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Las mentiras de Pedro Sánchez en el debate de Atresmedia acorralan a Susana Díaz

La ministra María Jesús Montero usó dinero de la Junta para privilegiar al exministro Bernat Soria.

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La ministra María Jesús Montero usó dinero de la Junta para privilegiar al exministro Bernat Soria.
Susana Díaz, en una prensa de rueda este miércoles | EFE

Susana Díaz puso este miércoles cifra a lo que podría ser considerada una victoria propia en las elecciones del próximo domingo: 1.500.000 votos en Andalucía. Esto supone 500.000 sufragios más de los obtenidos por ella misma como candidata el pasado 2 de diciembre cuando solo obtuvo poco más de un millón (1.009.423), un millón menos que logró Manuel Chaves en 2008 (2.178.296) y medio millón menos que Griñán en 2012 (1.523.465).

Además del problema estratégico que le va a suponer haber situado el listón en esa cifra –si no la consigue todo el mundo señalará el fracaso y estará más cerca de la puerta de salida que le señala Pedro Sánchez–, es que los hechos, siempre testarudos, van minando la campaña de Sánchez en Andalucia día a día.

Este jueves viene a sumarse a los hechos ya expuestos por PP y Ciudadanos sobre listas de espera, dependientes fallecidos sin obtener las ayudas exigibles, las partidas sin ejecutar de los presupuestos o el dinero despilfarrados por negligencia, otro hecho contundente y no blandido por el nuevo gobierno sino por una organización independiente sobre la pobreza infantil en Andalucía.

Según el "Mapa de la pobreza infantil" elaborado por la consultora AIS Group, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más riesgo de pobreza infantil tras Extremadura, ya que alcanza al 40,6% de los menores de edad, con Almería como la provincia que presenta la tasa más elevada (43,8%), la tercera más alta de toda España, sólo superada por Cáceres (54%) y Badajoz (50,7%). El resto de provincias andaluzas están por encima del 40% y sólo Sevilla, con un 38,6%, escapa de esas primeras posiciones y se sitúa en la décimo quinta posición.

Que, tras casi 40 años de gobierno socialista, Andalucía sea una comunidad en la que el riesgo de pobreza infantil sea cuatro veces más alta que en Navarra y entre 10 y 15 puntos por encima de la media española situada en el 28 por ciento, no parece avalar la idea de buen gobierno por parte del PSOE en los 36 años transcurridos desde 1982.

Tampoco le ayuda en esta campaña la afirmación que hizo Pedro Sánchez en el segundo debate, documento en ristre, considerada falsa por Pablo Casado, Albert Rivera y el nuevo gobierno andaluz, sobre la presencia de "listas negras" en los programas de violencia de género en Andalucía. Todos le han acusado de mentir y le han exigido una rectificación.

Ya se sabía que Vox denunció la presunta falta de cualificación profesional de los empleados contratados por la Junta de establecer criterios y testimonios sobre esta lacra social. Se sabía que el Parlamento no aceptó dar sus nombres, pero sí confirmar su idoneidad profesional. Se conoció gracias a ello que una parte importante de estos profesionales no cumplían con el requisito de colegiación, obligación eludida con la complicidad de la Junta de Andalucía.

Pero Pedro Sánchez exhibió un documento en el debate de Atresmedia afirmando que el pacto de PP y Cs con Vox había tenido como consecuencia el envío de circulares a médicos, psicólogos y trabajadores sociales para hacer una "lista negra" de trabajadores contra la violencia machista.

Sin embargo, Juan Marín, por ejemplo, le acusó de que lo dicho era una mentira como una catedral y con un agravante, que Sánchez "sabía que era falso". El documento que mostró Pedro Sánchez desde su atril no era otra cosa que la respuesta que la administración de la Junta tiene que dar forzosamente, según la Ley de Transparencia, cuando se recibe una petición de información.

