El organismo electoral resuelve los recursos presentados la semana pasada por el PP y Cs para impedir la candidatura del expresidente catalán, Carles Puigdemont y dos de sus compañeros de fuga: Clara Ponsatí y Toni Comín para las próximas elecciones europeas del 26 de mayo alegando que no están en uso de sus derechos políticos dada la situación de "rebeldía procesal penal" en la que se encuentran. El organismo electoral da la razón a PP y Cs y prohíbe que los tres fugados puedan presentarse a los comicios. Beatriz Talegón, Xavier Trías y Gonzalo Boye serán sus sustitutos de forma "provisional" después de haberse ofrecido voluntariamente.
La Junta Electoral Central ha comunicado a los tres afectados que quedan excluidos de la coalición electoral Libres por Europa, que es el nombre de las siglas de Puigdemont para poder entrar en el Parlamento Europeo pero la decisión todavía puede ser recurrida en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. La defensa de los fugados ya ha anunciado que "desplegarán de manera inmediata todas las acciones jurídicas en el Estado español y en Europa" para defender los derechos de los tres candidatos. "Lo impugnaremos y, con toda seguridad, lo ganaremos", ha dicho el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas.
Sin duda, esta decisión del organismo electoral supone un nuevo revés al expresidente catalán que ya contaba con poder conseguir un escaño en la Eurocámara en las elecciones del 26 de mayo para alcanzar la inmunidad parlamentaria que le permitiría poder volver a España sin correr el riesgo de ser detenido. Sin embargo, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo concluyeron hace unas semanas que, para conseguir su acta de diputado y por lo tanto la inmunidad, Puigdemont tendría que jurar antes la Constitución. Según la defensa del fugado, habría otras vías para poder conseguirlo, apuntando a Estrasburgo.
En concreto, en el informe emitido por el Parlamento Europeo se apuntaba a que un candidato puede concurrir a las elecciones europeas aunque pese sobre él una orden de detención nacional en España, pero que "su presencia en Madrid (sede de la Junta Electoral Central) es obligatoria para acatar la Constitución y poder ser incluido en la lista comunicada por las autoridades españolas al Parlamento europeo". En las redes sociales, el también diputado electo por Gerona, Jaume Alonso Cuevillas afirmaba que "apartar a Puigdemont es una operación de Estado".
És un fet gravíssim
Sabien que no podrien frenar l’elecció del MHP @KRLSopten per impedir-ne la candidatura vulnerant tots els drets imaginables
Apartar Puigdemont i tot el que representa és una operació d’estat
Però no defallirem
— Jaume Alonso-Cuevillas (JACS) (@cuevillasjacs) April 29, 2019
Fuentes del partido de Puigdemont consideran que tras esta maniobra de PP y Cs hay un claro temor a que el expresidente catalán pueda conseguir ese acta de eurodiputado e insisten en que el líder de JxCAT "tiene sus derechos políticos intactos" y que ya se presentó a las elecciones catalanas de 2017 estando huido de la justicia. Según el partido separatista la JEC, que sí ha facilitado que los presos golpistas hayan podido participar en mítines desde la prisión de Soto del Real, ahora quiere frenar otra victoria del independentismo después del resultado histórico conseguido este domingo por ERC en Cataluña. Puigdemont, sin embargo, solo ha conseguido "salvar los muebles", y reducir en uno su número de diputados.
Canadá también le niega la entrada en el país
A la prohibición de la JEC para que Puigdemont pueda ser candidato a las elecciones europeas hay que añadir el aviso de las autoridades de Canadá denegando la posibilidad de que pueda pisar este país. El expresidente catalán tenía previsto viajar a Quebec el pasado 1 de abril para participar en varios actos organizados por la Sociedad San Juan Bautista, una entidad independentista canadiense, pero el Gobierno de Justin Trudeau le denegó el permiso de visita.
La defensa del expresidente catalán ha recurrido este mismo lunes la decisión ante el Tribunal Federal canadiense y espera que se pronuncie lo antes posible. También la entidad independentista, que había invitado a Puigdemont a varios de sus actos en Quebec, ha acusado al Gobierno federal de intervenir políticamente para imposibilitarle pisar el país.