Cada vez se habla menos en España de la corrupción perpetrada por el PSOE andaluz en sus 36 años de gobierno. Tras la polémica instrucción de la juez Núñez Bolaños, adobada con troceos de sumarios, hostilidad y fianzas suculentas a la personación del PP, archivos parciales, desimputaciones de altos cargos, desobediencias a la Audiencia e indiferencia ante las peticiones de diligencias de la Fiscalía, los escándalos que suscitaron los casos han sido indudablemente amortiguados.
Su actitud fue tan discutida que el PP llegó a insinuar la existencia de indicios de delito en su conducta y los seis fiscales anticorrupción de Sevilla elevaron una queja formal a su superior jerárquico, dando cuenta de los defectos y anomalías de la instrucción de la juez.
Un incidente notable
Este reproche fiscal ha sido el incidente más notable de su trayectoria al frente del juzgado que un día regentó la juez Alaya. Ocurrió al día siguiente de que la juez Bolaños se diera de baja por "razones personales" hace una semana sin que se conozcan sus causas.
Además de elevar un recurso de apelación advirtiendo por la posible prescripción del caso Avales, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, que está compuesta por seis fiscales que están interviniendo en las macrocausas de corrupción instruidas por el juzgado de María Núñez Bolaños, redactó un informe sobre el comportamiento de la juez y remitieron al fiscal jefe de la sección, Alejandro Luzón.
De "declaración de guerra" se habló en algunos de medios de comunicación e incluso ABC, por ejemplo, llegó más lejos y consideró que la Fiscalía estaba de hecho investigando las irregularidades cometidas por la juez en la instrucción de los diferentes casos.
Discrepancias con Anticorrupción
Con la Fiscalía Anticorrupción se han ido apreciando diferencias sustanciales poco a poco, después de una primera etapa de aparente colaboración que permitió el troceo del gran sumario de los ERE en casi dos centenares de piezas y también el del fraude en la formación.
De hecho, fueron cada vez más frecuentes los reproches a la juez: por su tardanza en instruir, por una desatención a las diligencias pedidas por el Ministerio Público, por el peligro de impunidad en algunas causas, por archivos injustificados, por desimputaciones sucesivas de ex altos cargos y por el riesgo de prescripción de otras causas.
Tras el último archivo, no justificado ni para la Fiscalía ni para el PP, del caso Avales, los seis fiscales anticorrupción elevaron su escrito haciendo un recordatorio y un memorial de todos sus enfrentamientos con la juez. Con ello, tratan de que se dirija una queja contra la juez ante el Consejo General del Poder Judicial o ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía.
Poco antes de darse de baja la juez rectificó dos instrucciones decisivas: la de Fundación Faffe y la del caso Ojeda en el macrocaso del fraude de la formación. Como si hubiera conocido antes de hacerse público el informe de los seis fiscales. A tenor de lo que se conoció este lunes las filtraciones en la Fiscalía parecen numerosas en tiempos de la fiscal María José Segarra, hoy fiscal general del Estado en funciones.
Hasta ahora, la juez no había querido investigar los presuntos enchufes, muchos de ellos publicados hace años en la prensa, en la extinta Fundación FAFFE, que tiene Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía además de pieza sumarial propia. Esta Fundación de la administración paralela impulsada por el PSOE se integró en el actual Servicio Andaluz de Empleo con todo su personal.
Mil empleados "mano sobre mano"
Conocido fue que la propia Junta, en tiempos de Susana Díaz, denunció la existencia de más de 1.000 empleados que estaban "mano sobre mano" porque no eran funcionarios, no tenían potestades públicas y no tenían trabajo asignado, si bien cobraban todos los meses.
Igualmente se conoció la existencia de tarjetas black usadas por directivos en los que aparecían cargos en puticlubs andaluces que no habían podido ser justificadas y su reposición posterior con un dinero, que tampoco se sabía de dónde había salido, para anular los cargos de los quedó constancia bancaria.
La juez rechazó practicar todas las diligencias pedidas por el PP el pasado mes de marzo, pero ahora ha rectificado y accede a una pericial, no de la Intervención General del Estado sino de la Junta, sobre contratos de adjudicación y ordena al Servicio Andaluz de Empleo que aporte los expedientes de personal, sobre todo con los documentos que se refieren a los procedimientos de contratación.
Por poner un botón de muestra, gracias a su declaración en el juzgado donde la juez ha sido sustituida por el juez de apoyo José Ignacio Villaplana se ha sabido que fue un chófer de la Fundación el que llevó el dinero de origen desconocido al club de alterne Don Angelo, donde el director de la FAFFE, José Antonio Villén, se gastó casi 15.000 euros en una sola noche pagando con su tarjeta black.
La relación de los Villén, porque el hermano del director también trabajaba en la FAFFE junto con otros familiares, con los chóferes oficiales de la Fundación parece muy intensa. Un segundo chófer, el de su hermano Manuel Villén, director de Actividad de la entidad, pagaba también con una tarjeta black y llevó todos los días durante años a su jefe de Cádiz a Sevilla.
Otra rectificación más
Igualmente, la juez ha decidido reanudar una instrucción más normal del caso Ojeda, pieza separada del fraude de la formación, pero vinculado al caso FAFFE. Fue cuando se conoció su baja el momento en que se supo que había redactado un escrito en el que encargaba a la Intervención de la Junta de Andalucía, entre otras cosas, que informara ya sobre los proveedores de cursos de formación de la FAFFE, entre los que se encuentran el ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda y sus empresas.
La razón de la rectificación es que hasta ahora no había atendido siquiera la petición de la Fiscalía Anticorrupción en este caso. ABC se refiere al escrito del pasado 30 de mayo dirigido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que pedía que altos cargos de la Consejería de Empleo fueran apercibidos por «desobediencia», dada «la situación de obstrucción a la Justicia» que se ha producido.
Por ello, solicitó a la juez Bolaños que amonestara a las personas que ocupan la Dirección General de Formación y la Delegación de Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz, "ya que en uno u otro centro debería constar" la documentación que necesitaba el experto asignado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
A este experto la juez le encomendó en 2016, hace tres años, un informe sobre la justificación de las ayudas que recibió Ojeda, pero el perito informó a la juez de que el retraso de su dictamen se debía a que la Junta de Andalucía, gobernada por Susana Díaz, no remitía los expedientes necesarios para terminar el trabajo. La actitud de la Junta nunca fue apercibida por la juez admitiendo de hecho el retraso de la prueba.
Ahora, tras la reiteración de la Fiscalía para que el juzgado exija disponer de la documentación de diez subvenciones que suman 26 de los 33,3 millones de euros destinados para atender a los ex empleados de Delphi, y que fueron a parar a asociaciones vinculadas al grupo Prescal, administrado por el mismo Ángel Ojeda, la juez pide la entrega de la documentación, pero sigue sin apercibir a los cargos de la Consejería de Empleo como quería el Ministerio Público.