A pesar de la prudencia que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía está mostrando con la herencia recibida del gobierno socialista desde hace 36 años, el PSOE que sigue dirigiendo Susana Díaz pretende que no pueda reformarse nada de lo que terminó constituyendo un régimen ineficaz que no logro sacar a Andalucía del atraso económico y social en dos generaciones. O sea, el PSOE trata de consolidar la posición de todos aquellos a los que consintió contratar sin pruebas regladas o sin prueba alguna.
Si el pasado viernes Libertad Digital destapó las maniobras orquestadas desde la dirección saliente en Canal Sur para impedir que la nueva dirección consensuada pueda efectuar cambios esenciales en materia de personal, ahora es el propio PSOE-A quien defenderá el jueves una proposición no de Ley ante el Pleno del Parlamento en la que insta al Gobierno andaluz a garantizar la continuidad en el empleo de todos los trabajadores públicos de la Junta.
Igualmente, el PSOE andaluz insiste una y otra vez en volver a introducir tal y como estaba el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En sus argumentos se encuentra la bonificación en el tope del millón de euros por heredero para lograr unos ingresos de 80 millones de euros "que saldrían de los bolsillos de los andaluces más ricos y los destinaríamos a obras públicas en los colegios y los institutos".
Pero en el caso del empleo público, no se trata de defender a los funcionarios y laborales, a los que ninguneó a lo largo de décadas provocando una oleada de manifestaciones en 2010 y 2011 contra sus decretos y leyes enchufistas que pretendían, y consiguieron, que pasaran a formar parte de la Junta todos los empleados de las agencias públicas empresariales, entes instrumentales, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios.
Ahora, Susana Díaz quiere que el Parlamento andaluz reconozca "el papel indispensable que los servicios públicos andaluces desempeñan en el bienestar de su ciudadanía y en la labor encomiable que prestan las agencias y demás entes públicos, junto a sus trabajadores para alcanzar tal fin".
Por ello, quiere que los diputados andaluces rechacen "cualquier ataque contra los servicios públicos de nuestra comunidad, con especial mención a los prestados por las agencias y entes instrumentales de la Junta y a los trabajadores del sector público". Esto es, Susana Díaz quiere blindar la administración paralela que el nuevo gobierno se ha comprometido a reformar tras las Auditorías realizadas desde enero.
Así, el PSOE pedirá que se rechace el acuerdo presupuestario alcanzado entre PP-A, Cs y Vox por suponer "el cierre de entidades del sector público andaluz y el despido de miles de trabajadores públicos", con lo que se insta al Ejecutivo en la iniciativa a no ejecutarlo. Es decir, el PSOE no quiere que quien a dedo entre a dedo salga, sino que sus "afines" sigan para siempre en la Junta, aunque su entrada fuera irregular.
El PSOE advierte que las reformas que pretende el nuevo gobierno implicarán "el despido de buena parte" de sus empleados públicos, a tenor de los 18,5 millones de euros destinados para este fin como indemnizaciones laborales en el año 2020. Y como ya es costumbre, señala a Vox como el responsable de la campaña de desprestigio de los profesionales de la administración autonómica que están llevando a cabo el PP-A y Cs.
Incluso introduce una alarma incontrastable con una cifra de más de 9.000 empleados públicos que trabajan en servicios fundamentales para el bienestar de la ciudadanía como la sanidad, la educación, la atención a las personas con dependencia, la teleasistencia, o la extinción de incendios, porque "podrían perder" sus empleos.
El PSOE atribuye al nuevo gobierno una intención de ejecutar "despidos masivos en el sector instrumental" de la Junta, esto es, su administración paralela, y considera que es el precio que tiene que pagar a Vox por su apoyo a los presupuestos y por su deseo de potenciar el sector privado frente al público.
Reconducir, siquiera levemente la actual situación de la mastodóntica administración andaluza donde cada vez hay menos funcionarios públicos con potestad administrativa, es para el PSOE un ataque contra los servicios públicos básicos y su resultado sería nefasto para Andalucía.
Con ello, el PSOE andaluz, y en esto hay poca diferencia con otros socialismos nacionales, pretende que sus hechos consumados, no ajustados siempre a derecho, sean respetados por los gobiernos entrantes de la oposición, ya sea en personal, en educación, en sanidad, en materia de energía, aguas o las que sean.