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Gobiernos socialistas nombraron irregularmente a responsables de las presas andaluzas

Una licenciada en Biblioteconomía dirige las presas de Guadarranque y Charco Redondo.

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Gobiernos socialistas nombraron irregularmente a responsables de las presas andaluzas
Conducciones de la presa de Rules | Cordon Press

"Haré un ruego final a los gobernantes actuales de la Junta de Andalucía, en especial al consejero que tenga encomendadas las presas, que no es responsable de los nombramientos hechos en su día para dirigir la explotación de las presas. Si no corrige la situación lo antes posible, con el respeto debido a las personas que pudieran ser afectadas, podrá incurrir en responsabilidad ante cualquier accidente posible, que en modo alguno deseo."

Así se expresa el exconsejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Juan José López Martos, en un artículo que ha sido publicado por el grupo Joly y titulado "Las presas de embalse de la Junta de Andalucía".

López Martos es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y fue senador por el PSOE en la provincia de Granada entre 1977 y 1979. Además, fue diputado por el PSOE andaluz entre 1982 y 1983. Luego delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Sur de España. En 1990, Manuel Chaves lo nombró Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. En 2004, con el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero, la nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona lo nombró director general de Obras Hidráulicas, dimitiendo del cargo de director del Instituto Andaluz del Agua que desempeñaba.

Hay 27 presas transferidas a la Junta de Andalucía desde 2004 y 2005. Denuncia el exconsejero los nombramientos que se han hecho para dirigir algunas presas andaluzas. La situación es que hay dos presas dirigidas por ingenieros que cumplen la normativa. Otro ingeniero cualificado lleva directamente cinco presas y coordina otras siete, un trabajo probablemente excesivo. Otras cinco presas las lleva otro ingeniero cualificado, próximo a la jubilación que sustituyó a un ¡biólogo! tras su cese.

El resto, 8 presas, son dirigidas por personas que, deja deducir, no tienen la cualificación suficiente. Y cita un caso realmente sorprendente: las presas de Guadarranque y Charco Redondo. Ambas en el Campo de Gibraltar de más de 70 metros de altura, cuyos embalses superan los 79 millones de metros cúbicos, cuya explotación está encomendada a una licenciada en Biblioteconomía.

El peligro del intrusismo en las presas

Aunque la normativa estatal exige que para dirigir la explotación de una presa se debe disponer de la titulación de Ingeniería —hasta el "desafortunado" Plan Bolonia la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos—, López Martos denuncia que lamentablemente hay quien ha obtenido algunos títulos de máster por métodos escandalosos.

Y añade: "tales dislates, sin duda peligrosos, se deben al modelo con que se ha construido la Administración Autónoma Andaluza, que al bajar del habitual nivel 30 (Director General) en la Administración del Estado para los puestos de libre designación al 26 (Jefe de Servicio), para los funcionarios que optan a un puesto. Si además no se exige requisito específico alguno, para puestos como los de la seguridad de las presas, da la impresión que quizá se estén prefiriendo otros criterios al de la capacidad."

López Martos hace especial hincapié en la seguridad de unas presas andaluzas gigantescas. La presa más baja, Guadalmina, tiene 21 metros de altura y la más alta, Béznar, 134 metros. De las demás, dos superan los 100 metros, 16 los 50 metros y las siete restantes están entre 21 metros y 50 metros. Igualmente, sus características de construcción son diferentes y complejas y embalsan nada menos que 3.984,4 millones de metros cúbicos.

De las 27 presas andaluzas, 23 están consideradas de alta seguridad, esto es, que en caso de rotura los datos pueden ser muy importantes incluso con víctimas mortales. Por ello, la seguridad es fundamental y en el seno de la estrategia para hacerla efectiva es clave que el personal directivo sea el adecuado. De hecho, sus sistemas de auscultación son muy sofisticados y exige una formación adecuada.

Por ello, López Martos cita la rotura de la presa de Tous, en Valencia en octubre de 1982, que causó 40 muertos y obligó al Estado al pago de 300 millones de euros en concepto de indemnizaciones. En la sentencia la falta de personal especializado en la obra fue considerado causa del accidente entre otras. En Sevilla el colapso de la presa de Aznalcóllar, en 1998, obligó a la Junta de Andalucía a gastar 90 millones de euros.

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