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La Guardia Civil entra en la Generalidad buscando nuevas pruebas del 1-O

Los agentes también se han personado en la Consejería de Exteriores que dirigió el preso Raúl Romeva.

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La Guardia Civil entra en la Generalidad buscando nuevas pruebas del 1-O
Fachada del Palau de la Generalitat catalana | Wikimedia

Agentes de la Guardia Civil se han personado a primera hora de este martes en la sede de la Generalidad y en la Consejería de Exteriores en busca de documentación que acredite la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La Guardia Civil atiende así la diligencia ordenada el pasado viernes por la magistrada del juzgado 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que investiga los preparativos de la consulta ilegal de independencia en Cataluña, tras la petición de la Fiscalía.

En su auto, la juez ordenó a la Guardia Civil que acudiese a varios departamentos de la Generalidad como las Consejerías de Presidencia, Exteriores y Trabajo en busca de más pruebas sobre la organización y posterior celebración del referéndum. La primera de las dependencias a la que han entrado los agentes vestidos de paisano ha sido a la consejería que estuvo en manos desde enero de 2016 a noviembre de 2017 del dirigente de ERC y ahora procesado Raúl Romeva, la de Exteriores, que controla, entre otras cosas, la propaganda separatista en el extranjero. Después, la Guardia Civil ha registrado los departamentos de Trabajo y Presidencia, la oficina de Intervención General y el gabinete jurídico central.

La magistrada del juzgado 13 también citó la semana pasada como investigado al delegado de la Generalidad en Suiza, Manuel Manonelles, al que vincula con la contratación de observadores internacionales para la jornada del referéndum ilegal. La Fiscalía había solicitado recientemente que se requiriera nueva documentación para demostrar que el dinero con el que se pagó a estos observadores salió de las arcas públicas. Este nuevo registro en el Gobierno catalán llega poco después de que haya finalizado el juicio por el golpe en Cataluña en el Tribunal Supremo y a la espera, por tanto, de la sentencia.

Los registros han sido tratados en la reunión del Consejo Ejecutivo de Quim Torra que en rueda de prensa lo ha valorado como "un nuevo acto de represión". Lo ha dicho la portavoz, Meritxell Budó que se ha quejado de que el juzgado 13 de Barcelona siga investigando lo sucedido el 1 de octubre de 2017 después de que el juicio en el Supremo haya quedado visto para sentencia. Según Budó, los agentes han solicitado información de expedientes y resoluciones en las diferentes consejerías a las que han entrado esta mañana.

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