El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hará una visita de inspección al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a mediados de octubre antes de decidir si archiva la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la magistrada María Núñez Bolaños o incoa un expediente disciplinario.
Así lo ha anunciado este miércoles a los periodistas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien se ha reunido en Sevilla con Núñez Bolaños, instructora de varios casos relacionados con los ERE y otras macrocausas y ahora de baja por motivos personales, y su sustituto, José Ignacio Vilaplana.
Del Río, quien ha mostrado su preocupación por el "tratamiento informativo" que se está dando al caso de Núñez porque "transmite un mensaje de falta de credibilidad" en el sistema judicial, ha indicado que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, "está recopilando información de todo tipo, como distintos informes del juzgado".
"A la vista de eso" y de su visita a Sevilla, prevista para el 15 de octubre e incluida en las diligencias informativas abiertas por el CGPJ tras la denuncia de Anticorrupción, Conde "valorará si hay contenido disciplinario o no", según Del Río.
En cuanto a la situación actual del Juzgado de Instrucción número 6, Del Río ha considerado que la reunión era "lógica" debido a la baja de la jueza titular y ha afirmado que el objetivo es "que no haya suspensiones ni paralización de ningún tipo" para que "el ciudadano tenga la sensación de que no se suspende nada".
El TSJA ya ha nombrado una juez sustituta, Bendición Pavón, para que se encargue de los casos ordinarios del Juzgado hasta el 30 de septiembre, en función de lo que dure la ausencia de la instructora.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó una denuncia ante el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ contra Núñez por "la desatención y el retraso injustificado" en el tratamiento de macrocausas y piezas separadas de los ERE.
La magistrada, que heredó el puesto de Mercedes Alaya en el 2015, se expone a sanciones que van desde una multa de 501 euros a la suspensión, el traslado a otro juzgado a no menos de 100 kilómetros de Sevilla o la separación de la carrera judicial.
El fiscal jefe, Alejandro Luzón, atribuye a la magistrada una falta muy grave o grave, de acuerdo con los artículos 417.9 y 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), respectivamente.
El CGPJ castiga las faltas graves con una multa de 501 a 6.000 euros, mientras que las muy graves pueden acarrear una suspensión de hasta tres años, el traslado forzoso "a juzgado o tribunal con sede separada al menos en cien kilómetros de aquella en que estuviera destinado" o la separación de la carrera judicial.