Descarrilamiento de la Fiscalía en el Tribunal Supremo. El presidente de la sala que juzga el golpe separatista, Manuel Marchena, atiende las protestas de la defensa, en concreto de la letrada Marina Roig, del equipo que defiende a Jordi Cuixart. El fiscal Javier Zaragoza pretendía que un capitán de la Guardia Civil que ya había declarado en la sala como testigo ejerciera de perito en relación al famoso documento "Enfocats" –el diagrama del golpe de Estado– y otros papeles incautados a Josep Maria Jové –el que fuera número tres del departamento que dirigía Oriol Junqueras– en su despacho y su domicilio.
Ateniéndose a la propia jurisprudencia del Supremo y tras un paréntesis de diez minutos, Marchena ha obligado al capitán a abandonar la sala, puesto que su valoración pericial podía quedar contaminada por su anterior condición de testigo. Quedaba un sargento del Instituto Armado a quien la sala ha otorgado la condición de "testigo experto", no perito, lo que también ha provocado las protestas de las defensas toda vez que ya se había dado por acabada la fase testifical.
Marchena ha limitado tanto el radio de acción de las preguntas que el fiscal Zaragoza ha arrojado la toalla y ha renunciado a continuar con el interrogatorio. Los abogados de los golpistas constatan un cierto cambio de registro por parte de Marchena, más paciente con sus interrupciones y maniobras.
423 testigos
Para el registro, 423 personas han pasado por la sala como testigos durante el juicio y en la rauda fase pericial se ha producido la comparecencia conjunta de expertos de la defensa y la acusación, un formato nada habitual.
Se trataba de cuatro peritos en materias inmobiliaria, catastral y de tasaciones. Los propuestos por la defensa han negado que la utilización de inmuebles públicos para el referéndum provocara un lucro cesante que la otra parte calcula en unos novecientos mil euros, cifra que no ha llegado a relucir debido al perfectible manejo de los datos de la fiscal Consuelo Madrigal.
Tintes filológicos y surrealistas
La sesión ha adquirido tintes verdaderamente surrealistas con la comparecencia, a petición de la defensa del exconsejero de Interior Joaquim Forn, de la filóloga Gemma Rigau, presidenta de la comisión de gramática del Instituto de Estudios Catalanes.
Para el letrado Melero es de vital importancia que la filóloga declare sobre una traducción al español de una nota de los Mossos a Forn en la que en catalán se decía que el "1 de octubre se ha de celebrar el referéndum" y se tradujo por "se debe celebrar". Un "falso amigo", según la docta Rigau, quien comentó que ese "se ha de celebrar" no quiere decir que se tenga que celebrar sino que está previsto. También entró en honduras epistemológicas ante el asombro de la sala y de Marchena, quien se abstuvo de aligerar el trámite.
Lesiones compatibles con agresiones
La defensa de Junqueras y Romeva, ejercida por Andreu Van den Eynde, también presentó a dos médicos traumatólogos de Barcelona que hicieron un informe sobre las lesiones sufridas por los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, todas leves, según dijeron. Admitieron a preguntas de fiscalía que las contusiones, dislocaciones, hematomas y eritemas eran compatibles con las agresiones referidas por las víctimas en los partes médicos.
Cerraron la fase dos expertos informáticos llamados por la defensa de Cuixart para intentar desmontar la tesis de que la Generalidad y Òmnium compartían páginas y dominios para el fomento del referéndum. Con su declaración se cierra la fase pericial. Marchena ha puesto el acelerador. Quiere acabar la vista oral a mediados de junio y tras haber superado la montaña de la testifical, el juicio ya es cuesta abajo. Este lunes comenzará la fase documental, el visionado de las imágenes del asedio a la consejería de Economía del 20-S y las intervenciones policiales del 1-O, las facturas, correos electrónicos, agendas y papeles determinantes en el caso.