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Rocío Monasterio explica el "tortuoso proceso" que ha llevado al precinto de su casa

La diputada autonómica de Vox denuncia una "campaña de intoxicación" y habla de "laberinto burocrático".

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Un día después de la polémica por el precinto de parte de parte de la casa en la que viven Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio con sus cuatro hijos, la diputada de Vox en la comunidad de Madrid ha dado explicaciones sobre lo ocurrido. A través de un tuit ha relatado el largo proceso que dura ya nueve años y que les ha llevado a esta situación.

Monasterio comienza denunciando la "campaña de intoxicación mediática" que han sufrido y atribuye lo ocurrido a la "burocracia que a menudo padecemos los españoles". Según explica en redes sociales, comenzaron de cero su casa en el año 2011, momento en el que solicitaron, y se les concedió, la licencia de obra para proceder a la construcción, incluido el sótano donde tienen su despacho y que ha sido precintado.

Continúa explicando que dos años después, tras haber abonado al constructor el 95% del dinero más los extras, surge el primer conflicto con él por las "cantidades restantes". La disputa concluye con la salida del constructor "sin rematar" la obra, según asegura Monasterio. En ese momento, y después de haber pagado al Ayuntamiento las tasas de primera ocupación y funcionamiento, les exigen el certificado de fin de obra suscrito por el arquitecto y el aparejador, este último perteneciente al entorno del constructor y que no responde.

El pago de impuestos

Dos años más tarde, en 2015, lo inscriben en el catastro y pagan el IBI. En 2016 el aparejador sigue sin contestar, algo que según califica la propia Monasterio, les resulta "desesperante" aunque finalmente logran que acabe acreditando el fin de la obra, lo que les lleva a pagar nuevamente la tasa para la licencia de primera ocupación.

En 2017, un técnico del Ayuntamiento inspecciona la obra y les pide que actualicen los planos y modifiquen la licencia original. Durante el proceso, se interrumpe la licencia de ocupación, según sigue explicando Monasterio. El problema con el constructor se traslada a los tribunales y éste les denuncia ante el Ayuntamiento por falta de licencia de actividad sobre el despacho que, asegura, "él mismo ha estado bloqueando".

El precinto final

Finalmente, en 2019 el Ayuntamiento ordena el precinto por no haber renovado la licencia de ocupación y no tener la licencia de actividad.

El portavoz del Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, escribe también en Twitter para declararse unos "privilegiados" por "comprobar lo que sufren millones de autónomos y PYMEs en sus relaciones con la administración" que, asegura, demuestra su eficacia sobre todo "a la hora de cobrar impuestos". "No puede ser que para generar empleo y riqueza haya que ser catedrático de derecho administrativo", concluye criticando Espinosa.

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