Resucita este lunes la campaña electoral en Andalucía, tras una Semana Santa mayormente inhábil para ese menester, con la evidencia de que 234.428 jóvenes andaluces ejercerán su derecho al voto por primera vez en unas elecciones generales. Supone, nada menos, que un 3,57 por ciento de los 6.562.879 electores que decidirán a quién van los 61 escaños que se juegan en el Sur, sobre un 18 por ciento del total del Congreso.
De momento, de hacer caso a las encuestas, el PSOE de Pedro Sánchez se va a comer al PP, y de paso, a Susana Díaz sacando más votos que ella en diciembre de 2018. Desde luego, al Podemos de Teresa Rodríguez con una IU discapacitada. Ciudadanos está afectado por la epidemia de la indecisión -nada menos que un 33 por ciento de los votantes o 2,2 millones de andaluces- y Vox crece.
En números, el PSOE pasa de 20 a 24-28; el PP de 23 a 12-13; Ciudadanos lograría 10-11, pero con su secretario general José Manuel Villegas en la cuerda floja de Almería donde a lo mejor no sale, y Vox, 8. Podemos, con Pablo Iglesias ninguneando al sur, sólo conseguiría 3-5.
La corrupción andaluza del PSOE no existe en campaña
Pero la campaña electoral oculta también maniobras orquestales par que los macrocasos de corrupción que afectan al PSOE no queden a la vista. A los archivos y desconcierto en el caso ERE, que tiene a dos presidentes del PSOE en el banquillo y el espeso silencio sobre el caso de la formación y otros, se une ahora el mutismo sobre el supermacrocaso de la agencia IDEA, seis meses paralizado en el juzgado de la juez Núñez Bolaños.
Para las memorias flacas, recordemos que en Andalucía el PSOE y la Junta de Andalucía están implicados judicialmente en casos como el caso ERE, el caso Avales I y II, el caso FAFFE, el caso del fraude de la formación, el caso Invercaria, el caso Jeremie, el caso UGT, el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, el caso Bahía Competitiva o el caso Marismas del Guadalquivir.
En total, estamos hablando de más de 600 imputados muchos de ellos vinculados a la Junta y al PSOE y se está investigado el destino de 4.300 millones de euros de dinero público. Por ello, la Comisión Europea consideró a Andalucía la región más corrupta de Europa.
Y ahora, el caso de la agencia IDEA, conocido también como el caso de las transferencias de financiación, se oscurece durante la campaña porque este ente público, que ahora está bajo el dominio del nuevo gobierno PP-Ciudadanos, sigue sin remitir la documentación que le exigió la anterior instructora del caso, Pilar Ordóñez, cuando sustituyó a la juez Bolaños.
Se trataba de conocer si otras consejerías y dependencias de la Junta de Andalucía habían utilizado los mismos procedimientos por los que están pendientes de sentencia las dos decenas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán entre ellos.
Cuando la juez Bolaños recuperó la instrucción del caso, se ha vuelto a paralizar todo a pesar de que su antecesora le dio un impulso decisivo en sólo siete días. En la agencia IDEA, refiere ABC que se arguye que, si tuvieran que dedicarse a dar los datos que se les ha pedido, paralizarían su actividad. El nuevo Consejero de Economía, Rogelio Velasco, de Ciudadanos, pero muy relacionado con el PSOE, dice que se está colaborando con la Justicia. No se ve cómo tres meses después de la investidura de Juan Manuel Moreno.
Si a ello unimos lo poco que sale en la campaña electoral nacional el desastre de la gestión socialista en la Junta de Andalucía, desde la sanidad a la educación, desde la negligencia en las ayudas a la dependencia a las deudas y sentencias por pagar, se comprende perfectamente que Pedro Sánchez se quede tan tranquilo ante una oposición que prefiere disputarse el segundo puesto a conseguir el primero.