El verano se antoja de todo menos tranquilo en Cataluña. Que el Tribunal Supremo se plantee publicar la sentencia sobre el golpe del 1-O en el mes de septiembre, tal y como ha adelantado Libertad Digital, ha precipitado todos los planes del independentismo de cara a la organización de la Diada y del segundo aniversario del referéndum ilegal y de la declaración de independencia el 27 de octubre de 2017. Si ya lo tenía complicado para su supervivencia el presidente Quim Torra, que la sentencia se adelante convierte en un objetivo inasumible que pueda finalizar 2019 al frente de la Generalidad.
Con el Gobierno autonómico en una situación de continua parálisis, son los radicales y las entidades separatistas quienes empiezan a moverse a través de declaraciones incendiarias, para activar al separatismo en la calle y presionar a los partidos independentistas para que aparquen sus luchas partidistas y no renuncien a la unilateralidad como respuesta al fallo del Supremo. Es el caso de la CUP que se reúne este domingo en asamblea en Celrà (Gerona) para trazar su próxima estrategia política, y que este sábado ha pedido que se vuelva a la senda de la desobediencia civil organizando, para empezar, una huelga general indefinida en toda Cataluña.
"¿Para nosotros una huelga general sería un recurso, una respuesta potente? Claro, sería fantástico que fuese una huelga general continuada", ha dicho el diputado Carles Riera, como respuesta adelantada a la sentencia, en una entrevista en Europa Press en la que ha llegado a decir que la situación que atraviesa Cataluña con 12 procesados por el golpe, requiere de "una escalada del conflicto" en la calle. "Movilización social, institucional, desobediencia civil y parar el país", ha dicho Riera que considera que para llegar a este punto hay que "crear las condiciones para generar otro momento comparable al del 1-O, pero que esta vez sea efectivo y no sólo simbólico".
Sus declaraciones no se quedan aquí, el diputado de la CUP ha animado también a "poner en jaque el orden jurídico y político para reapropiarse del control del territorio y de los recursos". Volver a la unilateralidad a la que también instan los CDR y las entidades como Òmnium –con su campaña de predicadores por el metro– y la ANC, que en las últimas horas ha enviado una carta a los militantes en la que considera que la Diada de este 2019 "es la más difícil de todas" porque lo que está en juego es "que los partidos independentistas cumplan con su compromiso y no se queden dormidos".
Desde el pasado noviembre su presidenta, Elisenda Paluzie, no ha dejado de presionar a Torra públicamente para que sea mucho más contundente en sus acciones y deje a un lado las discrepancias internas. Prueba de ello son las acampadas frente a las sedes, tanto de ERC como de JxCAT hace unas semanas, para forzar su reconciliación y evitar que sus disputas pongan en peligro el proyecto rupturista en unos meses críticos para el separatismo.
La urnas como vía de escape
Y mientras el separatismo intenta recomponerse por enésima vez, el dilema del presidente Quim Torra es el de esperar a inmediatamente después de la sentencia para adelantar unas elecciones autonómicas o dejar que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien le allane el camino. El TSJC ya le ha procesado por un presunto delito de desobediencia por los lazos amarillos y la Fiscalía ya ha solicitado para él una condena de un año y ocho meses de inhabilitación. Si esa condena llega antes de la sentencia por el 1-O, Torra escapará de la presión social que le exigirá respuestas y pasará el testigo de la convocatoria electoral a un nuevo sucesor designado de su mismo perfil radical como podría ser el actual consejero de Polítas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.
Hasta el momento, Torra ha manifestado en público que no tiene intención alguna en adelantar elecciones pese a las presiones que está recibiendo desde el entorno de ERC que, con las últimas encuestas a favor, ven en unos nuevos comicios la única posibilidad de salir de la parálisis en la que está sumida la Generalidad desde hace catorce meses. Por si acaso, en el partido de Oriol Junqueras esta semana comenzaban de campaña con un primer anuncio por parte del vicepresidente Pere Aragonès para la confección de un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros en Cataluña.
Ciudadanos se prepara para el adelanto electoral
La alta probabilidad de una convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña ha provocado que incluso el principal partido de la oposición, Ciudadanos, hayan adelantado a la próxima semana las primarias en su partido para elegir al sucesor de Inés Arrimadas y candidato a la Generalidad.
Este viernes se cerró el plazo para presentar la candidatura a estas primarias a las que se han presentado 12 candidaturas. La gran favorita, y que cuenta con el aval de la dirección, es la diputada y ahora portavoz del grupo en el Parlamento catalán, Lorena Roldán.