Vox se estrena en el Congreso con su primera Proposición de Ley destinada a combatir la corrupción y "proteger" a los que la denuncien. El objetivo, según ha asegurado en rueda de prensa su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, es "poner fin a la situación de absoluto desamparo" en la que se encuentran estas personas.
El texto plantea, entre otras medidas, premiar a los denunciantes pagándoles el equivalente a un 10% del dinero que se recupere. El partido hace referencia a un estudio del año 2017 realizado por la Comisión Europea según el cual la pérdida de beneficios potenciales por la falta de protección de los denunciantes oscila entre los 5.800 y los 9.600 millones de euros anuales en la UE.
La propuesta incluye también la protección de los denunciantes como "fuentes de información" y por tanto no se podrá perseguir a los periodistas o a los medios que divulguen las denuncias. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, también abogada del Estado, ha destacado su labor como punto de partida en muchas ocasiones para iniciar investigaciones sobre corrupción.
Propuesta de Vox a la juez Mercedes Alaya
Vox pide, además, la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción que garantice la efectividad de sus derechos. Entre los candidatos a presidir este organismo, el partido propone a la juez Mercedes Alaya, instructora de la causa de los ERE fraudulentos en Andalucía "si así lo desea" ella.
Sus funciones serían, entre otras, informar de si hay algún "peligro grave" para los denunciantes de corrupción o sus familias de forma que pueda actuar la autoridad judicial oportuna. La proposición incluye sanciones que irían desde los 200 euros a los 400.000.
Cambios en la LECrim, de indultos y penitenciaria
La norma incluye además una serie de disposiciones finales para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP por la que se establecía que la duración de la instrucción debía ser de un máximo de 6 meses, ampliable a 18. Según Vox, al no ir acompañada de un reforzamiento de personal y de medios en los tribunales, ha terminado favoreciendo a los investigados con el archivo de las causas.
Vox propone también prohibir el indulto en los delitos de terrorismo, aquellos que atenten contra la Constitución, el Estado, en los casos de traición, rebelión, sedición y contra el orden público. Por último, quieren modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los condenados cumplan sus penas en las comunidades autónomas en las que no tengan representación parlamentaria partidos que hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado.
Para que la norma salga adelante necesitarían del respaldo de otros grupos parlamentarios como PP o Cs tanto en la Mesa del Congreso para que se acepte su estudio como después en su tramitación parlamentaria.