifico o político de los ERE, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y por la propia Junta de Andalucía. Este intentaba poder volver a juzgar por ayudas irregulares concretas a los altos cargos ya procesados en la 'pieza política' de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Tanto la Fiscalía como la Junta, incluso en la etapa de Susana Díaz, han pretendido que pudiera juzgarse de nuevo a cualquiera de los ex altos cargos procesados en la pieza ya juzgada y pendiente de sentencia, por las prevaricaciones y malversaciones contenidas en cada una de las ayudas concretas concedidas. De hecho, consideraba que el no poder hacerlo desarrollada una importante zona de impunidad en el caso.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía recurrieron la decisión de la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada María Núñez. En esta se planteaba la exclusión del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, entre otros, de la pieza que investiga los pagos realizados con fondos públicos como ayudas concedidas al entramado de empresas del corcho relacionados con Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y otros.

Pero el auto de la Audiencia, del pasado 3 de abril, expone: "las conductas presuntamente atribuidas a Guerrero en las diligencias previas de referencia coinciden con el periodo de imputación en el llamado 'procedimiento específico' cuyo juicio oral ya ha concluido, estando pendiente la causa de dictado de sentencia".

Y continúa recordando que mantiene "los argumentos expuestos por este tribunal" en "numerosas anteriores resoluciones" en la que confirmaron la exclusión de varios altos cargos ya enjuiciados en la 'causa específica' de los ERE.

Es decir, la Sala de la Audiencia competente en el caso, da la razón a los imputados que se quejaban "con razón" de que su inclusión como imputados o investigados en algunas piezas separadas podría "vulnerar su derecho a no ser enjuiciados dos veces por los mismos hechos", es decir, el principio non bis in ídem.

La Audiencia Provincial señala que, aunque la Fiscalía pretende "reforzar la idea" de que el objeto de la pieza política no se extiende ni abarca el enjuiciamiento de los singulares pagos realizados por Consejería de Empleo en las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas.

Por otro lado, se interpreta en los círculos de la juez Núñez Bolaños que lo ocurrido ha sido un triunfo para su empeño en excluir a ex altos cargos de las nuevas piezas separadas para que no sean juzgados dos veces por el mismo delito, sea el de malversación o el de prevaricación, ya enjuiciados en la pieza del procedimiento específicos.

En ellos, se considera que la Audiencia ha tumbado la 'nueva vía' que el Ministerio Público había planteado para salvar el criterio del tribunal respecto a evitar el doble enjuiciamiento, en relación con las conclusiones definitivas que la Fiscalía planteó en el juicio a los 21 ex altos cargos".

Gracias a ello, se ha confirmado la exclusión de varios altos cargos –el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez– por las ayudas que por importe de 8,4 millones se concedieron entre 2001 y 2007 a Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

Poco a poco, se va extendiendo la idea de que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares cometieron un error de bulto al introducir la acusación por el delito de prevaricación en el juicio consumado a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y casi dos decenas más de altos cargos. Haberlo hecho impide que estos acusados pueden volver a serlo en las piezas separadas causando perplejidad ante la evidencia de una extensa zona de impunidad que se va a apoderando del caso.

Igualmente, se va entreviendo que la estrategia de la nueva instructora y de la propia Fiscalía de desguazar el caso en piezas separadas contra el criterio de la primera instructora, la juez Alaya, ha beneficiado ampliamente a los acusados, no sólo por reducir el importe de los dineros y su ámbito, sino por causar archivos de algunas de ellas por prescripción.

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