La desesperación del presidente catalán, Quim Torra, no tiene límites. A la espera de que finalice el juicio y la sentencia decida su futuro político, este viernes ha reunido, de manera extraordinaria, a todo su Gobierno en la Generalidad para aprobar una petición formal de retirada de todas las acusaciones contra los golpistas después de conocer que la Fiscalía va a mantener las penas por rebelión, incluidos los 25 años de cárcel para el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Tras la reunión ha comparecido su portavoz, Meritxell Budó para explicar que este mismo viernes han enviado una carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para instarle a dar cumplimiento al informe elaborado por un reducido grupo de Naciones Unidas que habla de detenciones "arbitrarias" en relación concretamente a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, juzgados actualmente en el Tribunal Supremo por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En esa carta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Torra pide a Pedro Sánchez que, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, actúe de inmediato para facilitar la libertad de los presos y para que se les conceda una indemnización "por el largo tiempo en el que han estado privados de libertad". Además, exigen al Gobierno a que inicie cuanto antes una "investigación exhaustiva sobre las circunstancias alrededor de esta privación arbitraria de libertad" y a que adopte "las medidas pertinentes contra quienes están violando sus derechos", dice la carta. De no responder a esa misiva, Torra amenaza con "impulsar las acciones legales que hagan falta" para hacer efectivo este informe firmado por cinco personas.
España pedirá inhabilitar al grupo de la ONU
La rueda de prensa en Cataluña coincide con la petición que va hacer España este mismo viernes a Naciones Unidas para que inhabilite a dos de los cinco miembros del llamado Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que esta semana han cargado contra la detención de Junqueras, Sánchez y Cuixart por considerarla arbitraria. Se trata del surcoreano Seong-Phil Hong y el mexicano José Guevara.
Lo ha anunciado este viernes el embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller argumentando que existe "un conflicto de intereses" entre esos dos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres dirigentes separatistas presos, que formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ellos en, al menos, dos causas.
La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá también ha anunciado, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "España ha solicitado la revisión de la opinión de este grupo de trabajo por los errores y distorsiones que contiene". Celaá ha tachado, además, de "despropósito" las peticiones de petición de libertad e indemnizaciones que ha hecho Torra "por desconocer absolutamente lo que es el reparto de poderes", matizando al presidente catalán que "es el poder judicial el que se está encargando de esta cuestión y no el ejecutivo".