Santi Vidal vuelve a la carrera judicial. Al que fuera efímero senador de ERC se le ha asignado plaza de titular en el juzgado de lo social número 27 de Barcelona. Una serie de conferencias organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la que Vidal era el ponente estrella desencadenó la investigación sobre el referéndum ilegal del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
A primeros de 2017, Vidal iba por los pueblos de Cataluña contando a los simpatizantes separatistas que el gobierno catalán disponía de los datos fiscales de todos los catalanes, que se habían obtenido de forma secreta e ilegal, que la Generalidad disponía de una partida de cuatrocientos millones de euros para las estructuras de Estado necesarias para la independencia y que la república era cosa hecha. Tales conferencias activaron las alarmas del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que dio curso a las actuaciones judiciales, entre ellas el registro en la sede de Economía, en contra del referéndum ilegal del 1-O.
Santi Vidal fue forzado a dimitir por ERC, pero encontró acomodo como asesor jurídico en la Generalidad. Hacía ya un año que había sido apartado de la carrera por redactar una especie de constitución catalana e instar a sus compañeros jueces a sumarse al proceso.
Pasada la sanción de tres años, Vidal intentó recuperar su plaza de juez, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frenó el reingreso aduciendo "falta de aptitud", Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló con posterioridad del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se basaba la resolución.
Fallo a favor del Supremo
El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo falló a favor del reingreso de Vidal, toda vez que ya no constaba como investigado en el juzgado número 13. Ramírez Sunyer falleció en noviembre de 2018 y se hizo cargo del juzgado la magistrada Alejandra Gil, que concluyó hace un mes la instrucción con el procesamiento de una treintena de altos cargos de la Generalidad, incluida la cúpula mediática de TV3 y Catalunya Ràdio, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación, revelación de secretos y falsedad documental.
Además, impuso una fianza de 5,8 millones de euros que no ha sido abonada por los imputados, de modo que la juez ha instado procedimiento de embargo.
Organización criminal
Del mismo modo, la fiscalía solicita ahora para los acusados que también se les impute por organización criminal, lo que acarrea penas de hasta ocho años de prisión. Según ERC y Junts per Catalunya, la adenda de la organización criminal es la respuesta del PSOE a través de la fiscalía al veto en el parlamento catalán a la designación de Miquel Iceta como senador autonómico para que pueda presidir el Senado. En cambio, sobre la "restitución" del exsenador separatista como juez no se han pronunciado.