A pesar de la evidencia, Susana Díaz, responsable política de no exigir la colegiación de muchos de estos trabajadores, se alineó con Pedro Sánchez en sus acusaciones. Según ella, Sánchez dijo la verdad añadiendo que lleva cien días avisando de que, "desgraciadamente, una de las cosas que ha traído la derecha a la administración andaluza son las listas negras".

El caso Bernat Soria

Otro hecho que pone en peligro las expectativas de Susana Díaz es el escandaloso proceder de la Junta en el caso Bernat Soria cuando era consejera de Salud María Jesús Montero y que mantuvo ella misma como presidenta de la Junta.

El exministro de Sanidad del gobierno Zapatero y durante años contratado, junto con su esposa, Verónica Juan Quilis, por la Junta de Andalucía ya fue denunciado en Libertad Digital por falsificación de currículum. Dijo poseer la Medalla de Oro de la Real Academia de Ciencias Médicas que nunca se le concedió. Dijo haberse autoexiliado como investigador en Singapur cuando sólo pasó allí un verano con su familia. Además, dijo haber trabajado en Londres a las órdenes de los premios Nobel Erwin Neher y Bert Sakmann, que afirmaron no haberlo conocido nunca y haber sido decano de la Facultad de Medicina de Alicante, cuando nunca logró ese cargo.

Lo que sí fue verdad es que su esposa fue colocada a dedo en la Biblioteca Virtual de la Consejería de Salud en una de cuyas fundaciones, la Fundación Progreso y Salud, trabajaba su marido. Es más, su contratación fue debida a María Jesús Montero, por entonces consejera de la Junta y la propia Cámara de Cuentas de Andalucía señaló que la contratación del matrimonio no fue en convocatoria pública y dudaba de que se hubieran garantizado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Lo que sí era cierto, y denunció Ciudadanos, es que Bernat Soria, natural de Carlet (Valencia), fue socio desde su juventud de Acció Cultural del País Valencià, una asociación independentista que tenía como objetivo la creación de los denominados "Países Catalanes" mediante actos, conferencias y encuentros. Soria nunca se ha dado de baja de esta entidad que busca la anexión de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y la región francesa del Languedoc-Roussillon.

Pero es que incluso la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Libertad Digital ya lo publicó en 2011, cuestionó la elevada retribución como directivo del exministro de Zapatero en un centro de la Fundación Progreso y Salud.

Ahora, se ha sabido gracias a ABC que Bernat Soria Escoms ha cobrado más de 1,2 millones de euros desde mayo de 2009 como directivo en la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, un ente adscrito a la entonces consejera de Salud y Consumo, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y candidata del PSOE al Congreso por Sevilla.

27 días después de su cese como responsable de Salud y Consumo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2009, Bernat Soria fue contratado como director del Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) con un sueldo altísimo denunciado, como hemos anticipado, por la Cámara de Cuentas.

Según el informe de la auditora privada PwC Tax & Legal Services S.L., Soria tenía negocios privados al margen de su dedicación como científico estrella de la Junta con tres presidentes distintos, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Pero es que Soria no podía tener actividades privadas porque cobraba 5.000 euros anuales por su dedicación exclusiva.

Cuando ha llegado el nuevo Gobierno de la Junta, se le ha abierto un expediente informativo en la Fundación donde ha estado trabajando desde 2009 y se ha comprobado que tiene vinculación con seis sociedades. En algunas de ellas, el objeto social es la misma de la Fundación pública en la que trabaja. En otras aparece con su hija Bárbara Soria Juan como administradora única.

Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta por el PP, ya había denunciado la existencia de "muchos trabajadores fantasmas" en la sanidad andaluza. Ahora, el informe encargado por la propia Fundación Progreso y Salud considera "difícilmente conciliable" la "profusa actividad privada" de Soria con su "trabajo a tiempo completo en la fundación".

Pero el hecho puede ser mucho más grave si se demuestra que las investigaciones efectuadas con dinero público de la Junta terminaban beneficiando a profesionales como Bernat Soria con intereses en empresas privadas. Por ejemplo, una de las empresas participadas por Soria, Andalucell S.A., se dedicaba al asesoramiento en terapia celular.

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