El Sindicato Andaluz de Funcionarios contra un concurso de méritos para que consoliden su puesto de trabajo. Algunos llevan trabajando como empleados públicos andaluces desde hace 27 años concatenándose los contratos hasta el momento presente por obra y gracia de la Junta gobernada por el PSOE. El número exacto es de 29.511 interinos que trabajan en "fraude de ley" en la Junta desde hace años. Ahora, su plataforma ha presentado 51.630 firmas para que el Parlamento andaluz tome en consideración su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de realizar una Oferta de Empleo Público (OPE) que dé estabilidad a sus plazas.
Al superarse las 40.000 firmas, la iniciativa llegará al Parlamento andaluz para conseguir que una Iniciativa Legislativa Popular presente una proposición para que una Oferta Pública de Empleo sea exclusivamente un concurso de méritos para estabilizar las plazas que ocupan en calidad de interinos, por abuso de los gobiernos socialistas de la temporalidad.
Según la Plataforma, la Ley de Presupuesto General autoriza la fórmula que ellos plantean de una oposición exclusiva que solo contemple un concurso de méritos. Pero según la legislación vigente, este proceso es uno de los modos por los que los funcionarios de carrera pueden progresar en su carrera administrativa, sin referencia alguna a interinos o personal temporalmente contratado.
Es más, según la legislación actual, el concurso de méritos (también llamado concurso de traslados) es el procedimiento ordinario de adjudicación de puestos de trabajo en el que un órgano colegiado independiente valora los méritos y capacidades de los aspirantes y propone la adjudicación de los puestos convocados a los aspirantes que hubieran obtenido mayor puntuación. Todo ello siendo funcionarios de carrera.
En la historia de la administración pública andaluza desde 1979, una administración ex novo que impulsó y organizó el PSOE, este un capítulo más del abandono del Derecho Administrativo y de la generalización de la arbitrariedad. Nombramientos a dedo, colocaciones directas, oposiciones discutidas hasta por el Tribunal Constitucional, por no tener en cuenta a quienes desean acceder a la Función Pública y son excluidos, y, cómo no, la extensión de la llamada "administración paralela" ha llevado a una situación insostenible.
Hay discrepancias en cuanto al enfoque de la cuestión. Los miembros de la Plataforma consideran que los interinos son funcionarios porque al menos una parte de ellos han aprobado oposiciones, pero no han sido provistos del puesto de trabajo. Otros, sin embargo, consideran que el nombramiento de interinos por razones de urgencia o necesidad fue un sistema del régimen socialista para que sus partidarios penetraran la Administración Pública. Consentir un concurso de méritos como si fueran funcionarios sería un menoscabo de los derechos de todo andaluz de concurrir a un puesto en la Administración Pública.
Según la Plataforma que impulsa la Iniciativa Legislativa Popular, los afectados "aprobaron unas oposiciones", aunque sin plaza, como requisito para su nombramiento, por lo que se defiende que ahora se utilice directamente el concurso de méritos para adjudicarlas definitivamente. Tal cosa se ajusta al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público.
En realidad, lo que expone el artículo citado es: "61.6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos".
Está claro que tal artículo se refiere únicamente a funcionarios de carrera con oposiciones regladas y con plaza propia en la Administración, no a los interinos. La Plataforma añade que la convocatoria sería "libre" pudiéndose presentar, no todos los ciudadanos, sino solo aquellos "que hayan ocupado puestos de funcionario interino, aunque hayan sido cesadas". Dicho de otro modo, se trata de unas oposiciones restringidas para interinos contratados sin que se sepa bien cómo y que pretenden que la "mochila" de los méritos consistentes en haber desempeñado puestos en la Administración con carácter temporal se tengan en cuenta por encima de otros méritos y derechos.
Según los datos de la Plataforma, en Sanidad hay 18.618 trabajadores eventuales estatutarios; en Educación 9.603 interinos; en la Administración General 902 y en Justicia 388 que actualmente están en situación de "fraude de ley". Ahora, la Oficina del Censo Electoral tiene que contar oficialmente las firmas y a partir del 26 de junio, la Iniciativa Legislativa Popular llegará Consejo de Gobierno de la Junta que debe informarla y remitirla al Parlamento.
Ante las presuntas acusaciones de oposiciones privilegiadas para dejar fijos a quienes fueron colocados de manera temporal sin pruebas específicas, la Plataforma aduce que la Ley de Presupuestos Generales está blindada ante posibles recursos en los tribunales de particulares o sindicatos que denuncien una posible situación de privilegio de los interinos en esta convocatoria extraordinaria de empleo público, ha subrayado El Mundo.
El Sindicato contra el concurso privilegiado
Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el colectivo de funcionarios interinos que está detrás de la recogida de firmas tiene la intención de acceder a la condición de funcionario de carrera en un procedimiento ad hoc, o lo que es lo mismo, un procedimiento sin oposiciones reales. De prosperar esta Oferta de Empleo Público como concurso de méritos para interinos se cometería "un auténtico atentado a los derechos de los ciudadanos que quieren acceder a la administración pública y un auténtico atentado a los principios constitucionales de acceso a la función pública establecido por la Constitución."
La pretensión "supone una burla sin precedentes al principio de igualdad y de libre concurrencia que debe regir cualquier procedimiento selectivo de acceso a la función pública. Esta propuesta no es nada ética, es demagógica, injusta y, sobre todo, egoísta. Pretende que haya "ciudadanos de primera y de segunda" a la hora de acceder a la administración. Estos interinos aspiran a que se les regalen las plazas de funcionarios sin el más mínimo esfuerzo.
Sigue diciendo el SAF que cuando accedieron a tal condición en la administración estos interinos eran plenamente sabedores de ello. Y en la Administración General de la Junta de Andalucía muchos accedieron la personal interino sin pasar ninguna prueba selectiva.
Las grandes culpables de la temporalidad en el empleo público las tienen las distintas administraciones públicas por permitir interinidades de tan largo período. No es de recibo que haya interinos con más de 20 años en esa situación. Las interinidades no deberían de durar tanto en el tiempo, hay que regular su tiempo máximo. Pero la mejor solución a la temporalidad es convocar todas las plazas dotadas y vacantes en procesos selectivos de oposición, por supuesto sin fase de concurso, y evidentemente descartar de plano el concurso de méritos, y que en esas oposiciones puedan participar todos los ciudadanos bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y también con publicidad, transparencia y libre concurrencia.
Por ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios pide al nuevo "gobierno del cambio" que esté a la altura que se le espera y que gobierne para todos los ciudadanos, que no permita privilegios y no beneficie a estos colectivos con pretensiones tan injustas y egoístas que tienen con el resto de la ciudadanía.