La versión de Quim Torra y Carles Puigdemont sobre las revelaciones del auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y las declaraciones de los siete separatistas detenidos por terrorismo es que se trata de un montaje político y judicial de cara a reeditar la orden europea de detención contra el expresidente prófugo con nuevos cargos, esta vez más graves y alusivos a delitos de terrorismo. Torra, cada vez más acorralado, se niega tanto a dar explicaciones como a condenar la violencia porque según él "no se puede condenar aquello que no existe".
Para Puigdemont, todo lo trascendido hasta el momento sobre el Equipo de Respuesta Táctica (ERT) surgido de los Comités de Defensa de la República (CDR) es una "guerra sucia judicial". Su hermana Anna, por su parte, ha negado a través de un comunicado que se reuniera con los miembros de la célula. Arguye que ese 15 de septiembre del año pasado acaban de operar a su padre y se encontraba con él en una clínica de Barcelona. La convalecencia del padre no es impedimento, según la investigación, para que Anna Puigdemont se entrevistara a bordo de un vehículo con parte de los detenidos.
Una de las dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, ha salido al paso de las últimas informaciones con el argumento de que Torra y Puigdemont no necesitan intermediarios y que sus relaciones son públicas y notorias, pero la acumulación de datos y la confesión de uno de los cabecillas de la célula terrorista ha comenzado a fracturar la unidad de acción que en esta materia exhibieron en el Parlament JxCat y ERC.
Desmarque de ERC
Los principales dirigentes de la formación republicana se han apresurado a condenar la violencia, si bien insisten en el mantra de que la única violencia que se ha producido en Cataluña es la de la actuación policial en contra del referéndum del 1-O. Sin embargo, tanto el vicepresidente autonómico Pere Aragonès, como el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, o el diputado en Madrid Gabriel Rufián se han ahorrado poner la mano en el fuego por Quim Torra y Carles Puigdemont y mucho menos por los CDR detenidos, a diferencia de lo que ocurrió en el parlamento regional en la última sesión de política general, cuando diputados de ERC y JxCat gritaron "¡libertad!" puestos en pie y atribuyeron la condición de "presos políticos" a los detenidos bajo cargos de terrorismo y atribuyeron la desarticulación de la célula a un montaje político. Con el paso de los días y las nuevas revelaciones, el entusiasmo de ERC ha decaído notablemente.
Sin embargo, los dirigentes de la formación republicana no quieren pasar por tibios ante las entidades separatistas, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Òmnium, pasando por los propios CDR. E insisten en negar la posibilidad de que el grupo detenido tuviera material para confeccionar explosivos y los fuera a utilizar en una cadena de atentados que concluiría con el asalto y ocupación del Parlament, tal como ha confesado uno de los detenidos y se infiere de escuchas y seguimientos a los componentes de la célula.
Los planes de la Assemblea
En paralelo, la ANC ha anunciado su propósito de emular a los CDR y colapsar las carreteras catalanas una vez se haga pública la sentencia. Pretende que tres columnas de manifestantes en dirección a Barcelona provoquen un caos viario como respuesta al fallo del Tribunal Supremo.
Así lo ha explicado uno de los dirigentes de esta organización, David Fernández, quien ha detallado que las marchas independentistas pretenden cubrir tramos de hasta cien kilómetros a lo largo y ancho del territorio catalán. El proyecto de la ANC es que esas marchas duren tres días, se combinen con cortes de carreteras y confluyan en Barcelona.