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Vox presenta su enmienda a los Presupuestos andaluces y dice que la retirará si se atienden sus peticiones

Algunas de sus demandas son eliminar la administración paralela, bajar el IRPF, garantizar la libertad educativa y luchar contra la inmigración ilegal

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Vox presenta su enmienda a los Presupuestos andaluces y dice que la retirará si se atienden sus peticiones
Vox presenta su enmienda a la totalidad | EFE

Vox ha presentado a las 11:08 su enmienda a la totalidad, aunque es consciente de que no se lo creía nadie. Incluso Adelante Andalucía, los podemitas del Sur, mostraron incredulidad ante la posibilidad de que hoy, a las 11 de la mañana, Vox presentase su enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces. Haberlo anunciado con antelación y haberse dejado una hora completa antes de la expiración del plazo, parecía indicar que alguna posibilidad de acuerdo inicial había.

De todos modos, el caso no está cerrado porque, sorprendentemente, Vox anuncia que está dispuesto a retirarla si se atienden sus demandas, pero advierte que las negociaciones futuras no sólo tienen que llevarse a cabo con el PP-A sino también con Ciudadanos (Cs) porque son los dos partidos que componen el Gobierno autonómico. El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha preguntado sobre si existe alguna posibilidad de que la enmienda sea finalmente retirada antes de su votación, ha indicado que "sería irresponsable no estar abiertos a esa posibilidad, que evidentemente dependerá de la actitud que tenga el Gobierno y las propuestas que puedan hacernos".

Como se recordará, los votos de los doce diputados de Vox, que tiene un acuerdo de investidura con el PP-A, son fundamentales para que los Presupuestos puedan ser aprobados, puesto que PP-A y Cs no suman mayoría absoluta en el Pleno del Parlamento.

Las razones para la enmienda a la totalidad son, textualmente: "Estos presupuestos no pueden ser contemplados ni siquiera el más tímido anuncio de unas nuevas políticas. Estamos ante una ley continuista, que no apuesta por el desmantelamiento de una hipertrofiada administración paralela que no justifica no ya sus costes sino ni siquiera su existencia. Una ley continuista que no apuesta por la despolitización de la administración. Una ley continuista que consolida las subvenciones ideológicas. Una ley continuista que hace caso omiso de las auditorias e informes elaborados por la Intervención General y la Cámara de Cuentas. Una ley continuista que no supone un decidido apoyo a las familias y a la natalidad. Una ley continuista que tampoco arbitra ninguna medida para luchar contra la inmigración ilegal".

En cualquier caso, hasta el día 12 de junio, fecha de la celebración del pleno parlamentario andaluz sobre el proyecto de presupuestos, quedan unos pocos días para tratar de conseguir el acuerdo que necesitan el PP y Ciudadanos para no tener que soportar los meses que quedan de 2019 con los presupuestos prorrogados del PSOE de Susana Díaz. En tal caso, se verían forzados a adoptar la política "Sánchez" de gobernar en minoría con cuentas heredadas, pero con el decreto como forma privilegiada de actuación.

No habría otra salida porque la suma de los 33 diputados socialistas, los 17 de Adelante Andalucía y los 12 de Vox suman la mayoría absoluta necesaria (que está en 55 diputados) para tumbar los presupuestos. Aunque cada uno vota su enmienda a la totalidad que todos ellos presentarían previsiblemente, el resultado sería el rechazo del Pleno al proyecto del gobierno Moreno.

Las causas de esta situación, como es sabido, es la ininteligible posición de PP y Ciudadanos hacia quien es de hecho un socio del gobierno, aunque sin participación en la mesa del consejo de gobierno de la Junta y los cargos de las diferentes Consejerías. Desde el principio, Ciudadanos lo ha considerado como "no existente" y se ha negado a firmar nada con Vox, aunque ha aceptado sus votos para que Juan Marín sea el jefe de gobierno "bis" de Andalucía.

