Número electoral de ERC ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. La parte republicana del gobierno de la Generalidad, el presidente del parlamento y el candidato Gabriel Rufián, así como diputados y concejales de ERC se han personado delante de los juzgados para acompañar a los procesados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por la organización del golpe de Estado separatista. Singular final de campaña. No han pedido el voto, sino dinero.
Quince de los treinta encausados habían sido citados por la magistrada el viernes por la tarde para ser informados de su situación procesal y del plazo para el pago de la fianza, 5,8 millones de euros que deben abonar diecisiete de ellos, a los que se imputa el delito de malversación. El elevado importe responde a las cantidades que según la instrucción emprendida por el fallecido juez Juan Antonio Ramírez Sunyer y rematada por la magistrada Alejandra Gil se habrían sustraído de los fondos públicos para la preparación y celebración del 1-O.
Los afectados han reclamado ayuda para abonar la fianza, pero los llamamientos a engrosar la "caja de solidaridad" del separatismo no han surtido efecto aún, de modo que los dirigentes de ERC han pedido dinero en vez de votos en sus intervenciones ante los medios. Emplazan a quienes participaron en el 1-O a que pongan de su parte para aliviar la carga de los altos cargos que montaron el "glorioso" referéndum. Así, el vicepresidente del Govern y segundo de Junqueras, Pere Aragonès, ha reclamado la ayuda financiera "para que 17 personas no tengan que asumir el compromiso de dos millones", en alusión a los participantes en el referéndum ilegal.
Apoyo incriminatorio
En la línea de los testigos de las defensas en el Tribunal Supremo, Aragonès ya ha sentenciado a los procesados al afirmar que "son perseguidos por haber hecho posible el 1-O, al servicio del país y en cumplimiento de las leyes del país". El vicepresidente regional se ha quejado también de que el golpe de Estado sea causa en tres instancias judiciales, Supremo, Audiencia y juzgado número 13 de Barcelona, lo que a su juicio genera indefensión. Rufián se ha sumado a las tesis de Aragonès, ha calificado de "cabezas de turco" a sus compañeros y ha pedido dinero para los procesados por malversación con el argumento de "impedir que paguen la venganza de un Estado antidemocrático".
Las organizaciones separatistas abrieron una "caja de solidaridad" que ha servido para abonar la fianza de cuatro millones que le exigió el Tribunal de Cuentas a Artur Mas, la que pidió la justicia alemana para dejar en libertad a Puigdemont y los gastos relacionados con la representación legal de los procesados. Ahora se trata de que militantes y simpatizantes asuman los 5,8 millones que se exigen a los altos cargos que montaron el referéndum y se mantengan al corriente de las derramas y cotizaciones de la Crida y el Consell per la República de Puigdemont, de Òmnium, la ANC y los partidos.