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Andalucía

Susana Díaz espera que Chaves y Griñán sean absueltos del caso ERE

Mientras, el escándalo sigue vivo: nuevas prescripciones, condenas e imputaciones indican la responsabilidad de sus gobiernos.

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Susana Díaz espera que Chaves y Griñán sean absueltos del caso ERE
Díaz con, entre otros, Griñán (izquierda) y Chaves (derecha) | EFE

Susana Díaz, la secretaria general del PSOE andaluz, dijo este miércoles en una entrevista radiofónica que esperaba que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sus antecesores en la Junta, no fueran condenados en el juicio por el procedimiento específico usado por sus gobiernos para conceder las ayudas de los ERE que dieron paso al caso en su conjunto.

Díaz, además, criticó la lentitud de una justicia, que lleva siete meses elaborando la sentencia que se espera, y volvió a repetir su convicción de que una cosa es que haya cosas que se hicieran mal y otra que alguien de los procesados se hubiera llevado dinero enriqueciéndose con la trama de los ERE. De paso, insistió en que el caso empezó de hecho 15 años antes de que ella llegara a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Pero los escándalos del caso ERE siguen produciéndose. Hay negligencias en la Junta de Andalucía que dan lugar a prescripciones que hacen posible que devoluciones de ayudas que se dieron sin fundamento con cargo al fondo de reptiles de los ERE no vayan a producirse. Es el caso de dos ayudas que el ex director general de Trabajo en tiempos de Manuel Chaves, Francisco Javier Guerrero, procesado igualmente en el caso, dio a la Mancomunidad del Aljarafe y al Ayuntamiento de Guadalcanal, en la provincia de Sevilla.

A la Mancomunidad del Aljarafe, gobernada por el PSOE, se le concedieron tres ayudas por importes de 240.404,84 euros, 105.000 euros y 42.000 euros que "no respondían a ningún interés público a subvencionar debidamente justificado en el expediente" según la Junta, y así lo publica Diario de Sevilla.

Es más, la Junta afirmó en su demanda de devolución que las subvenciones se concedieron "sin observar la más mínima diligencia ni en cuanto a la determinación del contenido del propio convenio ni en cuanto a la justificación del interés público que determinaba la solicitud y, por ende, la concesión de la subvención".

En el caso del Ayuntamiento de Guadalcanal, la Junta reclamó la concesión de otras tres ayudas por importes de 78.839,76 euros, 131.399,61 euros y 164.249,48 euros, cuyos convenidos fueron igualmente firmados por Javier Guerrero y en las que detectaba como en el caso anterior que el Consistorio no había observado la más mínima diligencia sobre las mismas.

Pero la negligencia ha debido existir porque el Tribunal de Cuentas ha declarado prescritas ambas ayudas que suponen un quebranto de alrededor de 800.000 euros para la Junta de Andalucía. En dos sentencias considera que se ha superado el plazo de cinco años porque las ayudas se concedieron en los años 2003 y 2004.

En su argumentación, la consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante, ponente de las sentencias dictadas, afirma que no hay ningún informe de la UCO, ni de la Intervención de la Junta, ni escrito de las partes o declaración testifical o pericial que se refiera a estas dos ayudas.

Guerrero tendrá que devolver otros 300.000 euros más

El mismo Tribunal de Cuentas ha condenado al ex director general que bautizó como "fondo de reptiles" los dineros utilizados irregularmente en el caso ERE a devolver 296.481 euros, en relación con las ayudas otorgadas a las empresas Shappire Grupo Empresarial (30.000 euros), propiedad de Juan Francisco Trujillo, exchófer del director de Trabajo, así como de Promociones Vinícolas de Sevilla (90.081), Muebles don Formón (96.400) y Dehesa Navera (80.000).

El Tribunal de Cuentas ve graves irregularidades, que fueron destacadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía, en las ayudas sociolaborales concedidas a empresas y trabajadores mediante la gestión de ERE y, en vísperas de la sentencia que aguardan Chaves y Griñán, subrayan que se había realizado un "uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria -el procedimiento específico por el que se juzga a ambos ex presidentes y a la veintena de ex altos cargos de la Junta- para tramitar estas ayudas.

En su fiscalización, la Cámara de Cuentas andaluza explicaba que hasta el año 2010 las ayudas se habían otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido y que la Junta de Andalucía ni siquiera exigía que el beneficiario de las ayudas acreditara el cumplimiento de sus fines ni la correcta aplicación de los fondos.

En el caso de la empresa del chófer de Guerrero, tuvo lugar "enriquecimiento ilícito del socio de la sociedad beneficiaria" y no un interés público que debiera ser subvencionado por lo que considera a Guerrero y a Sapphire como "responsables contables directos" de un "menoscabo en los fondos públicos por importe de 30.000 euros", al tiempo que ha señalado como "responsable contable subsidiario" a Trujillo.

Acusada la testigo que comprometió a Chaves y Griñán

El mismo gabinete jurídico que exculpó en su día a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán del caso ERE acusa ahora a María José Rofa, ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo, que fue, precisamente, quien comprometió a Chaves y a Griñán testificando que ambos conocían a la perfección lo que ocurría en la Consejería de Trabajo y que las órdenes venían de la Junta a la Consejería, de arriba abajo.

Este Gabinete, que ya tuvo una intervención destacada en la petición de archivo del caso Avales en el que la Fiscalía veía indicios de graves delitos, ha demandado a Rofa en dos investigaciones abiertas por el Tribunal de Cuentas sobre las ayudas irregulares concedidas a las empresas Saldauto y Calderinox, a pesar de que, recuerda ABC, no está investigada en la vía penal por ninguna de estas subvenciones.

Es la primera vez que el Gabinete Jurídico de la Administración autónoma andaluza acusa por primera vez a una extrabajadora de la Junta como responsable contable directa de un menoscabo de fondos públicos, que cuantifica en 707.716 euros, siendo como era asesora que recibía órdenes directas de sus superiores.

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