El PP, por su parte, enmendó muy oportunamente su inicial posición a la Feijóo de ignorar a Vox. Gracias a sus contactos con Vox en Andalucía se pudo firmar un acuerdo que contiene 37 puntos que Vox ha comprobado que se firmaron para no cumplirlos. De hecho, no se cumplen en su totalidad en ningún caso.

La consecuencia de los incumplimientos y los ninguneos es la reacción de Vox, ya anunciada por su líder nacional, Santiago Abascal, que anticipó que volverían a los mítines subidos a los bancos antes de consentir que los maltrataran o excluyeran. Los incumplimientos certificados de la vía del centro derecha andaluz -recibir apoyos de Vox sin que Vox estuviese en el gobierno-, ha saltado por los aires en los demás frentes de negociación tras las elecciones generales y autonómicas.

Ciudadanos, aunque ha modificado levemente su posición, habla de encontrarse con el partido de Abascal, pero no de acuerdos, insiste en el ninguneo de Vox. Hasta el punto está llegando el vodevil que podría pensarse –y ya se ha escrito–, que Juan Marín busca, de hecho, que lo que ocurre sea el principio de una crisis irreversible que devuelva a Susana Díaz al Palacio de San Telmo con el apoyo de Ciudadanos como antes.

Por su parte, el PP, cogido entre dos aguas, ha tratado hasta el momento de proporcionar "apaños" bajo cuerda, según fuentes de toda solvencia, para intentar que la enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces no sea presentada en la mañana de hoy. Pero Vox ha insistido en que se contemplen adecuadamente lo 37 puntos del acuerdo firmado por el PP y Vox, acuerdo que facilitó la investidura de Juan Manuel Moreno.

Finalmente Vox ha presentado la enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces con lo que se estará dando un toque de atención, no solo andaluz, sino nacional, a PP y Ciudadanos y se estará a la espera de conseguir alguna solución antes del día 12 de junio.

El acuerdo PP-Vox

Este texto de 37 puntos fue firmado por Teodoro García Egea, por el PP, y por Javier Ortega Smith, por Vox, ambos secretarios generales de sus formaciones, que no por sus representantes andaluces. Esto es, fue un acuerdo nacional.

En ese texto, se proponen objetivos generales como la creación de empleo, la bajada fiscal, la estabilidad económica y demás puntos genéricos que no tienen incidencia concreta en medidas definidas. Pero hay otros que sí obligan a tomar decisiones bien claras:
Por ejemplo, el punto 3, "Abogar por un Gobierno basado en el diálogo y el respeto a todas las fuerzas constitucionalistas. Condenamos todo ataque a cualquier fuerza política democrática" choca de plano con la actitud de Ciudadanos.

El punto 5, "Impulsar una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada del tramo autonómico del impuesto del IRPF y del tramo autonómico del impuesto sobre el patrimonio, equiparándolo a los tipos de la escala nacional y revertir la subida del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados" no se recoge adecuadamente en los presupuestos.

El punto número 6, "Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela" no se tiene en cuenta hasta el momento. El punto 9, "Eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social" no se ha respetado.

Del punto 13, "Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones" nada se sabe, como tampoco del que contempla "eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo", conservando la educación privada, concertada y diferenciada.

El punto 27 exige "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un "efecto llamada" y combatir a las mafias que trafican con personas.

En materia de comunicación, ambos partidos se comprometían a "auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas y asegurar que las nuevas se concedan con criterios técnicos, para asegurar la profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder político".

En el 32, se quiere reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa.
Nada tampoco se sabe de la Ley de Concordia, que debe sustituir a la ley de memoria histórica, y no se conocen medidas suficientes para el apoyo de la tauromaquia, de la caza, de la Semana Santa y el flamenco.

Desde Vox se hace hincapié muy expresamente en que los lobbies feministas relacionados con violencia de género agrupados en "chiringuitos" con subvenciones y los asimilados a la izquierda de los colectivos de LGBTI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) siguen recibiendo dinero en unos presupuestos que podría haber firmado el PSOE.

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